Las amenazas del Gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles al Ejecutivo mexicano, si no hacía más para controlar los flujos ilícitos de fentanilo hacia su territorio, han puesto nueva atención sobre el creciente problema del crimen organizado transnacional que ha generado violencia y corrupción en todos los niveles en México.
Este trabajo, basado en la investigación del autor a través de entrevistas con altos funcionarios de seguridad mexicanos en Ciudad de México en marzo de 2025, examina la evolución del crimen organizado transnacional en el país y la respuesta del Gobierno mexicano, con el apoyo de Estados Unidos y otros socios.
Los principales factores que impulsan las dinámicas del crimen organizado transnacional en México son los flujos de cocaína a través del país, destinados en gran medida a mercados europeos y asiáticos, así como la producción de fentanilo a partir de precursores provenientes de China y otros países, principalmente orientada hacia la exportación a Estados Unidos.
Además, otras actividades ilícitas, como el robo de combustibles (huachicol), el contrabando y la explotación de migrantes que transitan por el país, la extorsión y el secuestro, la minería ilegal y el lavado de dinero, también han alimentado la evolución de la economía ilícita de México.
En lo que respecta a los asesinatos y otras formas de violencia en México, las armas -incluidas armas largas importadas desde Estados Unidos, armas adquiridas en el mercado negro provenientes de guerras en Centroamérica y otras partes del mundo-, drones y otros productos militares principalmente de la República Popular China (RPCh), así como una gran y bien desarrollada industria doméstica ilícita para vehículos y suministros militares, contribuyen a la letalidad de los múltiples conflictos en curso dentro del país.
Las dinámicas del crimen organizado en México, los grupos nacionales e internacionales involucrados, y los patrones de violencia han evolucionado significativamente en casi dos décadas desde 2006, cuando el presidente mexicano Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles de la droga debido a la escalada de violencia y desplegó tropas federales en Michoacán como respuesta.
Este trabajo analiza esas dinámicas, su evolución y la respuesta del Ejecutivo mexicano, en coordinación con Estados Unidos y otros socios.
Antecedentes
Las dinámicas ilícitas contemporáneas en México han evolucionado significativamente durante el último siglo desde las guerras mundiales, cuando estados mexicanos como Sinaloa producían heroína, primero de manera legal en respuesta a la demanda en tiempos de guerra del mercado estadounidense y, más tarde, de forma ilegal y a mayor escala.
Durante la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores, se sumaron las necesidades de la economía estadounidense de mano de obra, incluido el programa Braceros, que llevó trabajadores agrícolas migrantes estacionales de México a Estados Unidos entre 1942 y 1964. Aunque el papel subyacente de la demanda estadounidense como motor era el mismo, los flujos de migrantes y sustancias ilícitas estaban limitados.
En lo que se refiere a las drogas, en la década de 1970, en respuesta a la demanda cambiante del mercado estadounidense, los envíos ilícitos de México a Estados Unidos evolucionaron de heroína a marihuana y luego a cocaína. La represión en la década de 1980 de las rutas marítimas de contrabando de cocaína a través del Caribe llevó a una mayor dependencia de las rutas terrestres a través de Centroamérica y México.
En la década de 1990, el desmantelamiento de los poderosos cárteles de Medellín y Cali en Colombia, que previamente habían organizado y dominado gran parte del comercio internacional de cocaína, abrió espacio para que los intermediarios mexicanos se convirtieran en actores más poderosos respecto a esos flujos en la región, todavía predominantemente orientados hacia el mercado estadounidense.
Durante este período, los principales cárteles de México evolucionaron y aumentaron su poder, inicialmente estructurados en torno a agrupaciones familiares, como el “Cártel del Golfo”, de Juan García Ábrego, y el “Cártel de Guadalajara”, con base en Sinaloa, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo.
Posteriormente, estas organizaciones se dividieron en grupos dirigidos por el clan Arellano Félix (Tijuana), el clan Carrillo Fuentes (Juárez) y una organización con base en Sinaloa liderada por Joaquín (“El Chapo”) Guzmán Loera.
A principios de la década de 2000, las rivalidades entre grupos provocaron una escalada de conflictos.
Esto incluyó un intento del Cártel de Sinaloa de expandirse hacia el territorio del Cártel del Golfo a lo que, en respuesta, Osiel Cárdenas Guillén, líder de este último, creó un brazo armado reclutando a exmilitares mexicanos, conocidos como los Zetas.
El éxito de esta militarización en la lucha por el territorio fue rápidamente imitado por el Cártel de Sinaloa y, posteriormente, por otros grupos, lo que provocó una expansión dramática del nivel de violencia.
En 2006, el Gobierno del entonces nuevo presidente Felipe Calderón desplegó al Ejército en Michoacán y, posteriormente, en el resto del país. Además, el objetivo de las fuerzas del Ejecutivo mexicano de desarticular el liderazgo de los cárteles fragmentó estas estructuras y las forzó a diversificarse.
Para la década de 2010, los dos a cuatro cárteles principales que dominaban originalmente en México se habían desintegrado en cientos de grupos criminales, incluidos fragmentos de las organizaciones familiares originales, cuyo liderazgo había sido eliminado tanto por el Gobierno como por otros cárteles.
También surgieron ramas armadas de estas organizaciones, que a veces eran tan pequeñas como pandillas locales afiliadas, además de grupos de autodefensas creados inicialmente para resistir la invasión de sus territorios por parte de grupos criminales, pero que terminaron convirtiéndose en empresas criminales corruptas.
A esto se sumaron diversas entidades locales con vínculos criminales.
