Ni la ampliación del estado de emergencia ni el cambio de ministro del Interior han logrado mayores cambios en la lucha contra la inseguridad ciudadana; en su lugar, la tendencia de homicidios en el Perú continúa al alza. Las cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud (Minsa) lo confirman.
A pocos días de acabar el mes de abril de 2025 ya se han registrado 150 homicidios a nivel nacional. El analista de datos Juan Carbajal asegura que la tendencia ocasionaría que el registro de peruanos y peruanas asesinados supere al de enero de este año que llegó hasta 204 ciudadanos que perdieron la vida de manera violenta. A la fecha, solo agosto y noviembre de 2024 y enero de 2025 superaron las 200 víctimas.
“En lo que va del año 2025, hasta el 24 de abril, se han registrado 713 homicidios a nivel nacional la cual representa el 22.7% más con respecto al mismo período del año 2024”, escribió Carbajal desde su cuenta de Twitter. La cifra duplica a lo registrado en el 2019 y 2020 mientras que las cifras de 2021 superan a las de 2017 y 2018. Al tener en cuenta la cifra total por año, el 2024 cerró con 2064 peruanos asesinados. La última vez que el total fue menor a mil fue en el 2018 (919) y 674 (2017).
Controversial medida
Los agentes de serenazgo en Perú podrán usar pistolas eléctricas, como las Taser, sin enfrentar responsabilidad penal en caso de muerte, siempre que actúen conforme a la ley. Esto es posible gracias a la Ley Nº 32312, publicada el 28 de abril, que modifica las normas del servicio de serenazgo municipal. Además de las pistolas eléctricas, los serenos podrán portar bastones, grilletes, aerosoles de pimienta y chalecos antibalas, siempre tras recibir capacitación obligatoria en el manejo de estas herramientas.
Aunque el Ministerio del Interior podría exigir el uso de cámaras corporales, su implementación será opcional y dependerá de los recursos de cada municipio. La ley también permite que los serenos usen estos dispositivos en operativos de desalojo o intervenciones municipales, no solo para detener delincuentes.
La normativa establece la exención de responsabilidad penal si el uso de las armas ocurre bajo legítima defensa y cumpliendo los protocolos. Sin embargo, expertos advierten que las pistolas eléctricas pueden ser letales, especialmente para personas vulnerables como menores, embarazadas o individuos con enfermedades cardíacas.
Responsables de la inseguridad
Una encuesta nacional de Datum revela que el 52% de los peruanos considera a la Presidencia de la República, liderada por Dina Boluarte, como la principal responsable de la crisis de inseguridad que afecta al país. Esta cifra representa un aumento de 8 puntos porcentuales respecto a octubre de 2024. El Congreso también es señalado por el 47% de los encuestados, mientras que jueces y fiscales alcanzan un 28% de responsabilidad percibida. La Policía Nacional del Perú mantiene una baja percepción de culpabilidad, con solo el 9%.
Además, el 80% de los ciudadanos opina que el gobierno no cuenta con una estrategia efectiva para combatir la delincuencia, aunque esta percepción ha disminuido ligeramente desde el 86% registrado en octubre de 2024. La desconfianza también se extiende a las leyes de seguridad: un 62% cree que las normas aprobadas han favorecido a la delincuencia, mientras que solo un 2% considera que han beneficiado a la población. Estas cifras reflejan un creciente escepticismo hacia las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana en el Perú.
Las críticas hacia el gobierno de Boluarte han aumentado por su insistencia para aplicar el estado de emergencia y la promoción de la ley de terrorismo urbano. Asimismo, la jefa de Estado es cuestionada por llevar más de seis meses sin declarar a los medios de comunicación.