La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó, en segunda instancia, en las horas de la mañana del 13 de marzo de 2025 la sentencia contra el exfiscal Fabio Martínez Lugo, que en 2023 fue hallado culpable de interceptaciones ilegales a través de la Sala Espejo de la Fiscalía. Con esta decisión, la condena de 4 años y 9 meses de prisión quedó en firme.
Según la investigación, dada a conocer por W Radio, Martínez Lugo incluyó de manera irregular varios números telefónicos en un expediente sobre un caso de desaparición. Entre los afectados se encontraban la liquidadora de un frigorífico, un alto ejecutivo de una Caja de Compensación y su propia esposa, a quien interceptó sin justificación legal.
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De acuerdo con lo que publicó el medio, el exfiscal engañó a la policía judicial al proporcionar información falsa con el fin de justificar estas escuchas, a pesar de que las personas involucradas no tenían ninguna relación con la investigación original.
Si bien la condena de segunda instancia ratificó la culpabilidad de Martínez Lugo, la Corte Suprema redujo su sentencia en cuatro meses debido a inconsistencias en la formulación de la imputación. No obstante, la decisión deja en firme la responsabilidad del exfiscal en el uso indebido de su cargo para llevar a cabo interceptaciones ilegales.
En primera instancia, un juez penal de conocimiento en Bogotá lo había sentenciado a cinco años, tres meses y quince días de prisión, además de una multa de 197 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer funciones públicas.
Condena por escuchas irregulares, también conocidas como “chuzadas”
Según la Fiscalía General de la Nación (FGN), Martínez Lugo incurrió en delitos como fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y violación ilícita de comunicaciones. Las investigaciones revelaron que, en marzo de 2018, el exfiscal ordenó la intervención de las líneas telefónicas de una liquidadora de un frigorífico, un exdirectivo de una caja de compensación y su propia esposa, sin que existiera vínculo alguno con procesos penales en curso.
Martínez Lugo indujo al error a un agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que ejecutó las interceptaciones con base en información falsa proporcionada por el exfiscal. Además, las autoridades confirmaron que el ahora condenado en segunda instancia firmó documentos en los que justificaba la intervención de las comunicaciones bajo el argumento de que eran necesarias para el avance de una investigación por desaparición.
Esta no es la primera condena que enfrenta Martínez Lugo. En marzo de 2022, el Tribunal Superior de Bogotá lo sentenció a siete años de prisión tras hallarlo culpable de interceptar, durante su gestión como fiscal 32 contra las Organizaciones Criminales, ilegalmente las comunicaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) y del presidente para Latinoamérica del Grupo Enel – Codensa. En esa ocasión, se le imputaron los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.
La Fiscalía reabreió el caso de las interceptaciones ilegales del DAS tras 15 años de inactividad
El caso de las interceptaciones ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), conocido como el escándalo de las “chuzadas”, fue. en septiembre de 2025, reactivado por la Fiscalía General de la Nación después de más de una década de aparente inactividad.
El proceso ahora incluyó la citación a imputación de cargos de Andrés Peñate, quien dirigió el DAS entre 2005 y 2007. Este caso, que marcó un hito en la historia reciente de Colombia, vuelve a ocupar un lugar central en el ámbito judicial y político del país.
De acuerdo con la información publicada por Infobae, la audiencia de imputación de cargos contra Peñate se llevará a cabo el próximo 3 de octubre de manera virtual, ante el Tribunal Superior de Bogotá. El exdirector del DAS deberá responder por el delito de concierto para delinquir agravado, relacionado con su presunta participación en las interceptaciones ilegales que afectaron a más de 30 personas.