Un factor adicional que moldeó la evolución de las dinámicas criminales en México fue la formación de brazos armados para proteger a los cárteles o incursionar en el territorio de otros. Estas entidades comenzaron a diversificarse en actividades como la extorsión, el secuestro, el robo y otras actividades delictivas para financiarse.
Además de estas dinámicas, el creciente flujo de migrantes, inicialmente provenientes de Centroamérica y que cruzaban por México, y más tarde de países como Venezuela, Cuba, Haití y Ecuador, entre otros, generó ingresos para los traficantes de personas y varias industrias de trata de personas.
Los ingresos de estas actividades llegaron a niveles que rivalizaban e incluso superaban, en ocasiones, a los generados por la producción y el tráfico de drogas.
La diversificación de las actividades criminales en México se expandió también hacia el robo de combustible (huachicol), particularmente alrededor de grandes refinerías, como la de Guanajuato, así como hacia el robo en ductos que transportan tanto petróleo crudo como productos refinados hacia Estados Unidos, incluyendo los situados en el estado de Tamaulipas y en otras partes del país.
En la década de 2000, la naturaleza de la industria de drogas ilícitas en México comenzó a cambiar con la aparición de la producción y el tráfico de drogas sintéticas.
Esta industria se enfocó inicialmente en la producción de metanfetaminas, producidas en laboratorios de México a partir de precursores químicos provenientes de China.
Sin embargo, durante la década de 2010, aumentó considerablemente la producción de fentanilo, principalmente destinado al mercado estadounidense.
Esta dinámica se intensificó debido a la crisis de opioides en el gigante norteamericano, que inicialmente provocó un aumento en la producción de heroína como sustituto del analgésico oxicodona, así como también de fentanilo, con efectos similares a los opioides.
En la competencia fragmentada y violenta entre grupos criminales en México durante la década de 2020, dos organizaciones llegaron a dominar: el Cártel de Sinaloa, con una estructura criminal principalmente basada en franquicias, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), más centralizado y violento.
Ambos grupos libraron “guerras por encargo”, apoyando a rivales locales del otro en distintas partes de México, en las luchas por el control de las rutas de drogas y otras fuentes de ingresos ilícitos.
Tras la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder desde hace tiempo del Cártel de Sinaloa, al sistema judicial de Estados Unidos, el control del cártel, aunque seguía siendo funcional, quedó dividido entre uno de sus líderes originales, “El Mayo” Zambada, y los hijos de “El Chapo”, conocidos como “La Chapiza”.
En el transcurso de estas luchas por las “plazas” (puntos clave de las rutas del narcotráfico) en México, el Cártel de Sinaloa llegó a dominar gran parte del territorio en el noroeste del país, hasta llegar a la frontera con Estados Unidos.
Esta posición consolidó su enfoque en el mercado estadounidense y en el suministro de fentanilo, la droga más demandada por dicho mercado, producida en laboratorios ubicados en el estado de Sinaloa bajo el control del grupo.
Por otro lado, el CJNG, que llegó a dominar la costa central del Pacífico de México y que realizó algunas incursiones en la costa atlántica central del país, se enfocó más en el mercado europeo, al cual podía acceder desde los puertos de la costa del Pacífico.
En consecuencia, también tendió a centrarse más en la cocaína, que podía importar desde la región andina, incluyendo Colombia, Perú y Ecuador, y que alcanzaba en Europa un precio en las calles de casi el doble de lo que se pagaba por la droga en los Estados Unidos.
El CJNG también se enfocó en drogas sintéticas no basadas en fentanilo, las cuales eran más populares en el mercado europeo que el fentanilo.
En cada estado de México, el nivel de violencia y las dinámicas delictivas llegaron a reflejar las operaciones y competencias entre los dos principales grupos, sus aliados, y grupos heredados y locales, que manejaban los flujos de estas diversas drogas para diferentes mercados, además de otras actividades ilícitas facilitadas por la base económica de cada estado y sus condiciones, desde el robo de petróleo y la extorsión en el sector turístico, hasta el tráfico de personas.
La siguiente sección examina el estado de los cárteles y las dinámicas delictivas en un subconjunto selecto de los principales estados de México. Debe considerarse como una “instantánea” tomada a principios de 2025 de lo que sigue siendo una lucha compleja y en evolución.
Las dinámicas criminales en diferentes estados de México
Un estudio realizado en 2022 por el centro de investigación Lantia identificó 442 grupos criminales en México, destacando el grado de fragmentación del panorama delictivo que ha ocurrido desde que el presidente Felipe Calderón desplegó por primera vez al ejército mexicano en Michoacán en 2006 como respuesta a la escalada de violencia de los cárteles.
Como se mencionó anteriormente, la evolución de la dinámica delictiva en México ha sido moldeada por múltiples factores, incluyendo la dominación del Cártel de Sinaloa sobre las rutas hacia los Estados Unidos en el noroeste del país, y su consecuente concentración en el comercio de fentanilo, junto con la dominación de la costa central del Pacífico mexicano por parte del CJNG y su correspondiente enfoque en el envío de cocaína hacia Europa y Asia.
En todo México, pero particularmente en puntos clave definidos por infraestructura petrolera -como Guanajuato- el robo de petróleo y la lucha por el control de los activos petroleros que pueden ser saqueados han continuado desempeñando un papel importante en las dinámicas delictivas.
En el noreste, y a lo largo de la costa atlántica, el fracaso de múltiples intentos previos por parte del CJNG para consolidar el control territorial ha dejado el panorama en una situación de control fragmentado por otros grupos.
