Un grupo de más de 30 economistas de renombre internacional, encabezados por el premio Nobel Joseph Stiglitz y el exministro de Economía argentino Martín Guzmán, presentó este viernes en el Vaticano un extenso informe con propuestas para enfrentar las crecientes crisis de deuda que aquejan a los países en desarrollo.
El documento, titulado “El Informe Jubilar: Una hoja de ruta para abordar las crisis de deuda y desarrollo y sentar las bases financieras de una economía mundial sostenible y centrada en las personas”, fue encargado por el Papa Francisco como parte de las actividades del Año Jubilar 2025, una de las últimas grandes iniciativas de su pontificado.
Aunque el documento apunta a una transformación global, su contenido tiene resonancia particular en países como la Argentina, que tras reestructurar parte de su deuda en 2020 y acordar dos programas con el FMI —el más reciente en abril de este año— aún no ha recuperado el acceso pleno a los mercados internacionales y mantiene un riesgo país de 700 puntos a pesar del programa de austeridad del Gobierno de Javier Milei.
El informe recuerda que 54 países en desarrollo ya destinan el 10% o más de sus ingresos fiscales sólo al pago de intereses de su deuda, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Esta carga, señala el texto, “ha desviado recursos esenciales que deberían destinarse a la sanidad, la educación, las infraestructuras o la resiliencia climática, privando a millones de personas de atención médica vital, alimentos o empleo”.
Frente a este escenario, el informe propone una serie de reformas sistémicas a nivel internacional, enfocadas en cambiar los incentivos actuales que favorecen a los acreedores privados y obstaculizan las reestructuraciones necesarias para recuperar la sostenibilidad de las deudas. Entre las principales recomendaciones se incluyen:
- Reestructuración eficiente de deuda soberana, mediante cambios en las legislaciones clave (como las de Nueva York y Reino Unido) que rijan los contratos de deuda. Se propone introducir cláusulas que faciliten acuerdos colectivos y eviten la acción de fondos especulativos.
- Fin de los rescates a acreedores privados por parte de instituciones multilaterales como el FMI, que “han contribuido a mantener la lógica perversa de endeudamiento y rescate que no resuelve los problemas estructurales”.
- Uso estratégico de controles de capital para prevenir flujos financieros desestabilizadores, fomentar inversiones de largo plazo y permitir a los países preservar su soberanía económica.
- Transparencia y participación pública en la toma de decisiones sobre endeudamiento, con mayor involucramiento de los parlamentos nacionales y de la ciudadanía.
- Reinvención del sistema financiero global, con nuevos instrumentos que prioricen el financiamiento del desarrollo sostenible y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Durante la conferencia de prensa en la que se presentó el documento, Guzmán remarcó que propone “una hoja de ruta para evitar una nueva década perdida” y destacó que “más de 3.000 millones de personas viven en países que gastan más en pagar deuda que en educación o salud”. En ese sentido, llamó a una “acción inmediata” basada en decisiones políticas que vayan más allá de los intereses financieros.
Por su parte, Stiglitz afirmó que el sistema de deuda vigente “está al servicio de los mercados financieros, no de las personas”, y advirtió que sin reformas estructurales “una generación entera perderá su futuro”.
La Comisión también incluyó voces del Sur Global que remarcaron el carácter moral y humanitario de esta problemática. El jesuita africano Charlie Chilufya calificó a la crisis de deuda como “un fracaso moral” y denunció que “los países pagan la deuda con vidas humanas”. La activista filipina Mitzi Jonelle Tan, en tanto, resaltó la dimensión colonial del sistema financiero internacional: “Nos están heredando países ahogados en inundaciones y deudas. No pedimos compasión, exigimos justicia”.
Mahmoud Mohieldin, enviado especial de la ONU para el Financiamiento de la Agenda 2030 y ex ministro de Inversiones de Egipto, señaló que “cuando un país gasta más en intereses que en desarrollo, está incumpliendo con su pueblo, no con los acreedores”, y celebró que las propuestas del informe coincidan con las recomendaciones del grupo de alto nivel de Naciones Unidas sobre crisis de deuda y desarrollo.
El Jubileo como tradición y llamado moral
El informe presentado en el Vaticano se enmarca en el contexto del Año Jubilar 2025, una tradición milenaria de la Iglesia católica que remonta sus orígenes al Antiguo Testamento. En la tradición bíblica, el Jubileo es un tiempo sagrado que se celebraba cada 50 años, durante el cual se perdonaban las deudas, se liberaban a los esclavos y se devolvían las tierras a sus antiguos dueños. Era, en esencia, un acto de justicia social, de restauración de equilibrios y de redención.
