La heterogeneidad es un rasgo distintivo de la informalidad en el mundo del trabajo. Este mes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió por primera vez un índice de trabajadores sin registro, surgido de la Encuesta Permanente de Hogares hecha en 31 centros urbanos del país. El dato del cuarto trimestre de 2024 revela que, al tiempo que la tasa de informalidad promedio es de 42%, entre los cuentapropistas llega al 62% y en el grupo de asalariados es de 36,1% (dato, este último, que sí era ya conocido).

El tema fue el eje de un seminario, el octavo sobre el tema, organizado por la Oficina de País para la Argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se desarrolló este mes en la Biblioteca Nacional. En sus últimos informes, el organismo puso el foco en los grupos sociales donde el problema afecta más, los jóvenes y las mujeres, en tanto que para desarrollar la cuestión en el seminario eligió sectores de la economía en los que los índices son muy superiores al promedio: construcción, servicio doméstico e industria textil.

“Podemos tener una mirada global de lo que funciona y trae soluciones innovadoras, pero todo debe adaptarse a la realidad de cada país, de cada industria, de cada sector”, afirma Sara Luna Camacho, la diplomática mexicana que desde mayo de 2024 es directora de la OIT en la Argentina. Antes de su llegada a Buenos Aires, fue delegada ante la OIT en la Misión Permanente de México en Ginebra, donde se desempeñó como Coordinadora Regional para las Américas y para el Grupo de Países de América Latina y el Caribe.

En una charla con LA NACION, la diplomática enfatizó que un paso importante es lograr que las personas conozcan los beneficios de formalización, que van más allá de la jubilación futura y que están vinculados con derechos en el presente, y consideró que, cuando se comparan con los beneficios que pueden obtener las empresas, los costos de la formalización “no necesariamente son tan onerosos” como se suele plantear.

–¿Qué análisis hace de las causas de la informalidad, sobre todo en los países de América Latina?

–Creo que es una problemática multidimensional y muchas de las causas pueden ser de carácter estructural. Tenemos en la OIT la recomendación 204 sobre informalidad [en la cual es un principio rector la diversidad de características del trabajo no registrado], como un instrumento de guía para una mirada estructural, de políticas públicas integradas para atender la cuestión. Porque es una problemática que concatena muchas cuestiones, la informalidad en empresas, en pequeñas y medianas empresas, la informalidad de los propios trabajadores, las nuevas formas de trabajo. Se lo puede ver como un círculo concéntrico o como una concatenación de realidades. En Latinoamérica, lo que más hay son pymes, y los vacíos que pueden existir de políticas para atender la realidad de esas empresas hacen que se pueda propiciar más la informalidad.

–Además de las diferencias según el tamaño de la empresa, hay índices diversos según grupos sociales o la forma en que se trabaja. El cuentapropismo, sobre todo en un entorno de pobreza, concentra mucha informalidad. ¿Cómo pensar soluciones en función de las diferentes realidades?

–Podemos tener una mirada global de lo que funciona y trae soluciones innovadoras, pero todo debe adaptadas a la realidad de cada país, de cada industria, de cada sector. Una vía para las soluciones es la información, no una campaña por hacer una campaña, sino información sobre los derechos para las personas que trabajan por cuenta propia. Es una de muchas soluciones que estamos impulsando en un proyecto sobre sectores claves: trabajo en casas particulares, actividad textil y construcción. Para empezar, tenemos que lograr que la información sobre los derechos laborales llegue a las personas que no acceden. Es un buen reto para la OIT, una organización centenaria con muchos convenios y recomendaciones. En primer lugar, la información; luego, tener la base de políticas públicas y de herramientas concretas para una fácil registración. Y el fortalecimiento institucional es importante, para atender la cuestión de la inspección laboral, salud y seguridad.

–Para el trabajo en casas particulares, en la Argentina se simplificó hace años el sistema y no es caro; sin embargo, hoy el 77% está en la informalidad. ¿Qué más se debería hacer?

–Un punto es la buena difusión de información de derechos. En muchos países se menciona que hay una cuestión incluso cultural, de la misma dinámica del trabajo en ese sector. Es un gran avance en la Argentina tener la facilitación para el registro y hay mucha necesidad de diálogo social sobre las expectativas, para identificar dónde están los nudos. En eso la oficina invertirá mucho tiempo y muchos recursos.