En el sur del país, el tráfico y contrabando de personas, impulsado por el flujo de migrantes provenientes de fuera de la región que atraviesan México rumbo a los Estados Unidos, ha intensificado el conflicto en áreas que anteriormente presentaban menos violencia.
No obstante, la disminución en los flujos de migrantes a través de México, como consecuencia a largo plazo de las nuevas políticas de la Administración Trump en Estados Unidos, cambiará nuevamente esta dinámica.
Sinaloa
El estado de Sinaloa es el bastión del Cártel de Sinaloa, el cual, como se señaló anteriormente, se ha dividido en facciones desde la extradición de “El Chapo” Guzmán a Estados Unidos.
También es la principal zona para la fabricación de fentanilo a partir de precursores extranjeros, en su mayoría provenientes de China.
El estado cuenta además con múltiples “plazas”, principalmente nodos logísticos tanto para las drogas como para los migrantes que se dirigen a los Estados Unidos, y que, en consecuencia, son objeto de disputas entre grupos por el control de las oportunidades de ingresos ilícitos que estas plazas representan.
En junio de 2024, “El Mayo” Zambada fue “emboscado” por Chapito para abordar un avión que lo llevó a Estados Unidos, donde fue arrestado.
Desde ese momento, el estado de Sinaloa ha sido el foco de una amarga lucha entre las dos facciones dominantes del cártel: la “Mayiza”, conformada por los antiguos leales a “El Mayo” Zambada y ahora liderada por su hijo “El Mayito Flaco”; y la “Chapiza”, vinculada a los hijos de “El Chapo” Guzmán, considerados en su momento como la facción más poderosa del Cártel de Sinaloa.
Debido a las artimañas para capturar a El Mayo y trasladarlo a los Estados Unidos, la lucha actual se considera una “guerra de honor”, con perspectivas inciertas sobre cómo terminará.
Antes de la traición, supuestamente se estaba negociando un acuerdo de cooperación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra su rival interno, El Mayo Zambada, pero la forma en que se atrajo a El Mayo al avión y se lo llevó contra su voluntad a los Estados Unidos, aparentemente llevó a la cancelación del acuerdo.
Otros grupos involucrados en la lucha criminal en el estado de Sinaloa incluyen una facción liderada por Aureliano “El Guano” Guzmán Loera, hermano de El Chapo, y Los Rusos, quienes al parecer se mantienen al margen esperando ver quién prevalece.
En esta disputa, el Cártel de Caborca, anteriormente liderado por Rafael Caro Quintero, también estaba ganando importancia debido a su control sobre Nogales, un punto clave de entrada para el tráfico de migrantes hacia los Estados Unidos, el cual, según informes, dirigía desde prisión hasta que fue extraditado a los Estados Unidos en marzo de 2025, una de las 29 extradiciones aceleradas acordadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum en ese mes.
En el propio Sinaloa, debido a que la tecnología para crear laboratorios de fentanilo es relativamente económica, también ha habido un auge en el número de laboratorios locales, con una variación en la calidad, lo que ha contribuido a sobredosis entre los usuarios en los Estados Unidos, así como a una caída dramática del precio, de 12.000 dólares (11.300 euros) a tan solo 3.000 dólares (2.830 euros).
Los grupos del cártel en competencia, particularmente la Chapiza, aparentemente intensificaron el control sobre la “autorización” de laboratorios, tanto para reducir la calidad desigual, la producción masiva y las sobredosis que los convirtieron en un blanco de las presiones de las autoridades antidrogas de Estados Unidos sobre México, como para controlar los precios.
Para marzo de 2025, Sinaloa había logrado cierto control sobre la producción, reduciendo el volumen y restaurando los precios a aproximadamente 6.000 dólares (5.660 euros).
Chihuahua
Dado que el estado de Chihuahua tiene condiciones similares a un desierto y está escasamente poblado, la principal plaza y objeto de lucha allí ha sido tradicionalmente la ciudad de Juárez y las carreteras que conducen a la frontera desde otras partes de México.
El área fue tradicionalmente dominada por la organización de tráfico de drogas Carrillo Fuentes (Cártel de Juárez) aunque, a finales de la década de 2000, se convirtió en objeto de una intensa lucha entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez, apoyado por un entonces ascendente Cártel del Golfo y su brazo armado, Los Zetas.
Las luchas más recientes se han concentrado en La Línea, descendientes del Cártel de Juárez, alineados con el CJNG contra los Salgueiros, una fracción diferente de la organización respaldada por el Cártel de Sinaloa.
Baja California
El extremo noroeste de México, la península de Baja California, y en particular el cruce fronterizo de Tijuana con los Estados Unidos, estuvo dominado por la organización de Armando Félix (el Cártel de Tijuana).
El CJNG intentó, sin éxito, ingresar al estado en la década anterior.
En los últimos años, la lucha por la plaza de Tijuana se ha enfriado un poco, con los descendientes del cártel centrándose más en sus inversiones inmobiliarias y el negocio del turismo en la zona, mientras colaboraban con el Cártel de Sinaloa en el flujo de drogas y migrantes a través de la plaza de Tijuana.
Sin embargo, la mencionada lucha interna entre los Mayizas y Chapizas en Sinaloa podría haber abierto la puerta a una mayor presencia del CJNG en Baja California en alianza con los Chapizas.
Tamaulipas
El estado de Tamaulipas cuenta con tres cruces fronterizos hacia los Estados Unidos: Laredo, Reynosa y Matamoros. Todos han sido objeto de lucha entre grupos criminales.
Desde la década de 1980 hasta la década de 2010, la economía criminal del estado estuvo dominada por el Cártel del Golfo.
