La reciente venta del 99,3% de las acciones de Telefónica del Perú a Integra TEC, una empresa vinculada al multimillonario argentino José Luis Manzano, ha generado incertidumbre entre los trabajadores de la compañía. Ante este escenario, los empleados, representados por el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú (SUTTP), han expresado su preocupación ante posibles despidos y han planteado la posibilidad de re-nacionalizar la empresa como una solución ante la crisis.
De acuerdo con Víctor Mora, secretario general del sindicato, la noticia de la venta fue recibida tanto por los trabajadores como por los directivos de recursos humanos a través de publicaciones en redes sociales, lo que ha incrementado el clima de incertidumbre. Según detalló el dirigente a Infobae Perú, los directivos de la empresa han asegurado que las operaciones continuarán como hasta ahora, aunque no se han ofrecido garantías concretas sobre el futuro de los empleados.
Telefónica del Perú: temores de despidos y estrategias laborales
El sindicato teme que la nueva administración pueda recurrir a mecanismos legales para reducir personal, como despidos colectivos o incentivos para retiros voluntarios. Mora explicó que estas prácticas no son nuevas en Telefónica, ya que la empresa ha utilizado estrategias similares en el pasado, como generar un ambiente de presión psicológica para luego ofrecer compensaciones económicas a los trabajadores que decidan renunciar, “siempre al margen del MTPE”.
El líder sindical recordó que durante los 31 años de operaciones de Telefónica en Perú, estas tácticas han sido recurrentes, incluso en momentos de bonanza económica para la compañía. Por ejemplo, durante la pandemia, a pesar de que la empresa obtuvo importantes ingresos por el aumento en el uso de internet y datos, argumentó pérdidas económicas para justificar medidas de ajuste laboral.
Otro punto crítico señalado por Mora es la estrategia de Telefónica para limitar la sindicalización de sus empleados. Según explicó, más de 2.000 de los 3.600 trabajadores de la empresa están contratados bajo la figura de “cargos de confianza”, lo que les impide afiliarse a sindicatos. Esta práctica, que lleva más de una década en uso, ha reducido significativamente la capacidad de organización de los trabajadores.
El sindicato unitario, que representa a aproximadamente 600 empleados, es el más grande dentro de la compañía, aunque existen otros grupos sindicales más pequeños. Mora denunció que esta segmentación y las restricciones a la sindicalización han debilitado la capacidad de los trabajadores para defender sus derechos.
La re-nacionalización de Telefónica y un contrato de concesión fantasma
Ante la incertidumbre generada por la venta de acciones, el sindicato ha planteado la posibilidad de que la empresa sea re-nacionalizada. Mora recordó que, antes de la privatización en 1994, las empresas Entel Perú y Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) generaban altos márgenes de ganancia y ofrecían beneficios significativos tanto a los trabajadores como a los usuarios.
El líder sindical también cuestionó la falta de transparencia en el contrato de concesión firmado durante la privatización, el cual, según afirmó, nunca ha sido entregado ni por Telefónica ni por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Este documento incluiría cláusulas sobre el uso del espectro radioeléctrico, tiempos de solución de incidencias y otros parámetros que, de ser incumplidos, podrían justificar la reversión de los activos al Estado.
Mora denunció que Telefónica ha vendido propiedades que originalmente pertenecían al Estado y que le fueron cedidas para sus operaciones. Además, señaló que la empresa ha incumplido con métricas de satisfacción del cliente y ha utilizado tácticas contables para evitar cumplir con sus obligaciones laborales.
Trabajadores de Telefónica también buscan ser acreedores ante Indecopi
Otro tema que agrava la situación es la millonaria deuda que Telefónica mantiene con el Estado peruano. Según lo informado a Infobae Perú, la empresa adeuda aproximadamente 3.200 millones de soles (unos 850 millones de dólares) a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
El sindicato de trabajadores también busca ser reconocido como acreedor laboral en el proceso concursal iniciado por la empresa ante Indecopi. Mora explicó que parte de la deuda de Telefónica con el Estado se debe a una mala distribución de las utilidades de los trabajadores, lo que ha generado un perjuicio estimado en más de 200 millones de soles.
Además, el sindicato ha iniciado acciones legales para reclamar utilidades que la empresa utilizó en 2016 para financiar la adquisición de la banda 700 del espectro radioeléctrico. Según Mora, Telefónica se apropió de los fondos de los trabajadores bajo una norma contable internacional, pero nunca devolvió el dinero, a pesar de las promesas realizadas.
Tratativas con José Luis Manzano: Integra TEC en la mira
Finalemnte, el sindicato también expresó dudas sobre la capacidad del nuevo propietario, José Luis Manzano, para gestionar una empresa de telecomunicaciones. Según Mora, Manzano solo tiene experiencia en el sector de televisión por cable en Argentina, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de Telefónica del Perú.
En este contexto, el sindicato ha solicitado una reunión con el empresario argentino para discutir el futuro de la compañía y garantizar los derechos de los trabajadores. Mora destacó que el sindicato forma parte de una red global de trabajadores de Telefónica, lo que les permite coordinar acciones con sus pares en otros países.
De cualquier forma, la venta de Telefónica del Perú y la posibilidad de re-nacionalización planteada por los trabajadores abren un nuevo capítulo en la historia de las telecomunicaciones en el país. Mientras tanto, los empleados, organizados en sindicatos, buscan proteger sus derechos laborales y garantizar la estabilidad de sus empleos en medio de un panorama lleno de incertidumbre.
