El libro El Odio, con la confesión de José Bretón sobre el asesinato de sus hijos Ruth y José, un caso que conmocionó a España en 2011, podría publicarse finalmente a fines de este año. escrito por el periodista y autor Luisgé Martín. Fuentes cercanas al autor, el periodista Luisgé Martín, citadas por Europa Press, han indicado que la publicación, acompañada de un ensayo adicional, tiene una nueva fecha tentativa después de que se frustrase su lanzamiento inicial.
El libro tenía prevista su publicación por parte de la editorial Anagrama en marzo último, pero la empresa detuvo su salida tras las protestas de Ruth Ortiz, madre de los menores. Aunque Anagrama defendió inicialmente su potestad para editar el texto y la Audiencia de Barcelona rechazó la solicitud de la Fiscalía de detener su publicación, la editorial resolvió finalmente en abril dar por terminado su acuerdo con el autor.
Pese a la cancelación, Luisgé Martín recuperó los derechos sobre la obra y manifestó su voluntad de publicarla. “Anagrama había sentido miedo de la presión social”, expresó el periodista según recogió la agencia europea de noticias. Por ahora, no se sabe si el libro se distribuirá de forma independiente o encontrará una nueva editorial.
Después de las controversias en torno a esta obra, el Ministerio de Igualdad comunicó que evalúa una reforma del Código Penal para impedir que personas condenadas por delitos de violencia vicaria, como en el caso de Bretón, divulguen información en medios de comunicación u otros canales con el fin de agredir o revictimizar a sus víctimas. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, anunció en abril que el anteproyecto de ley está “muy avanzado” y buscará definir y sancionar este tipo de violencia.
“Queremos recoger que en determinados supuestos en los que se quiera atacar la dignidad de las víctimas, se quiera seguir revictimizándolas una vez que ya se las había dañado. Que eso se pueda incorporar al Código Penal y que se pueda prohibir la difusión y publicación de contenidos dirigidos expresamente, que tengan por finalidad seguir dañando a las víctimas. Para que me entiendan ustedes, el caso Bretón”, puntualizó la funcionaria.
La posible reforma plantea que los tribunales dispongan de mecanismos para prohibir la difusión de publicaciones o contenidos que persigan dañar o revictimizar a las personas afectadas, pero matizó que esta medida no podrá imponerse siempre, sino que quedará a criterio de los órganos judiciales según las circunstancias del caso.
El borrador legal también propone sancionar el empleo “en contra de la ley” de argumentos como el denominado síndrome de alienación parental o variantes de este concepto, utilizados en algunos informes judiciales. Según Martínez, “se está usando todavía mucho por parte de servicios que tienen que informar a los órganos judiciales”, incluidos equipos multidisciplinares, puntos de encuentro familiar y servicios de atención a la infancia. Todavía, apuntó, existen resoluciones judiciales basadas en informes que recurren a esa figura, a pesar de su prohibición legal.
Entre las propuestas adicionales, el Ministerio de Igualdad pretende que se reconozca a las víctimas de violencia vicaria como víctimas de violencia de género, otorgándoles así los mismos derechos. Además, la reforma buscaría garantizar que los menores de edad siempre tengan voz ante decisiones judiciales o administrativas que incidan directamente en su vida.