La caída de los líderes del Cártel del Golfo, su lucha con la organización militar que ellos mismos crearon, Los Zetas, la eliminación de líderes de los Zetas y los intentos de grupos externos, incluido el CJNG, de apoderarse de las plazas en el estado, contribuyeron a la violencia.
Actualmente, las plazas de Reynosa y Matamoros están supuestamente dominadas por descendientes del Cártel del Golfo: los Ciclones, Metros y Escorpiones, entre otros.
Mientras tanto, la parte occidental del estado, con la plaza de Matamoros, está dominada por el Cártel del Noreste, una escisión de Los Zetas.
Actualmente, la violencia es menor que en años anteriores, con una relativa división del trabajo entre los grupos respecto al flujo de personas y drogas a través de las plazas que cada uno controla, sin mayores esfuerzos para desafiar las plazas rivales.
Nayarit
El estado de Nayarit, como una frontera efectiva entre el estado de Sinaloa al norte, dominado por facciones del Cártel de Sinaloa y Jalisco al sur, controlado por el CJNG, ha sido el foco de lucha entre los dos principales grupos, aunque la violencia allí, para marzo de 2025, era menor que en años anteriores.
Jalisco
La dominación del estado de Jalisco por el CJNG, y la relativa dificultad de otros grupos para desafiar el control del cártel allí, han limitado la violencia en el estado.
No obstante, la brutalidad ocurrida en Jalisco atrajo la atención internacional en marzo de 2025 cuando se descubrió una instalación de entrenamiento del CJNG, que se creía era un crematorio para desaparecer a las personas asesinadas, en el municipio jalisciense de Teuchitlán.
Zacatecas
El estado de Zacatecas, a pesar de ser un territorio disputado en el centro de México entre las áreas dominadas por Sinaloa y las controladas por el CJNG, ha sido relativamente pacífico.
Sin embargo, el descubrimiento en marzo de 2023 de un “megalaboratorio” para la producción de drogas sintéticas, predominantemente metanfetaminas destinadas al mercado europeo, ilustró la magnitud de la producción criminal que ocurre allí.
Michoacán
El estado de Michoacán ha sido escenario de algunos de los combates más intensos entre grupos armados en México, incluyendo el uso de drones de vigilancia, drones armados para ataques, minas terrestres, artefactos explosivos improvisados y vehículos blindados.
El norte montañoso del estado, cerca de Aguililla, es el lugar de nacimiento del líder del CJNG, “El Mencho”, posiblemente ya fallecido.
El puerto de Lázaro Cárdenas es un activo clave para los cárteles.
El dominio del CJNG sobre la economía criminal del estado se encuentra disputado en múltiples frentes por una serie de otros grupos, resultado de la fragmentación y recomposición de predecesores.
Estos incluyen los remanentes de los altamente violentos y militarizados La Familia Michoacana (LFM) y la organización Los Caballeros Templarios (LCT), que en su momento se escindió de ella.
También existen diversas autodefensas, creadas originalmente para combatir la extorsión y otros crímenes de los cárteles, pero que con el tiempo llegaron a estar respaldadas por cárteles rivales y fueron corrompidas por su implicación en el crimen organizado. El mayor de estos grupos es la organización conglomerada “Cárteles Unidos.”
Circularon rumores de que LFM estaba produciendo fentanilo en Michoacán, el único otro estado fuera de Sinaloa donde se estaría fabricando, aunque parece más probable que el grupo simplemente lo estuviera comprando y empaquetando para venderlo a través de sus redes criminales.
Colima
En el pequeño estado de Colima, ubicado entre Sinaloa, dominado por el Cártel de Sinaloa y Jalisco, y controlado por el CJNG, existe una lucha continua por el importante puerto de Manzanillo.
La importancia estratégica del puerto y el territorio para las ganancias del narcotráfico ha convertido a la ciudad de Colima en una de las más violentas del mundo.
En 2024 y durante ocho de los últimos diez años, Colima fue el estado más violento de México.
El último año, la tasa de homicidios en el estado superó los 110 por cada 100.000 personas.
Además del CJNG, la lucha involucra principalmente a la facción Mayisa del Cártel de Sinaloa (también llamado “Cártel del Pacífico”) y al previamente mencionado Cártel del Noreste (Zetas).
Guerrero
El estado de Guerrero es uno de los escenarios más complejos de violencia en México, con un estimado de 90 grupos armados operando allí.
La violencia refleja el extremo subdesarrollo y desigualdad en la región, que alguna vez dio lugar a un movimiento guerrillero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), junto con la fragmentación geográfica relativa de las comunidades y una cultura política violenta.
El mayor de los grupos que actualmente operan en el estado es Los Rojos, una escisión de la antigua organización de tráfico de drogas de los Beltrán Leyva (BLO), aunque cada subregión del estado refleja luchas entre diferentes grupos. Estas incluyen la disputa por la ciudad portuaria de Acapulco entre el CJNG, el local “Cártel Independiente de Acapulco” y Los Rusos.
En el centro del estado, hay una lucha entre Los Ardillos y los ya mencionados Cárteles Unidos, Guerreros Unidos y Los Tlacos.
La región de la “Costa Grande,” al noroeste de Acapulco, es disputada entre el CJNG, LFM, los Granados, los Maldonados y Los Viagras.
La “Costa Chica,” al sureste, enfrenta conflictos entre Los Ardillos, los ya mencionados Rusos, los Añorve y el grupo Carrillo.
