Una madre ecuatoriana suplica que el agresor sexual de su hija sea extraditado desde Argentina y enfrente finalmente a la justicia en Ecuador. Lo hace aferrada a la escasa esperanza que le queda, tras casi cuatro años de una lucha marcada por el dolor, la impunidad y el abandono institucional. El caso Cristina –como se lo conoce– involucra a una niña violentada cuando tenía apenas siete años y ahora ha quedado en suspenso desde que el principal acusado huyó a Argentina, donde fue capturado por la Interpol en mayo pero aún no ha sido entregado a las autoridades ecuatorianas. Ahora, en exclusiva para Infobae, la madre hace un nuevo y urgente llamado a los gobiernos de ambos países: “Mi hija merece justicia. No más demoras”.
La detención del sospechoso en territorio argentino, ocurrida tras años de fuga, supuso un avance importante en el proceso judicial. Sin embargo, el trámite de extradición se ha convertido en un nuevo calvario para la familia. Según explicó uno de los abogados del caso, Diego Orozco, Ecuador ya solicitó formalmente la extradición y el expediente está bajo la jurisdicción de los tribunales argentinos, quienes deben determinar si se cumplen los requisitos legales para proceder. La negativa del procesado a ser extraditado ha implicado un proceso más largo, aunque eminentemente administrativo. “No se trata de valorar si hay culpabilidad o inocencia, sino de verificar si se cumplen los requisitos de forma. Y eso ya se cumple”, explicó el jurista.
Pese a ello, el tiempo corre sin una resolución. “Si no se concreta la extradición, el juicio no puede avanzar”, advierte el abogado, recordando que la ley ecuatoriana impide juzgar en ausencia delitos como el de violación. “El proceso se quedará suspendido hasta que él regrese a Ecuador”.
Esa posibilidad, de que todo el caso quede congelado, es lo que desespera a la madre, quien en múltiples ocasiones ha expuesto públicamente su historia: “(Mi hija) tiene once, pero su mente quedó atrapada a los siete. Sueña con el hada de los dientes, toma medicación antipsicótica, sufre secuelas físicas y emocionales. ¿Cuánto más debemos esperar para que el Estado actúe?”, expresó.
El pedido de la madre no va solo dirigido a las instituciones judiciales. Es una súplica directa a los principales representantes de ambos gobiernos. “Le pido al presidente Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich que no permitan más demoras. La ministra celebró en redes la captura del agresor. Ahora necesitamos que ese proceso avance. Que se extradite al acusado para que enfrente un juicio justo en Ecuador”, dijo.
También dirigió su llamado a la embajadora ecuatoriana en Argentina, Diana Salazar, exfiscal general del Estado, a quien le pidió que intervenga activamente. “Usted sabe lo que es este caso, conoce el expediente. Le ruego que haga todo lo posible para que no se archive en el olvido».
Como reveló Infobae en un reportaje anterior, el testimonio anticipado de la niña fue interrumpido en su momento, peritos judiciales desestimaron su relato sin justificación metodológica y varios fiscales fueron reemplazados sin que se presentaran cargos a tiempo. Además, documentos sensibles del caso han sido filtrados y usados en redes sociales para desacreditar a la madre y a la menor, lo que ha constituido una revictimización constante. “Publican su nombre, su foto, detalles médicos. ¿Dónde están los jueces, los fiscales? ¿Por qué no actúan de oficio?”, cuestionó el abogado.
Desde que la madre denunció el caso, las amenazas y amedrentamientos no ha parado. Estos se han acrecentado en el espacio digital desde la captura en mayo del presunto agresor, según indicó la mamá de la nena y su abogado.
La vida en medio del calvario de conseguir justicia avanza, no sin secuelas psicológicas y emocionales que afectan a la niña y a su madre: “Me duele bastante, era mi bebé, cantaría, bailarina… y ahora ya no“, dice la mamá de la nena mientras intenta que su voz no flaquee. Ella reconoce que su mayor miedo es que el agresor no sea extraditado y el caso quede en la impunidad, pues reconoce que la falta de celeridad judicial en Ecuador provoca que los casos de violencia a menores no tengan sentencia: ”Hoy es mi hija. Mañana o pasado, ¿cuántos niños más van a ser?“, indicó.