Luciana Torres tenía 35 años, era madre de dos hijos y vivía sola en un departamento céntrico de Santiago del Estero. El pasado 30 de diciembre fue hallada muerta en el baño de su casa, con una cuerda sujeta a la perilla del toallero. Desde entonces, su muerte se convirtió en un caso atravesado por contradicciones, peritajes opuestos, demoras en las pruebas clave y, ahora, una imputación sobre su ex novio, Joaquín Cesca, quien fue acusado formalmente por instigación al suicidio.
La decisión fue tomada por la fiscal Celia Mussi, a partir de chats extraídos del teléfono de Cesca y testimonios que reflejarían situaciones de violencia psicológica. Así lo contó públicamente el abogado defensor, Guillermo Ruiz Alvelda.
Pero Cesca no fue el único acusado por la fiscalía: en la misma resolución también fueron imputados el médico forense Julián Canllo, por falso testimonio, y la psicóloga personal de Luciana, Carolina Ruzo, por omisión de auxilio.
Cesca declaró ante la fiscal y el juez de Control y Garantías, Fernando Paradelo, y negó haber ejercido cualquier tipo de violencia contra la víctima. Según su abogado, no solo la contenía emocionalmente, sino que la noche anterior a su muerte intentó evitar que se fuera sola a su casa.
“Ella le reclamaba que no hubiera ido a pasar la noche juntos. Decía que quería terminar con su vida. Cesca intentó calmarla, pero ante la insistencia, la dejó ir. Bajó con ella, le abrió la puerta del edificio y no la vio nunca más”, declaró el defensor a El Liberal.
El letrado también aseguró que Luciana estaba atravesando un cuadro depresivo y tomaba clonazepam, algo que -según él- la familia sabía.
Pero los familiares de Luciana no creen en la hipótesis del suicidio. Denuncian irregularidades desde el primer momento y exigen que la investigación avance como un posible femicidio.
La querella, a cargo del abogado Sebastián Robles, incluso anunció que pedirá el apartamiento de la fiscal Mussi por “la falta de fundamentos” en el rumbo que tomó la causa.
“Estamos sorprendidos por el giro sin fundamentos por el que la fiscalía ha llevado este caso, sin tener evidencias firmes para determinar que Luciana se ha suicidado”, dijo Robles en diálogo con Radio Panorama.
Una de las críticas más fuertes apunta a la reconstrucción del hecho, una diligencia pericial a cargo de Gendarmería Nacional que nunca se concretó, a pesar de haber sido solicitada formalmente. “Hasta el día de hoy no podemos lograr que se haga”, aseguró Robles.
También señaló que desde un primer momento informaron que las cámaras de seguridad del edificio de Cesca presentaban “saltos de grabación” durante la madrugada previa a la muerte.
La causa estuvo bajo secreto de sumario durante más de dos meses. El expediente tiene dos autopsias, la última realizada en febrero. De acuerdo a lo informado desde la querella, de los cuatro peritos que participaron, tres coincidieron en que la causa de muerte fue estrangulamiento, mientras que una veedora se inclinó por el ahorcamiento.
Luego llegaron los análisis de ADN: Robles explicó que se hallaron rastros genéticos masculinos en una copa y otros objetos del departamento. El perfil coincidía con el de Cesca, pero -según dijo- la fiscal Mussi consideró que ese resultado no alcanzaba para avanzar con una imputación por homicidio.
Mientras el expediente sigue su curso, la familia de Luciana mantiene su reclamo en las calles. Este viernes volvieron a realizar una marcha para pedir justicia. “No estamos pidiendo que ella (Mussi) averigüe si fue un suicidio. Se le han puesto las pruebas de que no fue así, queremos saber quién fue el asesino de mi hija“, reclamaron.