Las tierras bajas en el noroeste, fronterizas con Michoacán, conocidas como “Tierra Caliente”, son disputadas entre el CJNG, LFM, los ya mencionados Rojos y Los Tequileros. El norte del estado es escenario de luchas entre LFM, Guerreros Unidos, Los Tlacos y La Bandera.
La región montañosa del sureste es disputada entre Los Tlacos y Los Ardillos.
Guanajuato
La dinámica criminal de Guanajuato continúa siendo dominada por la lucha en torno al robo y tráfico de combustible (huachicol).
El motor central de este conflicto es la refinería de Salamanca, operada en el estado por la empresa petrolera mexicana PEMEX.
Los remanentes del cartel de Santa Rosa de Lima, que fueron un foco temprano para la administración anterior de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presuntamente continúan colaborando con una facción del CJNG liderada por Tony Montana, mientras que el cartel de Sinaloa intenta disputar el territorio.
Tabasco
El estado de Tabasco, hogar del rancho del ex presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “La Chingada,” ha sido escenario de un inusual incremento de violencia durante el último año.
Según informes, esta violencia refleja una lucha por las rutas del tráfico de migrantes, lo cual ha impactado a múltiples estados en la región sur de México.
En el caso de Tabasco, se reporta que nuevos grupos criminales han ganado terreno en un espacio que tradicionalmente estaba dominado por el CJNG.
Veracruz
La violencia en el estado de Veracruz ha disminuido en cierta medida desde el final del sexenio de AMLO y se ha desplazado del puerto y la ciudad de Veracruz hacia áreas periféricas dentro del estado, como la población de Jalapa.
El puerto de Veracruz, anteriormente dominado por el Clan del Golfo, se convirtió en objeto de disputa entre representantes del emergente CJNG.
Un estudio de 2024 realizado por la firma mexicana AC Consultants identifica al menos siete grupos que continúan operando en el estado, incluyendo al CJNG, remanentes del Cartel del Golfo como las Fuerzas Especiales Grupo Sombra, el Cartel del Noreste (Zetas) y el Cartel de Sinaloa.
Quintana Roo
En Quintana Roo y el resto de la península de Yucatán, la principal actividad económica es el turismo, con actividades ilegales enfocadas en la extorsión a negocios turísticos y el tráfico de personas.
Estas actividades involucran una amplia gama de grupos, incluidas mafias rusas y cubanas que operan en la zona turística, entre otras.
Las autoridades mexicanas registran la presencia de elementos del CJNG, el cartel de Sinaloa, el Clan del Golfo y el Cartel del Noreste (Zetas) en la región.
En los últimos años, varios incidentes sangrientos, incluido un ataque en julio de 2024 con hombres armados en motos acuáticas contra objetivos en un resort de Cancún, sirven como recordatorio de la naturaleza problemática y disputada de la zona, aunque no está plagada de violencia a gran escala, de manera regular.
Estado de México
El foco de la dinámica criminal en el Estado de México es la extorsión a los negocios que operan en la zona industrial alrededor de Toluca.
Se reporta que la parte occidental del Estado de México está dominada por La Familia Michoacana aunque también se indica la presencia de grupos afiliados al CJNG en el estado.
La lucha entre grupos por el control de partes del estado lo ha colocado como el segundo más violento de México.
Ciudad de México
Aunque el distrito de la capital nacional de México generalmente no está dominado por ninguna de las principales organizaciones de cárteles nacionales, prácticamente todos los grupos importantes tienen conexiones en la ciudad, incluidos pequeños grupos que operan allí.
En mayo de 2024, un informe de la Fiscalía de la Ciudad de México reconoció la operación de al menos siete grandes grupos criminales en la metrópoli.
La configuración de estos grupos es fluida, centrada en productos de contrabando, extorsión y otros negocios ilícitos.
Los más importantes incluyen la Unión de Tepito, el Cartel de Tláhuac, Ojos (“Mano con ojos”) y los “Anti-Unión” (enfocados principalmente en oponerse a la Unión de Tepito). También se informa sobre una alianza entre la Unión de Tepito y el CJNG, mientras que otros grupos incluyen Molinos, Catalinos, Rodolfos y Ronda 88.
El contrabando, particularmente de productos de origen chino y establecimientos minoristas propiedad de chinos, se ha expandido en los últimos años más allá de Tepito, famoso por sus mercados informales especializados en este tipo de bienes.
En julio de 2024, el gobierno de Sheinbaum tomó medidas simbólicas contra este comercio, aunque solo actuó contra una de las cientos de tiendas dedicadas a este negocio, China Mart en la Plaza Izaga 89.
La respuesta del Gobierno Mexicano
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum no ha cambiado sustancialmente las políticas de su predecesor y mentor, AMLO, ha adoptado una postura más agresiva frente al crimen en México, incluyendo cambios organizativos y de liderazgo.
Sus acciones representan intentos razonables y tecnocráticos de abordar problemas manifestados durante el sexenio de AMLO y de apaciguar a la administración de Trump en Estados Unidos respecto a la voluntad del Gobierno mexicano para actuar.
Sin embargo, no está claro si la magnitud de la violencia criminal y la penetración corrupta del crimen organizado en todos los niveles del gobierno mexicano harán que sus cambios sean insuficientes o demasiado tardíos.
La presidenta Sheinbaum ha designado a su confiable jefe de seguridad de su época como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y le ha otorgado a esta entidad poderes ampliados, incluyendo, en cierta medida, supervisión sobre las operaciones militares de las fuerzas del orden del Ejército Mexicano (Defensa) y la Marina de México (Marina).