–¿Cómo influye el sistema previsional, en cuanto a los incentivos para formalizar? En la Argentina se discute sobre las moratorias, que por años hicieron que quienes no habían aportado, o no habían aportado lo suficiente, pudieran jubilarse. Y aportando a sistemas como el de servicio doméstico o el monotributo, se accede por la general a la misma prestación.

–No hemos hecho un estudio como tal, independientemente de que es una discusión aparte ver si el sistema previsional funciona o si hay que cambiarlo. Me parece que hay una vía para avanzar en el conocimiento de las personas sobre los beneficios de la formalización, con la perspectiva de tener esta seguridad a largo plazo, pero también con la idea del acceso a licencias, la licencia parental y otras tantas. Creo que ahí es donde realmente se convierte en atractivo. Es muy abstracto hablar de tus derechos, pero cuando se explica que eso significa aportaciones a la jubilación, salud en tu lugar de trabajo o atención de salud relacionada con tu trabajo, licencias parentales, hay una mirada mucho más concreta.

–Un informe de la OIT enfatiza en los jóvenes, con tasas de informalidad más altas que el promedio, ¿es bueno diferenciar políticas para incentivar contrataciones? ¿No podría generarse un desaliento a contratar a otros grupos?

–Es muy interesante ese planteo. En principio, la visión no es la de hacer competir a grupos, sino la de atender las diferentes realidades. Si un Gobierno invierte en políticas solo para jóvenes y descuida otros grupos, podría sonar como una especie de competencia. Pero el mensaje que queremos dar es el de tener una visión con efecto multiplicador. Si los jóvenes están bien insertados en el mundo del trabajo, si se pueden abordar las barreras que enfrentan, va a haber un efecto mayor de formalización de otros trabajadores. Las soluciones para la inserción de los jóvenes tienen que ver más con la vinculación entre escuela y trabajo, con la formación y las oportunidades. Y entre las mujeres suele haber otras barreras, por cuestiones de cuidado. Si se invierte en políticas públicas enfocadas, se puede avanzar en la formalización.

–Está la discusión sobre los costos de contratación: quienes dicen que son altos y quienes dicen que en épocas en que se redujeron no hubo resultados en la creación de empleos, algo que depende de otros factores y, en primer lugar, de que haya crecimiento. ¿Qué peso le asigna a esta cuestión?

–La OIT ha hecho muchos análisis y las conclusiones generales, a nivel global, es que son costos que, si se comparan con los beneficios para la empresa, no necesariamente son tan onerosos. Por las ventajas que obtiene, por ejemplo, una micro y pequeña y mediana empresa en cuanto al acceso a recursos, o a la posibilidad de insertarse en ciertas cadenas de suministro, a crecer como empresa con mayor productividad y mejor planeamiento, con políticas de retención de talentos. Una parte también tiene que ver con invertir en los trabajadores para mejorar competencias. Hay un efecto multiplicador, aunque no es fácil; si lo fuera, ya habría más logros.

–En el avance de las economías de plataforma, como los servicios de delivery, ¿qué están viendo en materia de informalidad?

–Es un punto neurálgico de la discusión al interior de la OIT y a nivel global. Hay tareas que no encajan en las formas tradicionales. La discusión normativa en el organismo tiene dos etapas, la primera se dará en junio de este año. Se tendrá que definir si habrá un convenio, una recomendación o ambas cosas sobre el tema. La OIT está en muy buena posición para dar esta discusión, por ser tripartita y tener la mirada de empresas, de trabajadores y de gobiernos. Hay abordajes muy diferentes en cuanto a si es relación de dependencia o algo intermedio, por ejemplo. Hay muchas miradas y nosotros ponemos foco en los derechos laborales.

Cinco claves de un problema de larga data

La oficina argentina de la OIT identificó cinco datos claves sobre el trabajo informal en nuestro país. El primero indica que cuatro de cada diez personas que trabajan no están registradas, según el resultado obtenido por la encuesta de hogares del Indec. Otro punto es que el problema es mayor entre quienes tienen hasta 29 años, grupo en el que la informalidad llega al 58,7%. La tercera cuestión es que hay tres sectores estratégicos particularmente afectados: el textil y de confección de indumentaria, la construcción y el trabajo en casas particulares. Un cuarto eje indica que “la innovación es parte de la solución”, con la recomendación de recurrir a la ayuda de herramientas digitales. Y, por último, la quinta clave es que el diálogo social es insoslayable.