La Unidad de Información Financiera (UIF) de la Argentina y su par paraguaya, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), tienen prevista una audiencia de conciliación en la red internacional que ambas integran, el grupo Egmont, luego de que el organismo antilavado del país vecino formalizara allí una denuncia contra la UIF local acusándola de haber filtrado información reservada sobre el “caso kueider”. Esa información fue incluida en un informe especial que se giró desde Paraguay, en el marco de un acuerdo de intercambio de información contemplado en la red internacional. En la Argentina desmienten que se haya realizado tal filtración.
La reunión entre los organismos aún no tiene fecha, según confiaron a LA NACION distintas fuentes que siguen de cerca la controversia. Se trata de un procedimiento interno, cerrado al público, en el cual cada parte podrá volcar sus explicaciones. “Se realizará en breve seguro, porque es un hecho grave”, explicó alguien que conoce el caso.
El conflicto entre ambos organismos se originó tras una nota periodística publicada el 30 de enero por la revista Análisis, de Paraná, Entre Ríos, donde se detallaban los intentos que hizo Iara Guinsel Costa, la secretaria del exsenador Edgardo Kueider, para adquirir 6 departamentos en Asunción por una cifra cercana al medio millón de dólares.
Esas operaciones nunca se concretaron, pero los movimientos quedaron registrados: se dieron entre los meses de junio y julio del año pasado, varios meses antes de que Kueider y Guinsel Costa acabaran detenidos en la triple frontera luego de ser sorprendidos por un control aduanero con más de 200 mil dólares sin declarar intentado cruzar el Puente Internacional la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz de Iguaçú, en Brasil.
Como parte de la información que dio a conocer el medio entrerriano formaba parte del informe que la Seprelad elaboró y giró a la argentina por expreso pedido de la UIF local, en Paraguay consideran que hubo una filtración y que fue local.
En tanto, en la Argentina niegan cualquier tipo de filtración respecto al informe paraguayo. Los datos que trascendieron, explican, se circunscriben a informes inmobiliarios. “Si el informe de Paraguay se hubiera filtrado, hoy se sabrían otras cosas”, desafiaba una alta fuente de la Justicia local, que razonaba: “Hicieron la denuncia para cuidarse”.
Una publicación oficial de la Seprelad paraguaya corre en línea con esta interpretación de los hechos. El día en que la revista Análisis dio a conocer la información sobre los desembolsos de Guinsel Costa en suelo guaraní, el organismo antilavado emitió un comunicado con el que le hacía un fuerte llamado de atención a las entidades que legalmente están obligadas a suministrarles información, y les recordaba, especialmente el rubro inmobiliario, que estaba prohibido compartir con terceros la información que debían girarle al organismo.
⚠️COMUNICADO⚠️
La #SEPRELAD como autoridad de aplicación de la Ley N° 1015/1997 y sus leyes modificatorias, RECUERDA a todos los Sujetos Obligados, y en especial al sector INMOBILIARIO, lo siguiente 👇 pic.twitter.com/WOXENrLAMo— SEPRELAD (@SepreladUIF) January 30, 2025
“La Seprelad, como autoridad de aplicación de la Ley N° 1015/1997 y sus leyes modificatorias, RECUERDA a todos los Sujetos Obligados, y en especial al sector INMOBILIARIO, lo siguiente”, decía la cabeza del mensaje, que enumeraba las obligaciones que pesan sobre entidades tales como bancos o inmobiliarias.
“Los sujetos obligados no revelarán al cliente ni a terceros las actuaciones o comunicaciones que realicen en aplicación de esta ley”, dice uno de lo artículos citados.
Las fuentes consultadas del ministerio de Inteligencia paraguayo y de la Seprelad optaron por no dar declaraciones a LA NACION. “No vamos a hablar del caso”, se limitaron a señalar.
Se trata de un tema sensible para la Argentina, que afronta el riesgo de ser excluida de la plataforma a través de la cual todas las UIFs del mundo nucleadas en el Grupo Egmont comparten información. Una suspensión, tendría un impacto casi seguro en la supervisión intensificada que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo internacional integrado por los países y organizaciones más influyentes del mundo. Si bien la Argentina evitó caer en la temida “lista gris” en octubre pasado, lo que hubiera generado un prejuicio crediticio para el país, entre otras cuestiones, sigue siendo examinada por el organismo, que realizó observaciones respecto a la independencia de la UIF.