El gobierno nacional trabaja en el proyecto de un nuevo Código Penal, según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo a LA NACION. El borrador ya se encuentra en manos del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, y en etapa inicial, aunque, según afirman, con algunas directrices claras: buscará endurecer todas las penas y que sean más los casos en los que se aplique efectivamente la prisión perpetua.

Este nuevo proyecto de Código agravará especialmente las penas de algunos delitos, como las violaciones. Y también contempla la creación de cárceles privadas. Un proyecto sobre el que ya se había expedido la titular de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en mayo del año pasado. “Hoy las cárceles son un máster en producir mayor delincuencia”, dijeron en Casa Rosada.

La iniciativa del nuevo Código se conoce en momentos en que el tema seguridad copa la agenda nacional, con la crisis que atraviesa la provincia de Buenos Aires, lo que tensa la relación con el gobernador Axel Kicillof. La última semana, el Gobierno logró también la media sanción de la ley de reiterancia, en la Cámara Baja.

“El derecho penal fue muy condescendiente con los victimarios y se busca ahora endurecer las penas”, dijo una importante voz del corazón libertario. El proyecto podría llegar a ser anunciado por el presidente Javier Milei en la próxima apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el próximo 1° de marzo.

La idea fue adelantada este lunes por la noche por el ministro de Justicia. “Estoy trabajando en el Código Penal para que haya penas más duras. Robos con armas, homicidios, jueces que cometen cohecho con casos de narcos, narcotráfico, corrupción, incendio, vamos por una pena que no sea excarcelable, un mínimo de cuatro años”, dijo Cúneo Libarona a TN.

En la Casa Rosada dijeron además que “la violación es un delito que el Gobierno quiere que se sancione con pena perpetua”. Así como también prevé aumentar todas las penas contempladas en el actual Código. También contempla que la figura de la prisión perpetua, que en Argentina implica que una persona pueda pedir libertad condicional después de una determinada cantidad de años, sea reemplazada por un cumplimiento efectivo total. “Las penas a perpetuas tienen que ser a eso, hay que ser concretos”, dijeron en la Casa Rosada.

Las modificaciones incluyen, según detallaron en Casa Rosada, terminar con la figura de femicidio y subir penas a los homicidios. El planteo de la administración libertaria se da luego de que días atrás informara que buscaba eliminar la figura de femicidio a través de otro proyecto de ley, sin contemplar que eso traería como consecuencia la libertad unos 300 condenados.

“Queremos un sistema penal más punitivo que castigue más a los delincuentes y al mismo tiempo se puedan reinsertar más a la sociedad aquellos que estén presos”, dijeron las fuentes consultadas. En el Gobierno consideran además que para combatir la delincuencia es necesaria una mayor infraestructura en materia carcelaria y leyes “adecuadas” .

Cárceles privadas

En mayo del año pasado, la ministra Bullrich confirmó que el sector privado se hará cargo de la construcción de cárceles, la reparación que estas demanden durante la vigencia del contrato, el alojamiento de reclusos, los servicios de atención médica, alimentación, higiene y limpieza, además del tratamiento de residuos y la administración de esas cárceles.

“Ahora son una fábrica de perfeccionamiento de delincuentes”, dijeron las fuentes al justificar la iniciativa. El proceso de resocialización también quedaría bajo supervisión privada. Sin embargo, los informes sobre el comportamiento de presos que reciben los juzgados –notas que influyen en el otorgamiento de beneficios– continuará bajo la firma del Servicio Penitenciario Federal.