El Papa Francisco recuperó esa tradición con una dimensión contemporánea, proponiendo que el Jubileo sea también una ocasión para abordar las injusticias estructurales del sistema financiero internacional. Desde el inicio de su pontificado, Francisco denunció que el sistema económico actual “mata”, y convirtió la cuestión de la deuda global en una prioridad de su agenda internacional.
En sus últimos años de vida, y particularmente en 2024, el Papa impulsó con fuerza la creación de la Comisión del Jubileo, convencido de que era necesario dar una respuesta moral y política a las crisis de deuda que golpean a los países más pobres. En uno de sus últimos mensajes públicos, expresó: “Es hora de que las finanzas estén al servicio de las personas y del planeta, no del lucro a cualquier costo”. También exhortó a los líderes globales a crear un mecanismo internacional de reestructuración de deuda soberana “basado en el bien común y la equidad”.
Este enfoque se materializó en la composición plural de la Comisión, que integró voces del mundo académico, de la sociedad civil, del activismo ambiental y de comunidades religiosas, y que se propuso como misión evitar que el Jubileo de 2025 sea una mera conmemoración simbólica.
El antecedente más cercano de un Jubileo con impacto económico fue el del año 2000, cuando se condonaron más de 100.000 millones de dólares en deuda de los países más pobres a través de la iniciativa HIPC (Países Pobres Muy Endeudados, por sus iniciales en inglés). Sin embargo, como subraya el informe, “la ausencia de reformas estructurales tras aquella condonación y los cambios en la arquitectura financiera global generaron nuevas vulnerabilidades que hoy amenazan con revertir los avances conseguidos con tanto esfuerzo”.
A diferencia de aquel proceso, centrado en países de bajos ingresos y con fuerte liderazgo del G-8, el nuevo informe busca extender el alcance de las soluciones a países de ingreso medio y abordar la participación creciente de acreedores privados. También propone superar la lógica del perdón individualizado y avanzar hacia una arquitectura global capaz de prevenir nuevas crisis.
“Hoy no basta con una nueva ronda de alivio de deuda —señala el texto—. Se necesita un cambio sistémico, una verdadera transformación de las reglas del juego globales”.
Qué significarían estas reformas para la Argentina
Aunque el Jubilee Report fue concebido como una hoja de ruta global, sus propuestas tienen una relevancia concreta para países como la Argentina. Si bien el país no figura entre los que hoy destinan más del 10% de sus ingresos fiscales al pago de intereses —en parte gracias a la última reestructuración de deuda bajo legislación extranjera—, sigue atravesando una situación de alto endeudamiento y vulnerabilidad financiera.
Desde 2022, la Argentina firmó dos acuerdos con el Fondo en el marco de un programa excepcional que convirtió al país en el principal deudor del organismo. A pesar de ello, todavía no ha logrado recuperar el acceso pleno a los mercados internacionales de crédito. De los 22 programas previos, prácticamente todos terminaron en fracaso y crisis.
El informe presentado en el Vaticano respalda una serie de cambios que podrían tener un impacto directo en esta coyuntura, según Guzmán:
– Regulación de los flujos de capital: La posibilidad de reinstalar regulaciones que desincentiven flujos volátiles, sin ser penalizadas por los organismos multilaterales, sería clave para preservar la estabilidad macroeconómica.
– Reformas en la ley de Nueva York: De avanzar, la legislación impulsada en EEUU para limitar el accionar de fondos buitre constituiría un marco más justo y previsible para futuras reestructuraciones de deuda.
– Redefinición del rol del FMI: Para la Argentina, esto implicaría una reconfiguración del vínculo con el Fondo, con menos condicionamientos regresivos y mayor legitimidad en el uso de los recursos, evitando repeticiones de 2018.
– Tasas y sobrecargos: La reducción de estas cargas representaría un alivio fiscal directo, liberando recursos para políticas productivas y sociales. También facilitaría una estrategia de crecimiento sin nuevos ajustes.
Debate global sobre deuda
“Una arquitectura financiera global que permite que miles de millones de dólares salgan de los países pobres mientras se multiplican las necesidades básicas insatisfechas no solo es ineficiente: es inmoral”, resume el informe.
La hoja de ruta presentada en el Vaticano será debatida en la IV Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo, que se celebrará en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio. También se prevé su discusión en la Asamblea General de la ONU en septiembre y en la cumbre del G20 en noviembre, donde se pondrá a prueba la voluntad política de los principales actores del sistema financiero global.