Tras el adverso fallo de la jueza norteamericana Loretta Preska por la expropiación de YPF, el experto en el caso Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, remarcó que esta decisión es producto de una “acumulación de errores” cometidos por la Argentina durante los últimos años y la falta de una estrategia legal por parte del país. A su vez, anticipó más medidas negativas contra la Argentina por otras demandas iniciadas en los tribunales de Estados Unidos.
El fallo de Preska obliga a la Argentina a ceder el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera realizada en 2012. La resolución judicial incluyó un plazo de 15 días para hacer efectiva la entrega. Según la orden de Preska, el país debe transferir esas acciones o su equivalente en efectivo como parte del cumplimiento de la sentencia.
La jueza se mostró crítica con la postura del Estado argentino en el proceso. En su escrito, advirtió que mientras Argentina reclamaba deferencia a la justicia estadounidense, se negaba a hacer el más mínimo esfuerzo por cumplir con la sentencia firme. Esa frase se convirtió en el centro del debate público por la dureza del señalamiento de la jueza, que subrayó la falta de colaboración del país para resolver el conflicto legal.
En declaraciones radiales, Maril ofreció un diagnóstico contundente: “Argentina no respeta las leyes internacionales, los fallos de las cortes internacionales”. Subrayó la contradicción de solicitar inversiones a empresas extranjeras mientras el país exhibe un historial de incumplimiento con decisiones judiciales internacionales. Según su mirada, ese comportamiento deteriora la imagen argentina en los foros internacionales y complica cualquier estrategia para atraer capitales externos.
Durante la conversación, Maril remarcó que este problema no surgió de forma repentina. Señaló que se trata de “una acumulación de errores” que la Argentina cometió a lo largo de los años. Enumeró expropiaciones previas, incumplimientos contractuales y reestructuraciones de deuda para argumentar que el país arrastra una reputación comprometida en materia de respeto a la ley internacional. Para él, el fallo de Preska es el resultado lógico de ese camino.
También hizo foco en el manejo político del litigio. Reconoció que el presidente Javier Milei avanzó en reformas significativas en otros planos, como la política, la economía y las regulaciones. Sin embargo, subrayó que no realizó cambios en la estrategia legal internacional. En su visión, esa área siguió intacta y, como consecuencia, el país enfrenta hoy la presión de sentencias adversas como la que dictó Preska y la amenaza de otras en camino.
El consultor consideró que la respuesta del gobierno argentino fue insuficiente y que se necesitan modificaciones profundas en la forma de encarar los juicios internacionales. Sostuvo que sin un cambio de rumbo, seguirán apareciendo noticias judiciales negativas que impactarán en las cuentas públicas y en la capacidad de acción del Estado en el exterior.
En otro tramo de la entrevista, Maril abordó un tema clave: el concepto de “alter ego” en el derecho internacional. “La jueza Preska no solamente tiene el embargo de las acciones de YPF, sino que tiene el famoso alter ego del Banco Central. Es declarar a una empresa estatal como lo mismo que el Estado. Por lo tanto, podés ir contra los bienes activos de esa empresa”, explicó.
Maril destacó que el reclamo de los fondos demandantes incluye bienes y activos en distintos países. Mencionó embargos o medidas cautelares en jurisdicciones como Luxemburgo, Chipre, Irlanda, Inglaterra y Australia. Recordó también el caso del cupón PBI en el Reino Unido, donde la justicia inglesa falló contra Argentina y “el país tampoco mostró voluntad de cumplimiento”.
Ante la consulta acerca de si el gobierno de Milei podría cerrar con el fondo Burford un acuerdo previo a la resolución final de la demanda judicial en EEUU, Maril explicó que cualquier acuerdo necesitaría la validación del Congreso. Además, reflexionó sobre el componente político-electoral del problema. Indicó que incluso si el gobierno quisiera dilatar la ejecución de la sentencia hasta agotar todas las instancias de apelación en Estados Unidos, eso implicaría un calendario que podría prolongarse hasta el momento de la reelección presidencial. Para Maril, “ningún gobierno querría enfrentar el pago de 20.000 millones de dólares a un fondo buitre cuando se busca ser reelecto».