La Corte Suprema de Brasil aceptó este martes las denuncias presentadas contra nueve militares y un policía, acusados de planear el asesinato de Lula da Silva, a su regreso a la presidencia.
Según la Fiscalía, el grupo pretendía acabar con la vida de Lula, así como del vicepresidente electo Geraldo Alckmin y del magistrado Alexandre de Moraes, en el marco de la conspiración golpista atribuida a Jair Bolsonaro, quien tras perder en las elecciones de octubre de 2022, buscó mantenerse en el poder.
En la lista de imputados por la Fiscalía figuran un total de dos generales, tres coroneles, seis tenientes coroneles -todos ya en la reserva y antiguos miembros del comando de operaciones especiales del Ejército Kids Pretos-. Entre los que destacan Estevam Theophilo, Bernardo Correa, Fabrício Moreira, Márcio Nunes, Hélio Ferreira, Rafael Oliveira, Rodrigo Bezerra, Ronald Ferreira, Sérgio Cavaliere y Wladimir Matos Soares.
Sin embargo, los jueces de la Suprema Corte declinaron las denuncias presentadas contra otros dos acusados, el general Nilton Diniz Rodrigues y el teniente coronel Cleverson Magalhaes, por considerar de forma unánime que no existen pruebas suficientes en su contra.
De acuerdo con la investigación de la Policía Federal, el plan en su totalidad había estado dirigido “bajo pleno conocimiento” por el propio Bolsonaro, y tenía previsto ejecutarse el 15 de diciembre de 2022, es decir, dos semanas antes de la investidura.
Fue bautizado “Operación Puñal Verde Amarillo”, por los colores de la bandera brasileña, y se enmarca, a su vez, en la causa que investiga el asalto a la sede de los tres poderes en Brasilia, cometida a una semana del traspaso de mando, por un grupo de bolsonaristas radicales.
Por este incidente, la Justicia también mantiene abierto un proceso contra el ex Presidente, que esta semana comenzó con los interrogatorios a los testigos.
El principal testimonio se conoció la víspera, cuando el general Marco Antonio Freire Gomes -entonces comandante del Ejército- confirmó ante los jueces de la Primera Sala que aquel diciembre había sido convocado por Bolsonaro y los siete jefes militares juzgados con él, con el fin de discutir las opciones para impedir el traspaso de mando, incluida la declaración de un estado de sitio.
Freire Gomes, sin embargo, señaló que se opuso a esta idea y advirtió al entonces presidente que “no tendría apoyo” de las Fuerzas Armadas y que, incluso si lo hiciera, “podría ser encuadrado jurídicamente”.
“Expuse la importancia de evaluar todas las consecuencias”, dijo en su interrogatorio ante De Moraes.
También, el especialista en informática del Partido Liberal Éder Balbino, reconoció que “no encontramos ninguna sospecha de fraude” que sustentara las denuncias por presuntas irregularidades en las urnas electrónicas, presentadas en aquel momento por Bolsonaro,
Pese a sus testimonios, tanto Bolsonaro como el resto de los acusados insisten en su inocencia y aseguran ser víctimas de una persecución por parte de la Justicia de Brasil que, en el caso del ex presidente, podrían dejarlo fuera de las elecciones de 2026 y privarlo de su libertad durante décadas.
Inclusive, la semana pasada reconoció que ello sería “una pena de muerte, política y física”.
(Con información de EFE)