En medio de crecientes tensiones políticas en torno al sistema electoral estadounidense, una reciente decisión judicial vuelve a poner sobre la mesa el delicado equilibrio entre seguridad y acceso al voto. Lo que parecía un nuevo intento por reformar los procesos de registro por parte de Donald Trump, fue temporalmente detenido, generando reacciones tanto en los tribunales como en la sociedad civil.
Jueza en Washington D.C. suspendió parte de la orden ejecutiva de Trump
Un tribunal federal emitió un fallo que representa un nuevo obstáculo para el presidente Donald Trump en su intento por modificar el sistema electoral estadounidense. La jueza Colleen Kollar-Kotelly bloqueó temporalmente el mandato de su orden ejecutiva.
La misma exigía presentar prueba documental de ciudadanía, un pasaporte o certificado oficial, para registrarse para votar con el formulario federal.
El dictamen mantiene vigente el sistema actual, en el que los ciudadanos solo deben declarar bajo pena de perjurio que son estadounidenses al inscribirse como votantes. La jueza argumentó que el poder de establecer reglas electorales pertenece al Congreso y a los estados, no al presidente, de acuerdo con la Constitución de EE.UU.
La demanda contra la orden de Trump
La medida fue impugnada el 1 de abril de 2025 por una coalición de organizaciones de derechos civiles y electorales. Entre ellas se encontraban la Liga de Mujeres Votantes, la NAACP, y Asian and Pacific Islander American Vote, representadas por entidades como la ACLU y el Brennan Center for Justice.
Los demandantes sostienen que millones de ciudadanos no poseen documentos como el pasaporte. Por este motivo, de aprobarse el nuevo requisito sería una barrera innecesaria que afectaría desproporcionadamente a comunidades vulnerables.
¿Qué sigue?
Aunque otras partes de la orden ejecutiva siguen vigentes por ahora, como la propuesta de acortar plazos para el voto por correo, el requisito de mostrar prueba de ciudadanía queda suspendido mientras el caso avanza en la justicia.
Desde el Brennan Center en Español se celebró la decisión como una victoria para el derecho al voto y la democracia. Subrayaron que la intervención presidencial en normas electorales es un “abuso de poder”.
El pedido de Donald Trump
El martes 25 de marzo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que buscaba reformar el sistema electoral federal en Estados Unidos. Entre las principales medidas se incluye la exigencia de una prueba documental de ciudadanía para registrarse como votante y la condición de que las boletas electorales deben ser recibidas a más tardar el día de los comicios.
Según el documento, la intención era reforzar la seguridad electoral y restaurar la confianza pública en el proceso. La orden también autoriza a agencias federales a colaborar con los estados en la verificación de listas de votantes y amenaza con retirar fondos a aquellos que no cumplieran con los estándares.
Aunque el fraude electoral fue uno de los temas recurrentes en el discurso de Trump, estudios e investigaciones demostraron que es extremadamente raro en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente insistió en que la votación por correo es vulnerable, a pesar de que esta modalidad también es utilizada ampliamente por votantes republicanos.
De ser aprobada, tendrá un impacto potencial en millones de votantes
Grupos de derechos civiles, como el Brennan Center for Justice, advirtieron que cerca del 9% de los ciudadanos estadounidenses en edad de votar, más de 21 millones de personas, no cuentan con documentación inmediata para acreditar su ciudadanía. Esto claramente podría en riesgo su derecho al sufragio.
Las mujeres que cambiaron de apellido, por ejemplo, podrían enfrentar dificultades al registrar sus datos. Cabe recordar que esto ya ocurrió en elecciones locales recientes en New Hampshire, donde se aplica una ley similar.
Reacciones legales y políticas
Expertos en derecho constitucional señalan que la Constitución otorga a los estados el control principal sobre las elecciones, y que esta orden podría ser impugnada en tribunales. “Es una intromisión federal injustificada”, dijo la secretaria demócrata del estado de Colorado, Jena Griswold.
Algunos funcionarios republicanos, en cambio, respaldan la medida y esperan que sea aprobada luego de su siguiente revisión. El secretario de gobierno de Georgia, Brad Raffensperger, ya había celebrado la firma el pasado 12 de abril, como un paso necesario para garantizar que “solo los ciudadanos estadounidenses decidan las elecciones estadounidenses”.