Luego de las indagaciones preliminares, el Ministerio Público resolvió archivar la investigación contra la presidenta Dina Boluarte y la exfiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides. Ambas estaban siendo investigadas por presuntos delitos contra la administración pública, pero la Fiscalía determinó que no existen méritos suficientes para continuar con el proceso.
De acuerdo con el documento oficial, Boluarte fue señalada como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, tipificado en el primer párrafo del artículo 394 del Código Penal, mientras que Benavides enfrentaba acusaciones por cohecho activo genérico, contemplado en el artículo 397 del mismo código.
Al respecto, el abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, indicó que en el caso había una ausencia absoluta en aspectos nucleares y hasta básicos de su declaración. “Una corroboración inconstitucional y circular, desprovista de mínima verosimilitud, condujeron a su archivo”, mencionó en referencia a los dichos de Jaime Villanueva, a quien pide revocar los beneficios otorgados en su calidad de aspirante a colaborador eficaz.
Como se recuerda, el caso se originó por las declaraciones de Jaime Villanueva, quien aseguró ante el Ministerio Público que ambas intercambiaban favores políticos con el objetivo de detener investigaciones sensibles. Uno de ellos fue la permanencia del general Raúl Alfaro. Esto se habría coordinado cuando la entonces fiscal de la Nación se reunió con ella para recoger sus declaraciones como parte de las investigaciones que tenía por las muertes en las protestas entre 2022 y 2023. No obstante, igual fue retirado, por lo que también fue cuestionado por el abogado de Benavides.
“Lo que dice el señor Villanueva es que en una de las reuniones escuchó o le dijeron que la doctora Benavides le pidió a la señora Boluarte que no remueva de su cargo al general Raúl Alfaro, que era director de la Policía Nacional en ese momento. Lo extraño de todo esto es que la presidenta sí retira al señor Alfaro y que lo que iba a tener como trueque por no hacerlo iba a ser que no se presente denuncia constitucional contra ella. Supuestamente, la tratativa de que no retires a uno y yo no te denuncio finalmente no pasó”, manifestó en Las Noticias de RPP.
A esta serie de presuntos favores se sumó el caso de “Los dinámicos del centro”. Según el testimonio de Jaime Villanueva, en octubre de 2022 fue contactado para interceder en la investigación que vinculaba a Boluarte con acusaciones de lavado de activos y tráfico de influencias en el contexto del gobierno regional de Junín, donde la exmilitante de Perú Libre desempeñó un papel relevante antes de asumir la presidencia.
“En octubre de 2022, conocí a Óscar Nieves, quien entonces era abogado de la ministra Dina Boluarte”, dijo Villanueva. “Me pidieron hablar con Rafael Vela, sabían de mi amistad con él, para que no se solicitara prisión preventiva contra Boluarte. La intención era dejar el camino libre para que, tras la destitución de Pedro Castillo, ella asumiera la presidencia”. “Vela quería ser fiscal supremo, eso pidió a cambio de intervenir en la investigación”, agregó.
En otro momento, Villanueva aseguró que coordinaba directamente con la dignataria. “Yo hablaba con ella varias veces. En más de una oportunidad. Yo la llamaba o ella me llamaba”, señaló y contó que coordinó con la entonces asesora Grika Asayag el pedido del fiscal Marco Huamán para designar a Tiberio Robles como director de Pronied y al coronel PNP José Alarcón como gerente general de Fovipol. Aseguró que Boluarte lo llamó por teléfono para decirle que había autorizado estos nombramientos solicitados por la Fiscalía como parte del acuerdo.