La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua calificó este sábado de “acción totalitaria” la reforma a la Constitución Política, propuesta por los esposos y copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que establece que los nicaragüenses “perderán su nacionalidad al adquirir otra nacionalidad”.
“La reforma orteguista que despoja de la nacionalidad a quienes obtengan otra, es una acción totalitaria”, señaló en la red social X esa alianza opositora, cuyos principales dirigentes viven en el exilio tras ser desnacionalizados, expulsados o impedidos de ingresar a Nicaragua por las autoridades, que los acusó de traición a la patria.
Según la Unidad Nacional, esa enmienda constitucional está dirigida “contra los desterrados, exiliados y comunidad de nicaragüenses en el exterior”, sean políticos opositores o no.
“Quieren imponer el miedo. No lo lograrán. ¡Somos y seremos siempre nicaragüenses!”, sostuvo esa alianza.
Por su lado, el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Lester Alemán calificó la reforma constitucional como una “violación a los derechos de los ciudadanos nicaragüenses”, y advirtió que, paradójicamente, “podría afectar incluso al círculo más cercano al poder, cuyos familiares también poseen otras nacionalidades”.
“Al final no solo afecta a los nicaragüenses, sino que se lleva también en la balastra a su círculo, al anillo de poder cerca de Ortega, donde muchos de ellos salen de Nicaragua a tener a sus hijos para que obtengan otra nacionalidad”, comentó Alemán a la plataforma 100% Noticias.
La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento) aprobó en la víspera una reforma a la Constitución Política que establece que los nicaragüenses de nacimiento perderán su nacionalidad al momento de adquirir otra nacionalidad.
También que los extranjeros pueden ser nacionalizados, previa renuncia a su nacionalidad originaria; y en el caso de los centroamericanos de origen, residentes en Nicaragua, tendrán derecho de optar a la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a su nacionalidad.
Según Ortega y Murillo, “esa medida reafirma que ser nicaragüenses no es un título, sino un acto de entrega a la defensa de la independencia, soberanía y autodeterminación”, y “quien elija otra bandera, renuncia voluntariamente a su lugar en la patria de Sandino, única, indivisible y revolucionaria”.
La medida afectará a los nicaragüenses exiliados, opositores o no, que deseen solicitar otra nacionalidad en el país de acogida.
Para que esa reforma entre en vigor, tiene que ser aprobada en segunda legislatura, es decir el próximo año.
A mediados de febrero de 2025, Nicaragua puso en vigor una reforma profunda a la Constitución Política que transforma el Estado, elimina el balance de poderes y otorga un poder total a Ortega y Murillo, quienes ahora tienen el cargo de copresidentes, y que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses.
Esa enmienda amplía de cinco a seis años el periodo presidencial, establece la figura de “copresidenta”, que el Ejecutivo “coordine” los demás “órganos” del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legaliza la apatridia.
Además, crea las “fuerzas militares de reserva patriótica” y la “policía voluntaria” que, según los opositores, se tratarían de fuerzas parapoliciales y paramilitares.
Los legisladores, a petición de Ortega, reformaron 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y derogaron otros 37, incluido el que prohibía la práctica de la tortura. También incluyeron como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007.
Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, gobierna Nicaragua desde 2017 junto con su esposa Murillo en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia.
(Con información de EFE)