La cancillería brasileña convocó este miércoles a Gabriel Escobar, encargado de negocios de la embajada estadounidense en el país, para que explique una nota divulgada por esa legación que hace una enérgica defensa del ex presidente Jair Bolsonaro, quien responde a un juicio penal por golpismo.
Fuentes oficiales dijeron a EFE que Gabriel Escobar, responsable de la legación diplomática en ausencia de un embajador, fue citado después de que, este mismo miércoles, esa embajada publicara una dura nota sobre el juicio que cursa contra Bolsonaro, que ya había sido criticado esta semana por el presidente Donald Trump.
La nota en cuestión afirma que “Jair Bolsonaro y su familia han sido fuertes socios de Estados Unidos” y afirma que “la persecución política contra él, su familia y sus seguidores es vergonzosa e irrespeta las tradiciones democráticas de Brasil”.
También refuerza “la declaración del presidente Trump” y agrega que la embajada sigue “de cerca esa situación” y que “no comenta sobre próximas acciones del Departamento de Estado en relación con casos específicos”.
La nota siguió el tono adoptado por Trump en mensajes que publicó el pasado lunes y en la noche del martes en su red Truth Social.
“Voy a estar muy atento a la CAZA DE BRUJAS contra Jair Bolsonaro, su familia y miles de sus seguidores. El único juicio que debería existir es el juicio de los votantes de Brasil —se llama una elección—. ¡DEJEN EN PAZ A BOLSONARO!”, escribió.
Sostuvo además que “Brasil está tratando de forma terrible al ex presidente” y dijo que ha “observado, al igual que el mundo, cómo no han hecho otra cosa que perseguirlo, día tras día, noche tras noche, mes tras mes, año tras año. ¡Él no es culpable de nada, salvo de haber luchado por EL PUEBLO!”, afirmó.
El primer mensaje de Trump motivó una inmediata respuesta del jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien le dio carácter institucional al asunto y reaccionó mediante una nota oficial de la Presidencia.
“La defensa de la democracia en Brasil es un tema que compete a los brasileños. Somos un país soberano. No aceptamos interferencia o tutela de quien quiera que sea”, afirmó Lula.
Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2022, cuando coincidió durante dos años con el primer mandato de Trump, está acusado de haber planificado, junto a jefes militares y antiguos ministros, diversos planes para impedir la investidura de Lula tras la victoria del líder progresista en las elecciones de octubre de 2022.
Esa trama, según la Fiscalía, desembocó en el asalto del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas destrozaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Supremo en Brasilia, y exigieron que las Fuerzas Armadas derrocaran al nuevo Gobierno.
El juicio cursa en la Corte Suprema, que el mes pasado concluyó la fase de instrucción del proceso, que se prevé que quedará listo para sentencia entre septiembre y octubre próximos.
Bolsonaro y el intento de golpe
A principios de 2025, la Fiscalía General de Brasil, liderada por el fiscal Paulo Gonet, presentó una contundente denuncia contra Bolsonaro por presuntamente orquestar un plan golpista para desconocer los resultados electorales de 2022 y mantenerse en el poder. El escrito, de casi 300 páginas, describe una “organización criminal” organizada desde el Estado, en la que participaron exministros, mandos militares y colaboradores cercanos.
El principal eje de la acusación es un informe de la Policía Federal que aporta documentos, grabaciones y testimonios que vinculan directamente a Bolsonaro con preparativos para declarar un estado de emergencia, disolver el Congreso, arrestar autoridades y reorganizar el poder a través de un decreto elaborado por su círculo más cercano.
Uno de los testimonios clave es el del teniente coronel Mauro Cid, quien fuera ayuda de campo de Bolsonaro y fue posteriormente detenido. Según la Policía, Cid “reunió documentos con el objetivo de obtener respaldo legal y judicial para la ejecución de un golpe de Estado”, según el análisis de su teléfono.
La Fiscalía sostiene además que planeaban incluso deshacerse físicamente de figuras clave, como el presidente Lula y el juez Alexandre de Moraes, ya sea mediante arrestos traumáticos o asesinatos por envenenamiento, según consta en el expediente.
El punto culminante de esta estrategia, según los fiscales, se materializó el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores irrumpieron violentamente en los edificios del Congreso, el Supremo y el Palacio presidencial de Brasilia. La Fiscalía sostiene que fue el desenlace premeditado de una ofensiva institucional destinada a provocar un caos justificante para justificar una intervención militar.
(Con información de EFE)