Harfuch, un ex policía con un historial relativamente positivo al apoyar a Sheinbaum en la Ciudad de México, es generalmente bien considerado por sus credenciales para el cargo.
En sus primeros meses en funciones, bajo el liderazgo de Harfuch, el aparato de seguridad mexicano llevó a cabo varias operaciones de alto perfil contra grupos criminales, sugiriendo una intención de adoptar una postura más agresiva que la de la administración anterior de AMLO.
Entre estas operaciones destaca la Operación Enjambre, en noviembre de 2024, en la que fueron arrestados siete funcionarios gubernamentales vinculados con los cárteles en el Estado de México.
No obstante, aunque Harfuch es capaz y cuenta con la confianza de Sheinbaum, algunas personas entrevistadas para este informe expresaron dudas sobre la capacidad que tendría para ejercer un liderazgo efectivo en el sector de seguridad, especialmente frente a un Ejército mexicano bien financiado y profundamente arraigado.
Esto es particularmente relevante considerando que la Guardia Nacional, que constituye la mayor parte de la policía mexicana, está bajo el control administrativo del Ejército, y que “la SSPC no cuenta con tropas propias”.
Reconociendo la falta de capacidades de investigación criminal en la policía federal, y posiblemente también reflejando la carencia de personal directamente bajo el mando de la SSPC, para abril de 2025, la organización buscaba construir una capacidad interna de investigación criminal dentro de la SSPC.
Más allá de la propia SSPC, Harfuch también busca fortalecer las capacidades de la nueva agencia de inteligencia de México, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y asignarle un rol más central en relación con las labores de inteligencia militar y de otras áreas, bajo la dirección de Francisco Almazán Barocio.
Parte de estos esfuerzos de coordinación involucran el uso de cinco “centros de fusión”, administrados por el CNI, pero que también aprovechan insumos del Ejército, la Marina y otras entidades.
Estos centros, establecidos durante sexenios anteriores, han recibido inversiones significativas en nueva tecnología, aunque no está claro hasta qué punto estas inversiones han mejorado la colaboración entre agencias y el desempeño analítico colectivo.
El más importante de estos centros de fusión se encuentra en la Ciudad de México. El segundo en importancia, ubicado en Ciudad Juárez, cubre el sector de la frontera norte, una región de gran relevancia estratégica en la lucha actual contra el flujo de drogas y migrantes hacia Estados Unidos, así como el flujo de armas y dinero de regreso hacia México.
Respecto al trabajo de Harfuch en la reconstrucción y reorientación del CNI, su predecesor, el CISEN, había sido considerado por muchos en México como una herramienta política utilizada para la inteligencia contra los opositores del régimen.
Actualmente, como parte de los esfuerzos de Harfuch por desarrollar una capacidad de investigación criminal dentro de la propia SSPC, se reporta que el líder está dedicando esfuerzos significativos a contratar personas con antecedentes policiales en el CNI, incluidas muchas personas conocidas por Harfuch debido a su trabajo en la Ciudad de México.
Sin embargo, algunos se han quejado de que el enfoque en las capacidades de investigación criminal va en detrimento de la capacidad de la organización como agencia de inteligencia estratégica. Otros están preocupados porque los recursos dedicados a fortalecer las capacidades investigativas del CNI están siendo desviados de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la organización de investigación policial dentro de la Fiscalía General de la República, que es el otro principal repositorio de capacidades de inteligencia policial tras el desmantelamiento de la policía federal bajo AMLO.
No obstante, algunos consultados para este informe sugieren que la priorización del CNI sobre la AIC era también necesaria debido a que esta última fue vista bajo AMLO como demasiado centrada en investigar criminalmente a los opositores del gobierno.
En cuanto a las investigaciones financieras contra grupos criminales, aunque la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) es considerada relativamente capaz, ha estado envuelta en varios escándalos recientes, incluyendo el despido de su exdirector, Santiago Nieto, en noviembre de 2021, por acusaciones de corrupción. Se espera que su actual director, Pablo Gómez, nombrado en los últimos meses del sexenio de AMLO, sea reemplazado pronto.
En el ámbito del apoyo del Ejército mexicano a la lucha contra los cárteles y la inseguridad interna, la recientemente creada Guardia Nacional ha avanzado en su consolidación como institución.
La Guardia ha recibido prioridad dentro del ámbito militar para su equipamiento, con nuevos vehículos y equipo, complementando lo heredado de su predecesora, la desmantelada Policía Federal.
Se ha establecido una trayectoria profesional dentro del Ejército Mexicano específicamente para la Guardia Nacional, tanto a nivel de tropa como de oficiales, incluyendo escuelas de formación técnica enfocadas en habilidades relacionadas con la Guardia y educación para el desarrollo de carrera.
La práctica de “prestar” personal del Ejército para llenar vacantes en la Guardia, que se aplicó durante su creación inicial, según se informa, ya no es generalmente necesaria.
Durante el periodo 2021-2024, la Marina de México retiró grupos clave de su personal de la Guardia.
Sin embargo, aquellos efectivos de la Marina que fueron contratados específicamente para servir en la Guardia han permanecido en ella incluso después de que la organización pasó formalmente bajo el control del Ejército, generando cierto choque cultural para aquellos que se han trasladado de la cultura organizacional de la Marina hacia la del Ejército, que ahora la administra.
Aunque la mayoría de los “desafíos de transición” relacionados con la Guardia Nacional ya se han superado, por diseño, la Guardia sigue centrada en su papel como fuerza de respuesta, enfocada en proporcionar seguridad y enfrentar a elementos criminales, en lugar de realizar investigaciones y labores de policía comunitaria, las cuales formaban parte de las competencias de la Policía Federal a la que ha reemplazado.
