El proceso para designar a la nueva o nuevo fiscal general del Estado —en reemplazo de Diana Salazar, cuyo periodo concluyó en abril de 2025— es uno de los más esperados y observados tanto en Ecuador como a nivel internacional.
En medio de una institucionalidad marcada por las prórrogas, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, asegura que el país podría contar con nuevas autoridades en un plazo máximo de seis meses, si se aprueba la mañana de este 9 de mayo un nuevo reglamento para los comisionados de selección.
El documento, que según Fantoni ha sido trabajado con todos los consejeros, busca resolver fallas estructurales que han permitido demoras de años en los concursos públicos. Entre sus principales cambios están la incorporación de límites de tiempo, mecanismos de control más estrictos y sanciones a comisionados que obstaculicen los procesos. Además, se incorpora una evaluación oral a los postulantes y se fortalece el rol de la ciudadanía a través de las veedurías.
Fantoni recibió en exclusiva a Infobae en su despacho en Quito. En el diálogo detalló cómo se desarrollará el concurso para elegir al reemplazo de Salazar, cómo se busca evitar la infiltración del crimen organizado en los procesos de selección, y qué implicaría la eliminación del CPCCS en caso de una eventual Asamblea Constituyente. Fantoni es un educador guayaquileño de 37 años, licenciado en Ciencias de la Educación con mención en Gerencia Educativa y máster en Orientación Vocacional. Desde abril de 2024, preside el Consejo de Participación, donde ha impulsado reformas para fortalecer la transparencia en la designación de autoridades y ha representado al Ecuador en foros internacionales sobre lucha contra la corrupción, según consta en la información oficial de la institución.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una institución inédita en Ecuador, creada por la Constitución de 2008 con el objetivo de fortalecer la democracia participativa. Su principal competencia es la designación, mediante concursos públicos de méritos y oposición con veeduría ciudadana, de las máximas autoridades de control del Estado.
Esta función nominadora ha convertido al CPCCS en un actor clave en la arquitectura institucional ecuatoriana, pero también en blanco frecuente de críticas por su exposición a presiones políticas y por las prolongadas demoras en los procesos de selección. Se supone que sus miembros deben ser apartidistas, pero la realidad ha demostrado, como con el caso Ligados, que las fuerzas políticas infiltran a sus fichas en el CPCCS para apropiarse de las instituciones estatales con la designación de autoridades.
– ¿Qué nos puede decir sobre cómo se han desarrollado los procesos de selección de autoridades en los que usted ha participado y cuáles han sido las lecciones para los concursos subsiguientes?
Es importante, primero, el rol protagónico de la ciudadanía, que sea parte de cada uno de los procesos de mérito y oposición que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hemos salido de 13 autoridades prorrogadas. Es una gran labor, ardua. Nos quedan algunas pocas: Defensoría del Pueblo, TC, CNE, Fiscalía General del Estado… Estamos en este momento dando una solución de origen, esto quiere decir una nueva reglamentación para los comisionados ciudadanos de selección, para salir mucho más rápido en los concursos. Que los concursos tengan reglas claras, techo de tiempo, no como el actual, que no limita los tiempos dentro de las fases, y es por eso que lo estamos elaborando. Mañana (9 de mayo) se aprobaría esto en una sesión extraordinaria a las 11 de la mañana…
– ¿Cómo funciona el proceso de selección en el caso de la Fiscalía General del Estado, pensando en una audiencia internacional que no conoce cómo opera este concurso?
A ver, el concurso es llevado por un jurado, que se llama comisión de selección. Son cinco representantes de las funciones del Estado —Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia—, y cinco ciudadanos que pasan por una fase de mérito, revisión de credenciales, tanto en la parte profesional, académica, y también por una impugnación ciudadana. Este jurado lleva los concursos. Nosotros revisamos que se cumpla, que no exista ningún proceso inadecuado. Se hace la fase de mérito, se verifica la experiencia, luego viene la impugnación ciudadana, después la oposición, que son pruebas escritas y orales. Tiene que tener mínimo 10 años de experiencia. Y si ha tenido la defensa de algún narcotraficante, trata, abuso de niños, no va a poder participar.
– ¿Ya está en firme el reglamento para el concurso de fiscal o piensan hacer algún cambio?
