A casi cuatro años del desplome del tramo elevado Olivos-Tezonco de la Línea 12 del Metro, que dejó un saldo de 26 personas fallecidas y más de 80 lesionadas, el proceso penal iniciado contra algunos exfuncionarios públicos continúa evolucionando. Este viernes, un juez de control determinó sobreseer la causa penal por fallecimiento en contra de Fernando Ramiro Lalana, uno de los imputados en el caso.
La tragedia ocurrió la noche del 3 de mayo de 2021, cuando una trabe metálica de la Línea 12 colapsó mientras un tren circulaba entre las estaciones Olivos y Tezonco. Desde entonces, autoridades capitalinas señalaron a 10 personas como presuntas responsables, principalmente por omisiones en la construcción, supervisión y mantenimiento de la estructura. Entre ellos, se encontraba Fernando Ramiro Lalana, quien en su momento fungió como director de Coordinación de Supervisión de Obra de la Línea 12.
La audiencia de sobreseimiento se celebró este viernes al mediodía en la sala 7 de oralidad penal de los juzgados de Doctor Lavista, encabezada por la ministerio público María de la Luz Alcántar Alcántar, de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México. Durante la diligencia, se notificó formalmente a las partes procesales que, debido al fallecimiento de Ramiro Lalana el pasado 23 de enero, la acción penal en su contra quedaba extinguida.
De acuerdo con el abogado Cristopher Estupiñan, esta audiencia constituía un mero trámite procesal, ya que en materia penal, la muerte del imputado extingue cualquier acción penal. Estupiñan también recordó que en 2024 ocurrió un primer fallecimiento de otro de los imputados, lo que derivó en un sobreseimiento similar, aunque no precisó la identidad de dicha persona.
Fernando Ramiro Lalana fue ingeniero civil, egresado del Colegio de Ingenieros Civiles de México y socio fundador de la empresa IPISA. Tras su deceso, el Colegio emitió una esquela en la que expresó sus condolencias.
Cabe recordar que el 21 de julio de 2022, Lalana fue vinculado a proceso junto a otros siete exservidores públicos por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos en su modalidad culposa. No obstante, el avance del juicio se ha visto detenido debido a un amparo promovido por la defensa de algunos imputados, manteniendo en pausa el proceso legal en general.
Según las investigaciones de la FGJ y peritajes independientes, como los realizados por la empresa noruega DNV, el colapso de la estructura obedeció a fallas de origen en la construcción, específicamente a la deficiente instalación de pernos Nelson, componentes fundamentales para la estabilidad de la obra. DNV también señaló deficiencias en el mantenimiento, aunque el Gobierno de la Ciudad de México rechazó en su momento que el mantenimiento hubiera sido un factor determinante.
Actualmente, de los 10 señalados originalmente, solo ocho continúan sujetos a proceso, mientras los familiares de las víctimas exigen justicia y el esclarecimiento pleno de las responsabilidades por una de las peores tragedias urbanas en la historia reciente de la capital.