Durante la más reciente jornada de la audiencia de imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y otros diez investigados por el caso Aguas Vivas, se generó una nueva polémica luego de que el propio exmandatario local afirmara públicamente, a través de su cuenta en la red social X, que la Fiscalía General de la Nación estaba investigando al actual alcalde de la ciudad, Federico “Fico” Gutiérrez. Sin embargo, dicha afirmación fue aclarada en la misma diligencia judicial por parte del juez que la presidía, que explicó los alcances reales de lo mencionado por la fiscal delegada.
La audiencia, que se reanudó este lunes 21 de abril a las 2:30 p. m., hace parte del proceso en el que la Fiscalía imputa cargos por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción. Estos señalamientos se relacionan con la gestión del proyecto Aguas Vivas, una ambiciosa propuesta de infraestructura hidráulica que se impulsó durante la administración de Quintero, y que según los fiscales del caso, habría derivado en una pérdida cercana a los 42.000 millones de pesos para el erario.
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Durante la exposición de los argumentos, la fiscal del caso, Yarlecy Mena Benítez, se refirió a elementos del expediente que abarcan hechos ocurridos entre 2016 y 2019, por lo que explicó que “los aspectos relacionados con estos hechos que son ocurridos entre el 2016 y 2019 también fueron objeto de investigación por parte de esta delegada, ya que algunos de ellos fueron relatados en la denuncia presentada en el 2022 encontrando que en el 2024 se encontró una nueva denuncia con hechos distintos y que en la actualidad es de conocimiento de otra delegada”.
Estas declaraciones fueron interpretadas por Quintero como una mención directa a una presunta investigación en curso contra el actual mandatario local. En un mensaje publicado poco después en su cuenta oficial, el exalcalde señaló que la fiscal habría confirmado una investigación contra Federico Gutiérrez, no obstante, el juez de la causa se pronunció minutos más tarde para aclarar la situación y brindar contexto jurídico sobre los alcances reales de lo planteado por la Fiscalía.
En su intervención, el juez indicó de manera expresa: “Pero aquí no se tiene conocimiento de que el alcalde actual esté siendo procesado por estos mismos hechos. ¿Sí? Reitero, la manifestación que hace el Dr. Luis Hernández, particularmente, es que, al parecer, estos hechos, pues, fueron puestos en conocimiento de las autoridades, lo que quiere significar que hay alguna denuncia en contra del Sr. Federico Gutiérrez”.
El funcionario judicial añadió que la jurisprudencia vigente no permite asumir como acusado a quien no ha sido formalmente vinculado en un proceso penal, y precisó que “ese conflicto de intereses se vería reflejado si el representante legal de la entidad, es decir, si el actual alcalde del municipio de Medellín, Sr. Federico Gutiérrez, fuera quien estuviese siendo imputado o acusado por los hechos que se han adelantado que se investiga por parte de la Fiscalía General de la Nación y por lo que ha citado a imputación a las personas que hoy se encuentran en esta diligencia”.
En consecuencia, la judicatura confirmó la posibilidad de que el municipio de Medellín, representado por su apoderado legal, participe en calidad de víctima en el proceso judicial, descartando de manera explícita la existencia de cargos o imputaciones formales contra el alcalde en ejercicio.
Este es el polémico caso de Aguas Vivas
El caso Aguas Vivas está en el centro del debate público desde su concepción. Este proyecto, ideado bajo el gobierno de Quintero y ejecutado a través de Empresas Públicas de Medellín (EPM), tenía como propósito ampliar la cobertura de agua potable en zonas rurales y de expansión urbana del norte del Valle de Aburrá. Según lo expresó el exmandatario en su momento, la meta era “llevar agua a quienes nunca la han tenido”, dentro de un enfoque que, según se describió, integraba criterios sociales y ambientales. La inversión estimada rondaba el billón de pesos.
Sin embargo, el proyecto fue objeto de críticas desde su anuncio, ya que, diversos sectores pidieron estudios más rigurosos sobre su viabilidad técnica, financiera y ambiental. Aunque fue incluido en el Plan de Desarrollo y anunciado oficialmente antes del término de la administración Quintero, su continuidad fue suspendida por la actual administración de Federico Gutiérrez.