El viernes pasado, sobre el filo de la feria judicial, llegó a Tribunales un disco rígido con 16 GB de información. Contiene miles de correos electrónicos enviados y recibidos por los ex funcionarios de Nación Seguros procesados por el escándalo de los Seguros. La información había sido pedida por el juez Sebastián Casanello tras avanzar con los procesamientos. Luego de la feria judicial, el magistrado también recibirá una pericia clave sobre el teléfono de Alberto Fernández, el principal imputado.
El disco rígido contiene todos los mails de los ex directores de Nación Seguros procesados. En ese listado aparecen el ex titular de la firma, Alberto Pagliano, y los ex miembros del directorio: Gustavo García Argibay, Sebastián Díaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria, y Mauro Tanos.
Llamativamente, la Justicia pidió los mails de los últimos cinco años, cuando la gran mayoría de los funcionarios apuntados dejaron el organismo con el cambio de gobierno. “Entregamos todo lo que había desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2024″, dijo una fuente oficial ante una consulta de este medio.
Por la gran cantidad de información en juego, los empleados informáticos de Nación Seguros estuvieron varios días trabajando y recién pudieron entregar el disco rígido el viernes pasado. Ahora comenzará el análisis de esos correos.
Hasta ahora, la investigación se había centrado en el contenido de los teléfonos secuestrados y en el entrecruzamiento de llamados. El celular que aportó más información fue el de María Cantero, la histórica secretaria de Fernández. En ese teléfono se encontraron mensajes y fotos cruciales.
En el fallo que decidió los procesamientos, el juez destacó algunos chats de Cantero con Daniel “El Gordo” Rodriguez, ex intendente de la quinta de Olivos que deberá declarar como imputado luego de la feria.
Para Casanello, Cantero tenía dos roles: “Podía forzar, a partir de un diálogo directo con el funcionario, la contratación de alguna de las empresas del rubro manejadas por su marido; o podía habilitar un canal de comunicación entre él y el funcionario, lo que abría la puerta a una eventual negociación”.
El 6 de septiembre de 2019, se registró esta conversación:
-Cantero: “Gordo si no hacemos guita con esto somos unos pelotudos”.
– Rodríguez: “Esperemos no serlo”.
– Cantero: “Te estaba jodiendo con lo anterior”.
En el teléfono de la secretaria también aparecieron chats con funcionarios de segundo rango. No eran los únicos que recibían los pedidos de la secretaria: ministros y secretarios de Estado reconocieron ante Infobae que Cantero se manejaba como una lobbista desde la Casa Rosada.
Los mensajes de la secretaria revelaron, entre otras cosas, que su pareja, el empresario Héctor Martínez Sosa enviaba dinero para funcionarios de Casa Rosada. Los apuntados hasta ahora son Ariel Palmieri, de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo en ese entonces de Julio Vitobello, y Hugo Paz, de Casa Militar. La fecha de esas indagatorias se conocerá luego de la feria.
En los próximos días también aterrizará en Tribunales el resultado de una pericia clave sobre el teléfono de Alberto Fernández, que ya se analizó para la causa de violencia de género. El estudio está a cargo de la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
Casanello pidió extraer todos los chats de Fernández con los imputados y buscar más de 50 palabras clave vinculadas a ese caso de corrupción. En ese listado aparecen los nombres de Martínez Sosa, Cantero, Daniel Rodríguez, los ex directores de Nación Seguros investigados, y las empresas mencionados en la causa. Además, hay palabras clave como “bróker”, “intermediario”, “intermediación”, “póliza”, “pas” y “máster”.
La pericia fue ordenada en mayo pero recién hace unos días el teléfono del ex presidente llegó a la DATIP.
¿Cómo sigue la causa?
Antes de la feria, hubo una avalancha de apelaciones y ahora el expediente quedará bajo estudio de la Cámara Federal.
Fernández fue procesado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, que tiene una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua, y recibió un embargo sobre sus bienes de $14.634.220.283. La acusación central es por el decreto 823/21, que obligó a todos los ministerios y organismos del Estado nacional a contratar con Nación Seguros, y por la designación de Cantero como su secretaria privada. “Existen fuertes sospechas de que construyó una oficina de Presidencia que pasó a ser asiento de los negocios del grupo empresarial de los cuales él mismo había participado”, dice el fallo.
En total, hay más de 30 procesados. Algunos de ellos están acusados de pagar o recibir coimas. El principal apuntado de esa maniobra es Mauro Tanos, promovido por el actual gobierno a gerente general y luego echado por el escándalo. La Justicia sospecha que recibía sobornos millonarios a través de un sistema de cooperativas. Con ese dinero, compró propiedades, autos, y viajes a Estados Unidos.
Solo la cooperativa, “7 de Mayo”, recibió un total de $376.928.239 de varias aseguradoras. De ese total, casi $239 millones provenían de San Ignacio, la empresa puesta a dedo en la póliza de la ANSES por un ex funcionario, Federico D’Angelo Campos. Los dueños de San Ignacio argumentaron que las transferencias estaban motivadas en supuestos servicios de catering. Pero no pudieron aportar ni una sola prueba de esos eventos.
Según pudo reconstruir Infobae a lo largo de la investigación, un empresario cercano a Tanos, Alfredo Del Corro, era el encargado de negociar con los empresarios de los seguros. Si llegaban a un acuerdo, las coimas se pagaban “en blanco”, a través de las cooperativas. Y ese dinero era distribuido entre los miembros de la organización.