Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, cambió su equipo jurídico para su defensa judicial y recurrirá a instancias internacionales para que revoquen la condena de cinco años de cárcel, luego de que en la Corte Suprema de Justicia ratificaran que era culpable de actos de vandalismo contra Transmilenio, en las protestas contra el Gobierno de Iván Duque en 2019.
La máxima instancia judicial colombiana señaló que la influencer cometió los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación al servicio de transporte público, luego de que ella misma se grabara provocando daños con un martillo a una estación del sistema de transporte masivo en el sur de Bogotá.
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Con su nuevo ‘pull’, que ahora encabezará el reconocido jurista Francisco Bernate, y en alianza con Víctor Mosquera, abogado de renombre en tribunales del exterior, buscarán que tanto el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) revisen las actuaciones judiciales en contra de Barrera Rojas, establecieron en el informativo de televisión Noticias RCN.
El objetivo es que desde esos organismos multilaterales determinen si hubo irregularidades en el proceso en Colombia a la también empresaria, e incluso puedan lograr que le emitan medidas cautelares para que analicen e incluso se pueda lograr la impugnación de su condena.
Agregaron en ese medio de comunicación que el mejor escenario para Epa Colombia es que en las mencionadas instancias internacionales determinen que fue arbitrario el fallo en su contra y se reabra si caso.
De esta manera la influencer iniciaría una nueva etapa dentro de su defensa donde Bernate será su apoderado en Colombia, mientras que Mosquera lo hará en los tribunales internacionales para que conozcan su caso en los organismos más influyentes a nivel mundial en Derechos Humanos.
En Noticias RCN finalmente indicaron que la estrategia será lograr un cuestionamiento en la equidad del proceso a Barrera Rojas, por posibles violaciones a sus derechos fundamentales, pero eso también implicaría riesgos para ella, por lo que su futuro sigue siendo incierto.
Los cambios en la defensa de Epa Colombia se conocen justo cuando en la tarde del mismo lunes 10 de febrero, familiares, amigos y otros de sus allegados realizaran una concentración frente a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en el norte de la capital colombiana, donde está recluida, para brindarle apoyo en este complicado momento.
En el evento estuvo presente su compañera sentimental Karol Samantha, que con un megáfono le expresó todo su amor desde afuera del centro penitenciario.
“Yo pido la libertad para Daneidy porque nuestra hija la necesita y la extrañamos. ¡Amor, acá estamos contigo siempre, te amo!”, afirmó.
En ese momento se logró ver a Barrera Rojas, que desde una de las celdas de la prisión le gritó algo la multitud que vino a apoyarla, lo que provocó que su novia casi perdiera el sentido por unos instantes en un emotivo momento.
El caso de Epa Colombia ha provocado solidaridad de muchos sectores del país, incluso del propio presidente de la República, Gustavo Petro, que la defendió el pasado martes en el consejo de ministros En Vivo.
“Se la llevan presa porque le pegó a un vidrio, que ella restituye, porque es un bien público. Lo hace en medio del estallido social, ¿qué están condenando Ministerio de Justicia? ¿El hecho o es un acto de injusticia? Hay que ponerlo sobre la mesa, porque si no dicen que no hay independencia, pero debo criticar algo», afirmó en esa ocasión.
Insistió en que el objetivo final del proceso contra la influencer era criminalizar a quienes se manifestaron en contra de la administración liderada entonces por el expresidente Iván Duque.
“A Epa la castigan por ser popular y pobre, por levantarse y expresar su descontento en un momento en que los jóvenes están protestando, o sea, castigan la protesta y a la mujer pobre que se levanta”, afirmó.
Seguido, el mandatario cuestionó que la justicia en Colombia no haya tenido la misma rapidez para investigar el presunto desfalco al Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz (OCAD Paz), donde se habrían desviado recursos billonarios destinados a financiar los proyectos de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016.