La cultura de la Guardia Nacional, como parte del Ejército, es notablemente más militar que policial.
Los nuevos miembros de la Guardia Nacional son enviados primero a un entrenamiento básico del Ejército y, posteriormente, a programas de capacitación correspondientes a sus especialidades policiales.
Aunque, a niveles superiores, oficiales de Defensa sin experiencia en la Guardia continúan supervisando unidades de alto nivel, y pese a que, en teoría, los ascensos desde las filas de la Guardia eventualmente serán la base para el liderazgo superior dentro de la institución, un alto general de Defensa consultado para este trabajo indicó directamente al autor que, incluso cuando la Guardia es formalmente una de las ramas de Defensa, es impensable que un general de la Guardia Nacional llegue a ocupar el cargo de Secretario de Defensa Nacional.
El conocimiento técnico en ciertas especialidades de la Guardia Nacional, como la vigilancia en carreteras, sigue siendo débil.
Se han reportado pérdidas de oportunidades en la recopilación de inteligencia debido a deficiencias de algunos integrantes de la Guardia Nacional en el conocimiento de las leyes de tránsito, fundamentales para realizar inspecciones legales durante paradas de tráfico y permitir la recolección de pruebas contra sospechosos.
En cuanto a las capacidades de investigación, aunque la Guardia Nacional cuenta con capacidades de inteligencia modestas y, en teoría, recibe inteligencia de la organización de defensa de inteligencia (G2), en la práctica, dicha inteligencia tiende a ser más operacional que de naturaleza criminal, creando una escasez de los tipos de inteligencia que podrían ayudar a las unidades de la Guardia a anticiparse y prevenir la violencia en las comunidades que protegen o en las áreas que supervisan.
De manera similar, se informa que la provisión de inteligencia criminal relevante a la Guardia a través del CNI, la AIC u otras fuentes, como entidades estatales y locales, es muy limitada.
Aunque en teoría México cuenta con policías estatales y federales para realizar labores de policía comunitaria, en la práctica, estas entidades, especialmente a nivel estatal y local, han sido sustancialmente corrompidas por su interacción con elementos criminales.
Además, estas organizaciones policiales han sido parcialmente desfinanciadas durante el último sexenio, debido a la reducción de las transferencias del gobierno federal hacia los estados y municipios que tradicionalmente ayudaban a cubrir los costos de seguridad.
Tampoco el gobierno actual de Sheinbaum, con una orientación más “centralista”, parece estar enfocado en soluciones descentralizadas para fortalecer las policías estatales y locales.
Por otro lado, algunos de los consultados para este trabajo argumentaron que el nivel actual de amenazas y sobornos por parte de grupos criminales en todo el país hace que una aproximación de policía más enfocada en la comunidad sea poco realista por el momento.
Con respecto a la rivalidad tradicional entre el Ejército (Defensa) y la Marina de México, y a pesar de la incorporación formal de la Guardia dentro de Defensa en el sexenio anterior, la situación de la Marina ha mejorado bajo el Gobierno de Sheinbaum, en comparación con el sexenio de AMLO, cuando el Ejército, bajo el general Luis Cresencio Sandoval, tuvo una relación muy cercana con el presidente y recibió la mayor parte de los privilegios e influencia, a medida que el papel de los militares en la seguridad y la administración de la economía nacional se expandió.
Según algunos entrevistados para este trabajo, la modesta mejora en la situación de la Marina refleja el hecho de que el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, trabajó estrechamente con la Marina durante su tiempo en la Ciudad de México, incluyendo el rol desempeñado por la Marina en responder e investigar un intento de asesinato en su contra en junio de 2020.
Hasta la fecha, la Guardia Nacional ha sido utilizada no solo para confrontar a organizaciones criminales trasnacionales (TOC, por sus siglas en inglés) y proporcionar seguridad en zonas donde ha estallado el conflicto, sino también para controlar las rutas de tránsito y restringir el flujo de migrantes a través del país.
Esto ha incluido el despliegue de 10.000 efectivos de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera con Estados Unidos, una cifra importante pero aún pequeña, dado que dicha frontera tiene una longitud de 4.828 kilómetros (3.000 millas).
Personal de la Guardia Nacional también ha sido utilizado para patrullar la frontera sur de México, así como puntos clave de transporte y rutas a lo largo del país para controlar los flujos migratorios.
Tanto el Ejército como la Marina de México han estado trabajando para modernizar sus capacidades, con el fin de apoyar tanto misiones tradicionales de seguridad interna como las misiones asignadas que incluyen operar y proteger infraestructura de transporte y otras instalaciones.
Para ambas, Defensa y Marina, el combate contra adversarios criminales fuertemente armados ha hecho que la priorización de blindaje más pesado sea una necesidad, así como la adquisición de vehículos con mayor blindaje inferior y chasis más resistentes a minas y dispositivos explosivos improvisados.
Para el Ejército, cuyos vehículos fueron atacados con drones explosivos en Chihuahua en febrero de 2025, el blindaje superior mejorado y los sistemas antidrón constituyen una prioridad.
La cobertura nacional de radares sigue siendo un desafío para las Fuerzas Armadas mexicanas.
Diferentes radares son operados por Defensa, Marina y la organización civil de control aéreo CENAVI, existiendo una falta de integración entre las imágenes aéreas proporcionadas por las tres entidades.
Según informes, Defensa cuenta con radares TPS-70 y busca actualizarlos a TPS-78, aunque hasta ahora no ha logrado asegurar los fondos para instalar aquellos que ya han sido adquiridos.
