La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, por lo que la norma saltará al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.
La líder de Sumar ha aprovechado su intervención durante la clausura del Congreso de CCOO Industria, que se celebra este jueves en Toledo, para afirmar que la medida estrella de esta legislatura recibirá luz verde en el seno del Gobierno al aprobarse en segunda vuelta.
La iniciativa parte de un acuerdo entre el Gobierno y los principales sindicatos, UGT y CCOO, pero no cuenta con el aval de la patronal, que tratará de empujar su rechazo en el Congreso. “Va a ser, seguramente, la política más difícil que nos va a tocar defender”, ha avanzado Yolanda Díaz.
La vicepresidenta segunda ha prometido que se dejará “la piel”, recordando que la reducción de jornada laboral “es la medida que más desea y valora el conjunto de los españoles, voten a quien voten”. Por ello, ha llamado a “recorrer el país de arriba a abajo para que el sentido común de la calle llegue al voto decisivo del Congreso de los Diputados”, ha señalado en unas declaraciones recogidas por EFE.
Derecho a la desconexión digital y regulación del registro de jornada
Según recoge el anteproyecto de ley, los colectivos más beneficiados por la medida son las personas trabajadoras “no cubiertas por convenios colectivos”, que pueden actualmente verse sometidas a una jornada laboral similar a la de los últimos más de cuarenta años y que se presentan con mayor intensidad en algunos territorios y sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura o los servicios.
El proyecto de ley también recogerá el derecho a la desconexión digital, para que se respete el descanso y la propia intimidad de los trabajadores. “Se trata de un derecho irrenunciable para evitar que pueda exigirse el desarrollo de la prestación fuera de los horarios pactados, respetando el derecho al descanso y a la propia intimidad de las personas trabajadoras frente al uso de los dispositivos de videovigilancia y geolocalización. Rechazar o no atender la comunicación o la petición de prestación laboral por medios digitales fuera de la jornada laboral, no podrá generar consecuencias negativas, represalias o trato menos favorable para la persona trabajadora”, defienden desde el Ministerio de Trabajo.
La iniciativa legislativa contempla también medidas en el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada. Se considerará la comisión de una infracción por cada persona trabajadora afectada en los supuestos de ausencia de registro o el falseamiento de los datos registrados. Asimismo, los incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo de trabajo que generen riesgo grave para la seguridad y salud de las personas trabajadoras se calificarán como infracción muy grave. Las multas tendrán como importe: de 1.000 a 2.000 euros en su grado mínimo, de 2.001 a 5.000 euros en su grado medio, y de 5.001 a 10.000 euros en su grado máximo.