El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo 632, con el cual se identifica oficialmente como grupos armados organizados a tres estructuras criminales que operan dentro del territorio ecuatoriano, cerca de los bordes fronterizos: el Frente Oliver Sinisterra, las Disidencias Comuneros del Sur y los Comandos de la Frontera. Esta decisión se enmarca en el contexto del conflicto armado interno que vive el país desde enero de 2024.
Con esta nueva identificación, las tres estructuras pasan a formar parte de la lista oficial de actores no estatales beligerantes que atentan contra la seguridad pública, la integridad territorial y el orden constitucional, de acuerdo con los decretos previamente emitidos por el Ejecutivo.
Según el nuevo decreto, la medida se basa en un informe del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), clasificado como secreto, que recoge evidencia sobre la incidencia de estos grupos armados en la zona de frontera.
En particular, el documento menciona la emboscada del 9 de mayo en el Alto Punino, en la Amazonía ecuatoriana, donde once militares del Ejército fueron asesinados en una operación contra la minería ilegal. Ese ataque fue atribuido a los Comandos de la Frontera, una estructura armada vinculada a disidencias de las FARC colombianas que ya había sido señalada por autoridades y reportajes periodísticos por su presencia en las provincias de Orellana y Sucumbíos.
El Frente Oliver Sinisterra, por su parte, es una facción disidente de las FARC que opera principalmente en la frontera entre Colombia y Ecuador, especialmente en la zona de Tumaco y Esmeraldas. Esta organización ha sido responsable de varios ataques y secuestros, incluyendo el secuestro y asesinato de tres trabajadores del diario El Comercio en 2018, un hecho que marcó profundamente la memoria colectiva del país y puso en evidencia la debilidad del Estado en la zona limítrofe.
Las Disidencias Comuneros del Sur, aunque menos conocidas públicamente, también tienen vínculos con grupos armados colombianos y operan en áreas fronterizas del sur de Ecuador, donde se han reportado actividades relacionadas con el tráfico de drogas y armas, así como presiones sobre comunidades rurales.
En el decreto, Noboa fundamenta su decisión en varios artículos de la Constitución, del Código Orgánico Integral Penal, de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, y en instrumentos internacionales como los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo II Adicional. A partir de esas bases legales, sostiene que estas organizaciones cumplen las condiciones de grupos armados organizados implicados en un conflicto armado no internacional. El mandatario recuerda que estos conflictos se caracterizan por la violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos organizados que actúan bajo una dirección responsable y ejercen control sobre una parte del territorio.
La decisión implica que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán aplicar medidas propias del contexto de un conflicto armado interno, sin necesidad de declarar nuevos estados de excepción, conforme lo dispuesto en la normativa vigente. Además, habilita la coordinación nacional e internacional con organismos de inteligencia, tal como se estipula en la disposición general segunda del decreto.
Desde que asumió la presidencia en noviembre de 2023, Daniel Noboa ha implementado una serie de medidas excepcionales en materia de seguridad. En enero de 2024, tras una serie de motines carcelarios, atentados con explosivos y asesinatos selectivos atribuidos a mafias del narcotráfico, el gobierno declaró un estado de excepción nacional y reconoció la existencia de un conflicto armado interno, identificando a una veintena de grupos como terroristas y beligerantes.
En lo inmediato, el decreto compromete al Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y al CIES a ejecutar acciones coordinadas contra estos grupos. También se abre la posibilidad de articular esfuerzos con agencias internacionales de inteligencia.
Este decreto refleja el giro hacia un enfoque más militarizado en la respuesta estatal frente al crimen organizado. Las declaraciones recientes del comandante general del Ejército, Henry Delgado, sobre posibles filtraciones internas que habrían facilitado la emboscada, así como las denuncias de corrupción y cooptación institucional, refuerzan la percepción de que el conflicto armado no solo se libra en las selvas del país, sino también dentro de las propias estructuras del Estado.