Tras semanas de idas y vueltas, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales -cabecera-; y de Justicia y Asuntos Penales, inició esta semana las rondas de exposiciones relacionadas con la integración y el género de la Corte Suprema. El miércoles pasado quedó claro, según confiaron legisladores de diversos bloques a Infobae, que la discusión sobre este tema tendrá un mínimo de dos o tres meses, en sintonía con los deseos de la Casa Rosada, que pretende retomar la puja por el máximo tribunal de Justicia con el recambio parlamentario de diciembre próximo.
La idea de un sendero ágil fue promocionada por la senadora del peronismo disidente y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo. Lo contradictorio es que la propia legisladora deslizó la posibilidad de llevar el análisis de las diferentes iniciativas que hay en la Cámara alta hacia el interior del país. “¿Somos la ‘Casa’ que representa a las provincias y vamos a viajar? Parece un chiste. Además, ¿qué busca con esto? ¿Sueña con alguien de su confianza en el máximo tribunal? Al final, le hace el juego al Gobierno”, reflexionaron desde un experimentado despacho.
“Durante estos últimos diez años ha habido cuatro convocatorias; cuatro veces se convocaron a las comisiones para trabajar y para discutir, como decía, proyectos que en ese momento tenían estado parlamentario. Por lo tanto, como digo, no es un tema nuevo, sino que, en todo caso, estamos retomando este tema tan importante. Y que, como se ha dicho aquí, estamos debatiendo para poder definir por consenso, por supuesto, como siempre, y como creo que así va a ser, la integración de la Corte Suprema -yo diría- para los próximos veinte años en la Argentina. Así que es un tema sumamente importante”, aseguró Vigo días atrás, según consta en la versión taquigráfica de la reunión.
Entre los futuros disertantes aparecen la reconocida ex jueza de la Corte mendocina Aída Kemelmajer -solicitada por los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suarez, y la peronista jujeña Carolina Moisés-; el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona -curioso que a nadie se le haya ocurrido invitar a Sebastián Amerio, quien maneja los hilos del poder real en dicha área-; y el abogado Francisco Oneto -defendió a Javier Milei tras el episodio $Libra-, entre otros.
Las comisiones tienen a la vista varios textos que plantean un aumento de la integración de la Corte Suprema de cinco a siete, nueve y hasta 15 magistrados. El último caso es similar al proyecto que aprobó el Frente de Todos en 2022 y quedó sepultado en Diputados. Ni hablar de la promocionada reforma judicial de 2020, que derivó en un papelón en el recinto que presidía la otrora vicepresidenta y hoy condenada Cristina Kirchner, con múltiples y desprolijos cambios en plena sesión, a la vista de todos, como si fuese un borrador de trabajo práctico.
“Acá se trata de salir de esta encerrona que tenemos, de que no hubo diálogo político en los últimos veinte y pico de años para acordar nada que tenga que ver con lograr mayorías. Tenemos la Auditoría -General de la Nación- acéfala, el procurador que no está designado, los directores del Banco Central están en comisión hace más de una década, el defensor del pueblo es inexistente. O sea, la política está teniendo un problema”, alertó durante el último plenario el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta).
Con lo sucedido el jueves en el recinto, tras la repentida partida del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el pleno del Senado votó convocar de nuevo al funcionario para el próximo miércoles, a partir de las 11. Esto podría complicar los planes de la discusión sobre la Corte que, en realidad, ya se había consensuado realizar encuentros cada 15 días. Por eso las dudas de varios legisladores sobre el accionar de Vigo y sus verdaderas intenciones, siempre con la sombra cerca de la Casa Rosada.