La Corte Central de Distrito de Seúl aprobó este jueves la nueva detención del ex presidente Yoon Suk Yeol tras admitir la petición de la fiscalía especial y considerar el riesgo de destrucción de pruebas, según trascendió en la capital surcoreana. La medida autoriza el arresto de Yoon en el marco de las investigaciones por su breve imposición de ley marcial en diciembre, apenas cuatro meses después de que el mismo tribunal revocara una detención previa y le permitiera ser juzgado bajo libertad condicional.
La orden judicial regresó a Yoon a un centro de detención a las afueras de Seúl, donde deberá permanecer mientras se sustancia la causa, encabezada por el fiscal especial Cho Eun-suk. El equipo investigador persigue cargos adicionales, entre ellos obstaculización de la función pública, abuso de poder y falsificación de documentos oficiales. Las pesquisas han incluido dos interrogatorios a Yoon antes de que la fiscalía presentara la solicitud de arresto el domingo.
La defensa de Yoon calificó la solicitud de arresto como desproporcionada y carente de fundamentos, aunque no emitió comentarios inmediatos tras conocerse la decisión del tribunal. El ex mandatario, destituido en abril luego que el Tribunal Constitucional confirmara su destitución impulsada por la legislatura, no respondió a preguntas de periodistas al ingresar al tribunal el miércoles para la audiencia, que se prolongó cerca de siete horas.
La detención podría extenderse por varios meses. Por ley, Yoon puede permanecer hasta 20 días detenido mientras la fiscalía formaliza cargos adicionales. Si se le acusa, el periodo podría ampliarse hasta seis meses, tiempo en que se espera una primera sentencia. En caso de ser condenado y recibir pena de prisión, Yoon cumpliría la condena mientras el caso sigue su curso en instancias judiciales superiores.
La imputación contra Yoon incluye la argumentación de que la declaración de la ley marcial, ocurrida el 3 de diciembre, fue justificada por el propio expresidente como un esfuerzo para “aplastar a sus opositores liberales”, acusando a estos de obstaculizar su agenda política con su mayoría parlamentaria. La medida fue de corta duración, ya que un grupo de legisladores rompió el cerco militar impuesto al Asamblea Nacional y derogó la orden en cuestión de horas.
El parlamento votó el 14 de diciembre la destitución de Yoon y fue formalmente acusado de rebelión el 26 de enero, con la fiscalía describiendo los hechos como un intento ilegal de controlar órganos legislativos y electorales. Los delitos que se le imputan están penados con cadena perpetua o pena capital bajo el código de Corea del Sur.
Entre las acusaciones adicionales, Yoon enfrenta cargos por omitir los procedimientos legales en la instauración de la ley marcial, como la deliberación en el gabinete, y por emplear irregularmente al servicio de seguridad presidencial como fuerza privada durante un intento de detención domiciliaria en enero.
Tras la victoria del liberal Lee Jae Myung en las elecciones anticipadas de junio, el actual presidente impulsó nueva legislación para habilitar investigaciones sobre el episodio de la ley marcial y por otros posibles delitos vinculados a Yoon, su esposa y personal de su administración.
(Con información de AP)