Un equipo de especialistas de la fiscalía abrirá este miércoles el teléfono celular y una tablet de Alberto Fernández, a pedido del propio expresidente, para extraer conversaciones que hubiera mantenido con su exmujer Fabiola Yáñez, que lo acusó de pegarle y amenazarla cuando eran pareja.
El pedido de apertura del celular fue realizado por el expresidente porque sostiene que en ese teléfono y en esa tablet hay conversaciones que hacen a su defensa.
El juez federal Julián Ercolini autorizó la apertura de esos aparatos, pero con algunas limitaciones: permitió que se hiciera una copia forense de todo el teléfono, pero solo se accederán a las conversaciones que hubiera tenido el expresidente con su exmujer.
La medida tiene el objetivo de preservar su intimidad y dejar de lado otras conversaciones, ya que lo usaba cuando ejercía la Presidencia de la Nación.
Alberto Fernández está procesado a instancias del fiscal Ramiro González por los delitos de lesiones leves y coacción agravada en un fallo que dictó el juez federal Julián Ercolini y confirmó la Cámara Federal.
Ahora, el fiscal analiza pedir la elevación a juicio.
Fernández requirió una copia del teléfono que le fue secuestrado el año pasado, porque sostiene que allí hay documentos que hacen a su defensa.
Alberto Fernández quería, además, acceder a toda la copia forense y que luego sea destruida. La querella de Fabiola Yáñez también quería la copia de todo el celular.
Finalmente, el juez dispuso que se haga una copia forense y que de ella se extraiga solo lo que le interesa a Alberto Fernández, que es su intercambio con Fabiola Yáñez. Y que luego esa copia forense se preserve para ser usada como evidencia en un eventual juicio oral.
En esta causa se filtraron fotos y videos de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez relacionados con la causa y otros con la vida amorosa del expresidente. Por eso, la justicia es particularmente celosa en este caso para evitar nuevas filtraciones.
El trabajo lo realizará este miércoles en la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal.
El 15 de abril, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Alberto Fernández. El fallo lo firmaron los jueces de la Sala II del tribunal al rechazar la apelación que el expresidente hizo contra el procesamiento dictado por el juez federal Julián Ercolini, el 17 de febrero, por los delitos de amenazas coactivas y lesiones leves y graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género. También se confirmó el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de $10.000.000.
La votación de los jueces fue dos a uno. Se pronunciaron por confirmar el procesamiento Martín Irurzun y Eduardo Farah; en disidencia votó Roberto Boico.
“Hay fuertes motivos para sostener que los hechos concretos y objetivos que fueron preliminarmente acreditados en la causa, que incluyeron lesiones y otras formas de violencia de género […]ciertamente fueron la causa de un marcado deterioro en las condiciones de salud de la víctima”, dijo Irurzun en su voto.
Farah, que adhirió al voto de Irurzun, destacó que no hubo una imputación “vaga”, como remarcó la defensa de Fernández, ni “deficiencias” en el razonamiento del juez Ercolini, que fue recusado junto con el fiscal Ramiro González por la defensa.
Por su parte, el juez Boico, a contramano de sus colegas, propuso dictar la falta de mérito de Fernández. Destacó numerosos déficits en la etapa de instrucción y sostuvo que la valoración de la prueba “ha evidenciado un sesgo que omite elementos que la refutan, debilitando así la solidez de la acusación”.
La Cámara decidió en línea con el fiscal de esa instancia, José Luis Agüero Iturbe, que había pedido que se confirmara la sentencia contra el expresidente.
Su colega de primera instancia, el fiscal Ramiro González, formuló su acusación en noviembre luego de haber considerado, entre otras cuestiones, que antes del 12 de agosto de 2021 el exmandatario le provocó a YañezYáñezoretón en el brazo producto de un “agarrón” o “zamarreo” dentro del chalet presidencial de la Quinta de Olivos; y que entre la noche del 21 de junio y la madrugada del 22 de junio de 2021 la golpeó en el rostro dejándole una lesión en su ojo derecho.
Yáñez decidió instar la acción penal contra Fernández en agosto del año pasado, luego de que, en el marco de otra causa, se hicieran públicas las conversaciones en las que le contaba a la exsecretaria de Fernández, María Cantero, los maltratos que habría sufrido de su parte.
“…Hoy me agarró del cuello…y sabiendo que puedo estar embarazada me pegó una patada en la panza», le confió a Cantero. “Me agarró del cuello me sacudió los brasas y tengo los moretones”, le dijo más adelante, además de enviarle las fotos que la muestran con hematomas en el ojo y en la axila.
En su voto, el juez Irurzun sostuvo que la “notoria desigualdad de poder” entre ambos influyó en que Yáñez optara inicialmente por no instar la acción penal contra Fernández.
“Las referencias contenidas en las comunicaciones muestran que su destinataria (siendo quien era, se insiste) no negó el panorama violento que se le estaba describiendo. Tampoco lo desestimó; lo vinculó, en sus palabras, a aspectos del carácter y de las vivencias que en ese momento estaba teniendo el Presidente. Los mensajes (las capturas incluidas en ellos) también indican algo relevante: él mismo [por Fernández], cuando su pareja le habló de los golpes, no le desmintió nada tampoco”, dijo el juez.
La pareja está separada. Yañez vice con su hijo Francisco en España donde trabaja en televisión. Alberto Fernández está reclamado que regrese a la Argentina y pugna por un régimen de visitas.