El Gobierno nacional oficializará en las próximas horas una reestructuración del Ministerio de Economía mediante el Decreto 146/2025, que será publicado en el Boletín Oficial. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, introduce modificaciones en la estructura de la cartera económica, con eliminaciones y fusiones de dependencias clave.
Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, entre los cambios más significativos está la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, con sus respectivas subsecretarías.
Sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de Obras Públicas, que amplía su campo de acción para incluir temas de integración socio-urbana e infraestructura habitacional. Esta decisión implica una reorganización del personal que hasta ahora se desempeñaba en el área eliminada, quedando sujeto a un proceso de reasignación o, en algunos casos, desvinculación conforme a la normativa vigente.
La Subsecretaría de Integración Sociourbana, foco de múltiples polémicas por la gestión del fondo fiduciario de integración socio urbana (FISU) -gestión por la cual fue denunciado Juan Grabois-, que actualmente depende de la Secretaría de Obras Públicas, no será eliminada, pero se modificarán sus objetivos.
El nuevo organigrama del Ministerio de Economía también establece la creación de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, que contará con subsecretarías enfocadas en distintas áreas de la matriz energética, incluyendo energía eléctrica, combustibles líquidos y gaseosos, así como transición y planeamiento energético. En el ámbito productivo, la Secretaría de Industria y Comercio concentrará las áreas de política industrial, comercio exterior y defensa del consumidor, con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo y la inserción de Argentina en los mercados internacionales.
Otro de los ejes de la reforma es la reorganización de la Secretaría de Transporte, que ahora se estructura en subsecretarías dedicadas al transporte automotor, ferroviario y aéreo, buscando mejorar la coordinación y regulación de estos sectores estratégicos. Asimismo, la Secretaría de Hacienda mantiene su función central en la gestión de los recursos del Estado, con subsecretarías de Presupuesto, Ingresos Públicos y Coordinación Fiscal Provincial, con el objetivo de fortalecer la relación financiera entre la Nación y las provincias.
En el plano de la inversión pública, la Secretaría de Obras Públicas amplía su rol y suma funciones que antes pertenecían a otras áreas, con un énfasis particular en la integración socio-urbana. De acuerdo con el texto del decreto, se encargará de formular y ejecutar políticas en materia de infraestructura habitacional, regularización del suelo y desarrollo territorial, además de gestionar obras de infraestructura vinculadas al espacio público. También tendrá la responsabilidad de relevar suelos vacantes para la planificación urbana, en articulación con organismos nacionales y provinciales.
Uno de los cambios más trascendentales del decreto es la supresión de la Decisión Administrativa 996/2020, que había estructurado el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat durante el gobierno anterior.
Desde el oficialismo, la medida es presentada como una estrategia para hacer más eficiente el funcionamiento del Estado y reducir el gasto en estructuras administrativas consideradas innecesarias. Fuentes cercanas al Ministerio de Economía aseguran que estos cambios permitirán una mejor coordinación de políticas económicas y una optimización en la utilización de los recursos.