Sí, ya está. Es un reglamento fortalecido, que incluye la oralidad y blinda mucho para que los GDO (Grupos de Delicuencia Organizada) no se inmiscuyan en el mismo. Hemos hecho un reglamento muy fuerte para tener la mejor autoridad, la que se merece el país.
– ¿El CPCCS ha tomado medidas de depuración no solo en el reglamento, sino también en los comisionados o veedores que participan en estos procesos?
Sí. Insisto: no solo es revisión de un equipo técnico. También vigilancia sobre los funcionarios del CPCCS, para ver que no tengan inhabilidades ni procesos judiciales. Los veedores son el contrapeso ciudadano. Si tienen conocimiento de algún vínculo de un postulante, pueden impugnar. Tenemos más de 460 veedores. Estamos en etapa de acreditación. Es corresponsabilidad ciudadana…
– ¿Han identificado filtraciones del crimen organizado en algún concurso desde que usted es presidente?
Al día de hoy, no. Seguiremos haciendo las verificaciones del caso. Esperemos que no suceda. Este concurso es muy sensible, el más importante… Queremos exposición pública de los postulantes, para que la ciudadanía pueda hacer deliberación y verificación. Si hay alguna traba o nexo, necesitamos que se nos colabore. También el rol de la prensa es fundamental… Hasta podría haber una veeduría internacional, en caso de que alguna ONG nos escuche, son bienvenidos si desean. Tenemos las puertas abiertas.
– ¿Cuánto tiempo tomará este proceso? Se ha hablado de que las prórrogas podrían durar uno o dos años…
La falencia del Consejo es primero el poco personal que tiene. Y segundo, una problemática de origen que estamos resolviendo con el reglamento de los comisionados de selección. Antes, si un comisionado se quería desconectar, el proceso se paralizaba. Con el nuevo procedimiento, los concursos no deben demorar más de cuatro meses, y si hay situaciones no previstas, la comisión tiene máximo dos meses más. Cesando a los comisionados que no cumplan y principalizando nuevos… Máximo seis meses. Nuestra responsabilidad es que no existan prorrogados.
– ¿Los demás consejeros apoyarán este nuevo reglamento? ¿Está asegurada su aprobación?
… Yo hice una moción hace menos de dos años para que existan mesas técnicas. Todos los consejeros, sus asesores y coordinaciones técnicas han sido partícipes de la verificación del reglamento. Hay voluntad para aprobarlo. Y no solo se podrá elegir a la nueva fiscal, sino también a otras autoridades.
– ¿Cómo es la relación del Consejo con los otros poderes del Estado?
Cordial. No nos entrometemos en otras funciones ni permitimos que lo hagan con nosotros. Con el Ejecutivo tenemos que gestionar presupuestos con Finanzas. Lo que ha pasado en el Consejo (en referencia a casos como los exconsejeros correístas procesados por asociación ilícita) es lamentable, pero no es culpa de la entidad, sino de personas que no han estado a la altura.
– Una de las propuestas del Gobierno es eliminar el CPCCS a través de una Constituyente. ¿Qué piensa de esa posibilidad?
Me permito hablar no solo como autoridad, sino como ciudadano. Para tener resultados sociales positivos hay que unir a la gente. Hay muchos mecanismos de participación: observatorios, veedurías, comités de usuarios, presupuestos participativos. Si regresamos a la época del Congreso, no había impugnación ni participación. Eliminar esto (en referencia a los mecanismos de participación ciudadana) sería un retroceso.
– ¿Y cómo recuperar la confianza ciudadana luego de casos como el de los exconsejeros correístas procesados?
Con acciones y trabajo. No es la institución, son las personas que llegan con otros propósitos. La ciudadanía se da cuenta cuando hay injerencia política. Hemos trabajado en procesos pedagógicos, cambio de sede, nuevos consejeros independientes. Necesitamos ser más rigurosos: si un postulante habla o se pone la camiseta de un partido, no debió llegar. Y también necesitamos independencia económica, para no depender de ningún poder del Estado.
– ¿Entonces, con la aprobación de este reglamento, Ecuador tendría nuevas autoridades en seis meses?
Sí. La consigna institucional es diciembre. Máximo febrero, si tenemos todo lo necesario: recursos, equipo técnico, operación. No más de seis meses.