El cacique mbya guaraní Marcelo Núñez, referente de la comunidad Tarumá Poty situada en la provincia de Misiones, fue absuelto por el Tribunal Penal N°1 de Oberá luego de enfrentar un juicio oral bajo la acusación de haber asesinado y calcinado a su pareja María Solange Diniz Rabela durante la pandemia de COVID-19.
La decisión judicial, emitida tras dos jornadas de debate, ordenó la inmediata liberación de Núñez, después de haber pasado cinco años detenido como principal sospechoso del hecho ocurrido en abril de 2020.
El tribunal, compuesto por los jueces Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Jorge Villalba dictaminó la absolución por el beneficio de la duda, argumentando que no existían pruebas determinantes que permitieran sostener la responsabilidad penal del cacique.
El fallo coincidió con la postura de la defensa, encabezada por el abogado Jorge Zabulanez, quien reiteró que no existe evidencia física concreta del asesinato.
“No había cuerpo, no había arma, no había forma de configurar el tipo penal”, defendió Zabulanez y manifestó, además, que la quema del cuerpo de Rabela pudo responder a una práctica fúnebre guaraní y no constituía, según su planteo, un indicio de homicidio.
Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal, representado por David Milicich, sostuvo en su alegato que el imputado mató a la joven de 22 años bajo un contexto de violencia de género y luego quemó el cuerpo con la intención de ocultar pruebas.
“María Solange sufría violencia de género en forma asidua. Cinco testigos declararon en ese sentido. Era imposible que ella denuncie; hay personas que viven a una cuadra de una comisaría y no denuncian, imaginate ella viviendo en una aldea”, sostuvo el fiscal.
Entre los testimonios incorporados, figuraron declaraciones de personas que reconocieron episodios de violencia en el hogar, incluso del hijo de la víctima. El ministerio fiscal insistió que la mujer padecía situaciones de maltrato y que el procedimiento con el cuerpo no tuvo fines religiosos ni buscaban prevenir la propagación del coronavirus, sino eliminar rastros del delito.
Durante el juicio, declaró también la médica que atendía a Rabela. En su testimonial, remarcó ante el tribunal: “Jamás le dije que quemara el cuerpo. Le insistí varias veces que tenía que avisar a la Policía”.
Este punto constituyó uno de los ejes de debate, ya que en su primer testimonio, Núñez declaró que la muerte de Rabela se produjo por coronavirus y que su decisión de cremar y enterrar el cuerpo obedeció a recomendaciones sanitarias destinadas a impedir la propagación del virus.
El tribunal brindará los fundamentos completos del fallo el próximo 4 de julio.
El derecho penal frente a la diversidad cultural
El proceso judicial abrió debates en torno a la interpretación del derecho penal frente a la diversidad cultural.
La defensa planteó la necesidad de valorar la quema del cuerpo desde el marco de los usos y costumbres guaraníes. Zabulanez expuso en su alegato que la incineración, en el contexto de una muerte natural, puede entenderse como parte de rituales funerarios propios del pueblo mbya.
Sumó: “Hablar de costumbres guaraníes es utópico porque ellos conviven con las dos culturas, entonces es imposible no mezclarlas. Lo que se trata de mantener son algunas cosas como la vida en comunidad, su religión, sus cultos, pero indudablemente eso se va matizando”.
A lo largo de los años transcurridos desde la muerte de Rabela, el caso generó múltiples versiones y especulaciones públicas. Zabulanez, ante preguntas de la prensa, negó que existan elementos que respalden las hipótesis de descuartizamiento previo a la quema o cualquier otra agravante.
“Hubo muchas habladurías y cosas inexistentes. Hasta la médica pensó que se había cortado el cuerpo y el perito explicó que eso se debió al fuego mismo, no que fue algo anterior”, dijo el letrado.
Las últimas palabras
En sus últimas palabras frente al tribunal, Núñez defendió su inocencia y afirmó que nunca ejerció violencia de género. “Se habló mucho y eso no fue así como dicen. Yo siempre voy con respeto a la gente, hice cosas buenas”.
Manifestó también su intención de regresar a la comunidad Tarumá Poty, donde reside su familia y especialmente su madre. “Voy a volver a la comunidad porque soy el único que cuida a mi mamá”, expresó en diálogo con medios locales.
El líder guaraní agradeció públicamente a su defensa y manifestó su deseo de seguir luchando por su comunidad y mantener vivas sus costumbres. “Siempre voy a seguir luchando por mi comunidad, y voy a seguir con mi cultura”.
El caso
La muerte de Rabela ocurrió el 12 de abril de 2020, cuando la comunidad guaraní encontró el cuerpo de la joven parcialmente calcinado y semi enterrado. La víctima residía en el asentamiento y, tras el hallazgo, Nuñez fue detenido como principal sospechoso.
La búsqueda comenzó tras la denuncia del padrastro de la joven, quien, al perder contacto con María Solange, intentó junto a la madre de la víctima obtener información en la comunidad. En respuesta, los miembros de la aldea se mostraron reacios a colaborar y les negaron el acceso.
El expediente estuvo a cargo del Juzgado N°3 de San Vicente, cuyo juez, Gerardo Casco, ordenó múltiples allanamientos y la toma de testimonios, en un contexto de resistencia por parte de los habitantes de la aldea.
Las averiguaciones apuntaron contra Nuñez, luego de que en su domicilio hallaran un serrucho y una manta manchados con sangre. Sin embargo, el cacique ya se había escapado del lugar.
De la misma manera, cerca de su vivienda, la policía localizó tierra removida y una cama quemada. La llegada de peritos permitió identificar restos óseos incinerados pertenecientes a la víctima. Por este motivo, el juez ordenó excavar en la zona.
Poco después se conocería el escalofriante resultado, ya que las autoridades encontraron parte del cuerpo de María Solange. Algunos integrantes de la aldea afirmaron que el líder les había dicho que la joven murió por coronavirus y que por ese motivo la quemó, en un intento absurdo de evitar un “contagio”.
Tras horas de búsqueda, la policía ubicó a Nuñez en la aldea “Pai Antonio Martínez”, a 40 kilómetros del hecho. Los efectivos debieron pedir permiso al cacique de esa comunidad para ingresar y detenerlo. Desde ese entonces, el hombre estuvo preso.