La visita del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa a la Casa Blanca, en teoría concebida como un gesto de acercamiento diplomático, terminó convirtiéndose en un espectáculo cargado de tensión. Donald Trump interrumpió el protocolo al atenuar las luces del Salón Oval y reproducir un video que mostraba a un dirigente sudafricano entonando el cántico “Kill the Boer” —una consigna histórica contra los granjeros afrikaners— como prueba, según él, de un “genocidio” contra los blancos en Sudáfrica.
Frente a las cámaras, y con el propio Ramaphosa a su lado, Trump insistió en que los granjeros blancos están siendo asesinados y despojados de sus tierras. La escena desbordó las formas habituales de la diplomacia y dejó al presidente sudafricano poco margen para intervenir. “Hablemos de esto con calma”, llegó a pedir, apelando al legado de Nelson Mandela y a la idea del diálogo como herramienta para resolver los conflictos. Pero Trump ya había marcado la agenda.
Las acusaciones del mandatario estadounidense se insertan en un contexto político más amplio. Desde su regreso al centro de la escena internacional, Trump ha buscado reinstalar una narrativa en la que los blancos son víctimas de políticas discriminatorias, ya sea en su propio país o en escenarios más distantes, como Sudáfrica. Esta estrategia, eficaz para consolidar ciertos sectores de su electorado, no es nueva: ya durante su primer mandato había criticado duramente las políticas de empoderamiento negro en Sudáfrica y suspendido la ayuda financiera al país, mientras aceptaba a decenas de afrikáners como refugiados políticos.
En esta ocasión, sin embargo, el impacto fue mayor. La reunión se produce en un momento en que las relaciones entre ambos países están particularmente deterioradas. A las denuncias de genocidio se suma el rechazo estadounidense a la postura de Sudáfrica ante el conflicto en Gaza. El gobierno de Ramaphosa ha acusado formalmente a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, un gesto que enfureció a Washington y terminó de sellar el distanciamiento. Además, persisten las sospechas sobre los vínculos de Sudáfrica con Irán, en parte alimentadas por el pasado empresarial de Ramaphosa en MTN, la gigante de telecomunicaciones con inversiones en Teherán.
El núcleo de la controversia gira en torno a la cuestión de la tierra. La ley de expropiación sin compensación, promulgada este año, habilita como última instancia la recuperación de tierras en manos de la minoría blanca, que aún controla la mayoría de las explotaciones agrícolas del país. Si bien el gobierno sudafricano asegura que no se ha expropiado ningún terreno y que no existe una campaña sistemática contra los granjeros blancos, la narrativa opuesta ha ganado espacio, impulsada por sectores conservadores y amplificada por figuras como Elon Musk.
Musk, nacido en la capital sudafricana Pretoria, también estuvo presente en la reunión con Trump. Desde hace tiempo acusa al gobierno sudafricano de implementar leyes “abiertamente racistas” que, según él, impiden que su empresa Starlink opere en el país. La legislación local exige que el 30% de las acciones de las compañías extranjeras en el sector de las telecomunicaciones estén en manos de personas negras u otros grupos históricamente desfavorecidos. Para Pretoria, se trata de una política indispensable para corregir décadas de desigualdad estructural heredada del apartheid.
Pero esa perspectiva choca con la visión promovida desde el trumpismo. Para sus referentes, estas leyes no son herramientas de justicia social sino instrumentos de venganza racial. Así, Sudáfrica se convierte en un caso paradigmático de una supuesta inversión del orden global: ya no serían los negros los oprimidos, sino los blancos. Esta lógica explica el énfasis de Trump en un “genocidio” que no tiene sustento en los datos disponibles. Los asesinatos de granjeros, aunque reales y muchas veces violentos, no obedecen a un patrón racial ni a un plan sistemático. Se inscriben, según coinciden analistas y autoridades locales, en un clima generalizado de inseguridad que afecta a todas las comunidades del país.
Ramaphosa intentó desmontar ese relato con diplomacia. “Si hubiera un genocidio contra los afrikaners, estas personas no estarían aquí, incluido mi ministro de Agricultura”, dijo, señalando a los miembros blancos de su delegación. Pero sus palabras parecieron disolverse en el aire ante el embate mediático de Trump. Incluso cuando recordó que la mayoría de las víctimas de la violencia en Sudáfrica son jóvenes negros de barrios pobres, Trump retrucó: “No sé si eso es bueno o malo, pero los granjeros de los que hablamos no son negros”.
El episodio deja al descubierto no solo una diferencia de diagnóstico, sino un choque de visiones sobre la historia y la justicia. Mientras el gobierno sudafricano insiste en construir un país más equitativo, donde las heridas del pasado puedan sanar sin borrar el legado de ningún grupo, Trump y sus aliados proyectan una imagen de caos, venganza y persecución racial. Esa narrativa, aunque sin base fáctica, resulta funcional en un año electoral.
Detrás del ruido, la tensión sigue creciendo. Estados Unidos mantiene su amenaza de boicotear la cumbre del G20 que se celebrará en noviembre en Sudáfrica. Mientras tanto, en las calles de Pretoria, una estatua ecuestre de Louis Botha —gran figura del nacionalismo afrikaner— sigue en pie frente al parlamento multirracial. Quizás allí, como sugirió un cronista sudafricano, Ramaphosa podría ofrecer a Trump una lección más elocuente que cualquier réplica: el recordatorio de que la historia no se borra, pero sí puede transformarse.
(Con información de AFP, AP y EFE)