En cuanto a aeronaves, tanto Defensa como Marina han sufrido dificultades debido a la imposibilidad de obtener piezas y dar mantenimiento a sus helicópteros rusos, resultado de las sanciones impuestas a Rusia por su guerra en curso contra Ucrania.
La Marina ha tenido un poco más de éxito en este sentido, ya que ha construido un centro de mantenimiento de helicópteros en Veracruz que cuenta con la capacidad de dar servicio a equipos rusos.
El Ejército, que carece de una instalación de este tipo y que, según se informa, no ha deseado pedir ayuda a la Armada desde su instalación de mantenimiento, debe enviar los motores de sus helicópteros a una instalación de reabastecimiento en Kazajistán para realizar tareas de mantenimiento a nivel de depósito, lo que provoca que el helicóptero en mantenimiento quede fuera de servicio durante un año o más, mientras espera que el motor sea reparado y devuelto.
Tanto Defensa como Marina también han asumido una serie de responsabilidades durante la administración de AMLO, más allá de las misiones militares tradicionales, a menudo de naturaleza económica.
Para el Ejército, esto incluye la operación de 13 aeropuertos en el país, así como el Tren Maya destinado al turismo, además de varios complejos turísticos en las áreas circundantes. Esto también incluye la responsabilidad del Ejército de operar la aerolínea nacional mexicana bajo una organización paraguas llamada GAFSACOMM.
Para la Marina, las responsabilidades ampliadas incluyen la administración y la provisión de seguridad para los puertos del país, la operación de otro grupo de aeropuertos, incluido el principal aeropuerto internacional de México, Benito Juárez, y la supervisión de la seguridad en los puertos y rutas del Corredor Interoceánico, un proyecto de gran importancia para la presidenta Sheinbaum, que conecta los puertos de Veracruz y Salina Cruz, en Oaxaca, mediante rutas de carretera y ferrocarril.
Además, existen planes para diez “polos” de desarrollo logístico a lo largo de la ruta, con actividades de manufactura, distribución, almacenamiento y otras operaciones.
En todos estos casos, algunas personas entrevistadas para este trabajo expresaron preocupación de que las responsabilidades adicionales sean una distracción para las fuerzas armadas respecto de sus misiones más tradicionales.
Aunque ambas instituciones han recibido recursos adicionales, gran parte de estos se han destinado a apoyar el personal extra y los recursos necesarios para administrar esas responsabilidades ampliadas, en lugar de modernizar sus capacidades tradicionales de legado militar.
En el caso de Mexicana de Aviación, la obligación impuesta por el gobierno de que la Fuerza Aérea Mexicana (bajo Defensa) la opere, incluyendo el uso de sus propios aviones para cubrir ciertas rutas, así como las decisiones impuestas por el liderazgo político de México sobre cómo debía realizarse esto, han causado cierta frustración dentro de la Fuerza Aérea.
Con respecto a Defensa y Marina, la colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos ha continuado bajo la administración de AMLO y ahora con la de Sheinbaum, aunque esa colaboración puede haber sido algo más cercana con Marina.
México cuenta con 14 funcionarios de enlace en diversas instituciones y comandos estadounidenses, que van desde NORTHCOM hasta Army North, NAVNORTH, JIATF-South y la 3ª Flota, así como estudiantes en los colegios de guerra del Ejército y la Marina de Estados Unidos, entre otros.
Por su parte, Estados Unidos tiene un estudiante de nivel coronel en el colegio de guerra de mayor rango en México, aunque el número de funcionarios estadounidenses en instituciones mexicanas para coordinación no ha sido tan amplio como el de mexicanos en instituciones estadounidenses.
En cuanto a la coordinación, el jefe de NORTHCOM, el general Guillot, realizó una visita oficial a México con motivo del Día de la Independencia en septiembre de 2024, donde se dirigió a los colegios de guerra del Ejército y la Marina mexicanos.
Su adjunto, el teniente general Cardin, realizó una visita tan solo tres meses después, en diciembre.
México y Estados Unidos también tienen charlas nacionales de Estado Mayor regulares anuales, el BMCR, y charlas separadas por cada rama militar para la coordinación.
El jefe de Defensa, el general Trevilla Trejo, visitó al general Guillot en NORTHCOM en febrero de 2025.
En negociaciones recientes, Estados Unidos y México han acordado establecer un grupo de trabajo bilateral de seguridad que trabajará en cuatro áreas: asegurar la frontera, operaciones contra cárteles, control de flujos ilícitos de drogas, armas, personas y dinero, y el control de la demanda de drogas. Esta nueva estructura podría formar la base de un futuro marco de cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México.
Más allá de esta cooperación bilateral, México y Estados Unidos también trabajan juntos en una serie de ejercicios bilaterales y multilaterales, incluidos RIMPAC, UNITAS, Tradewinds, Panamax, FENIX y NAMSI (dos ejercicios), entre otros.
Las respectivas fuerzas armadas también están colaborando en los preparativos para la próxima Copa del Mundo, que incluirá múltiples eventos tanto en México como en Estados Unidos.
Conclusión
Bajo el nuevo gobierno de Sheinbaum, México, en coordinación con Estados Unidos, está tomando medidas para abordar los graves problemas de crimen transnacional y corrupción que enfrenta.
Sin embargo, la compleja y profundamente arraigada naturaleza de estos problemas continuará dificultando su resolución.
La capacidad de México para abordar con éxito sus desafíos en materia de seguridad seguirá siendo de vital importancia, tanto para su propio futuro como para el de su vecino, Estados Unidos.