Luego de que este lunes la Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtiera sobre una posible inseguridad alimentaria en Bolivia debido a la inflación y el desabastecimiento de combustible, autoridades del Gobierno de Luis Arce rechazaron esa proyección y afirmaron que el país goza de seguridad en esa materia.
El viceministro de Defensa del Consumir, Jorge Silva, indicó que el abastecimiento de alimentos está garantizado pero admitió que factores externos, como los bloqueos de carreteras o la supuesta especulación de los comerciantes con el precio de los productos, dificulta el acceso la canasta familiar. “No tenemos en Bolivia el problema del desabastecimiento o la baja producción, se cuenta con los productos, pero tenemos otros problemas que podrían provocar esta preocupación en las lecturas e investigaciones que hacen estos organismos”, manifestó en conferencia de prensa y agregó que “no se siente la carencia de productos”.
De igual forma, el ministro de Economía Marcelo Montenegro atribuyó el aumento de precios de los alimentos a los bloqueos que realizaron durante dos semanas los partidarios de Evo Morales en reclamo por su inhabilitación para las elecciones generales de agosto. En tanto, la canciller boliviana Celinda Sosa manifestó que en el país existe un “sector productivo muy activo” y aseguró que se goza de seguridad alimentaria.
El reporte emitido este lunes por la agencia para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) señala que Bolivia es uno de los países a monitorear respecto a la situación del hambre. “Se prevé que la inseguridad alimentaria aguda se deteriore durante el período de pronóstico, debido a la alta inflación sostenida y la disminución de las reservas de divisas. Se proyecta que esto continuará erosionando la capacidad de importación y el poder adquisitivo de los hogares, limitando aún más el acceso a los alimentos”, señala el informe.
El documento agrega que la escasez de combustible obstaculizará las actividades agrícolas, reduciendo aún más la producción de maíz tras una cosecha ya inferior a la media obtenida en 2024. Según estos datos, en octubre del año pasado cerca de 2,2 millones de personas en Bolivia (el 19 % de la población) se encontraban en situación de inseguridad alimentaria aguda.
El país atraviesa desde hace dos años una crisis económica marcada por la escasez de dólares y el surgimiento de un mercado paralelo de divisas que ha provocado un alza en el precio de la canasta familiar, que es cada vez menos asequible para las grandes mayorías. El último dato de la inflación interanual supera las cifras de los últimos 30 años, según el Instituto Nacional Estadística (INE), y la proyección inflacionaria del Gobierno para este año fue rebasada en los primeros cinco meses.
A esto se suman los periodos de escasez de combustible, que son cada vez más frecuentes y prolongados, debido a la falta de dólares. Bolivia depende de las importaciones para abastecer su mercado interno: compra casi el 90% del diésel y el 56% de la gasolina para cubrir la demanda, por lo que los retrasos de adquisición perjudican sectores estratégicos como el transporte pesado o el agrícola, además de generar largas filas en las estaciones de servicio.
El creciente malestar en la población por la crisis que parece irreversible en el corto plazo ha provocado manifestaciones y pedidos de renuncia del presidente Luis Arce, a quien responsabilizan por la situación del país. En tanto, el Gobierno la atribuye a una mala gestión de la política de hidrocarburos durante las gestiones de Evo Morales -de las cuales Arce fue ministro de Economía por casi 12 años- y a la falta de aprobación de créditos externos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).