En Florencio Varela, los vecinos están desprotegidos y la policía parece no ser la solución, sino parte del problema. Abundan los delitos y el narcomenudeo, pero escasean los efectivos para custodiar las calles.
En el distrito donde los homicidios de adolescentes se repiten, el jefe de la Estación de Policía y la Secretaría de Seguridad local redujeron las zonas de patrullajes. Ante la falta de móviles para custodiar los 190 kilómetros cuadrados que tiene el partido, pasaron de 43 a 33 las cuadrículas asignadas para que vigile cada patrulla. Esto significa que cada móvil debe recorrer una mayor área, lo que hace más largo el tiempo de respuesta.
La desconfianza en los efectivos de la policía bonaerense asignados a la seguridad en Florencio Varela llevó a que José Alberto, el padre de Josué Salvatierra, asesinado con su novia Paloma Gallardo el 30 de enero pasado en la localidad Bosques, pidiera ante el fiscal Hernán Bustos Rivas que se aparte de la investigación a la fuerza provincial y que la Policía Federal Argentina se haga cargo de la pesquisa.
A una semana de que se encontrasen los cuerpos de Paloma, de 16 años, y Josué, de 14, la escena del doble crimen sigue con basura acumulada y dominada por pastizales de más de dos metros. Tres móviles, dos del Grupo de Apoyo Departamental y uno de la municipalidad, custodian los dos accesos al predio vacío.
Durante la recorrida realizada por la nacion a la misma hora en la que Paloma y Josué fueron vistos con vida por última vez se pudo comprobar el estado de abandono de un terreno sobre el que los vecinos de Bosques ya habían presentado reclamos para que realizaran tareas de desmalezamiento y saneamiento.
Esa falta de limpieza permitió que los asesinos de Paloma y Josué tuvieran a mano los escombros que usaron para golpear las cabezas de los adolescentes hasta matarlos. La maleza que supera los dos metros favoreció para que los homicidas atacaran sobre seguro.
Los homicidas de Paloma y Josué actuaron con impunidad porque en la zona no hay cámaras de seguridad municipales. Las últimas imágenes de los adolescentes con vida fueron grabadas a las 18.05 y 18.19, con dispositivos privados.
Según se pudo comprobar en el lugar del hecho, la falta del tendido de fibra óptica provocó que el Municipio de Florencio Varela no instalara cámaras de seguridad en la zona. Aunque, según un vecino, esos dispositivos se hubieran podido colocar si se concretaba un convenio con una empresa prestadora del servicio de cable.
“Este municipio procederá a realizar tareas de saneamientos y mantenimiento de los inmuebles situados en calle 939 N°1681 entre calle 918-Luján y Ruta Provincial N°36″, se consignó en la nota presentada el miércoles pasado en la fiscalía, por la Secretaría de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación Urbana de la Municipalidad de Florencio Varela.
Esta fue la única respuesta de las autoridades locales al reclamo de los vecinos de Bosques se concretó seis días después de los homicidios de Paloma y Josué.
“Acá te aparecen de todos lados para robarte. No sabes para dónde mirar. Casi todos los ladrones salen del terreno donde mataron a los chicos. Te roban y se esconden en el mismo predio. La mayoría de los que te roban están drogados”, describió Javier, en el mismo cruce peatonal de las vías por el que pasaron Paloma y Josué, el 30 de enero a las 18.19. Tuvieron que matar a los adolescentes para que los vecinos que cruzan las vías del exferrocarril Roca para tomar el tren en la estación de Bosques o abordar el colectivo de la línea 500, contaran con protección policial.
Paloma y Josué fueron asesinados a no más de 300 metros, en línea recta, de la comisaría de Bosques. Según Javier y otra vecina, Claudia, en el terreno donde los mataron, los pastizales altos favorecieron la instalación de vendedores de drogas.
En un oficio judicial, los responsables de dicha seccional afirmaron que no tienen denuncias sobre casos de narcomenudeo en el terreno donde mataron a Paloma y Josué. Es lógico, si se tiene en cuenta que nunca se vieron policías en ese predio, hasta que mataron a los chicos. Sin embargo, los vecinos afirmaron lo contrario. “Acá se vende droga y la policía no hace nada. No nos quieren tomar la denuncia”, expresó Claudia, una habitante de Bosques que sufre a diario los hechos de inseguridad.
Según declaró Omar, el padre de Paloma, en la comisaría de Bosques tardaron más de cuatro horas en tomarle la denuncia por averiguación de paradero. Además, hubo tres órdenes de servicio para comenzar los rastrillajes, pero tienen fecha del 2 de febrero. Los cuerpos de Paloma y Josué fueron hallados 1° de febrero al mediodía por un niño. No por la policía. Los adolescentes sobre los que había un pedido de paradero estaban a 300 metros en línea recta de la seccional, del otro lado de la ruta provincial 36, la antigua avenida Calchaquí.
Posible zona liberada
La sospecha sobre la supuesta zona liberada por parte de los policías de Bosques debido a que en el descampado donde mataron a los adolescentes operan transas de droga, se fundó en que no realizaron ninguna búsqueda y en los dichos de una vecina que dijo que un policía prendió fuego las adyacencias del claro en medio de la maleza donde mataron a Paloma y Josué.
A partir de esos elementos, el abogado Carlos Guillermo Diéguez, que representa al padre de Josué, presentó un oficio ante el fiscal Bustos Rivas en el que solicitó que la policía bonaerense sea apartada de la investigación y que la causa quede a cargo de los detectives de la Policía Federal. Esa fuerza se había sumado el miércoles pasado para colaborar con la policía bonaerense.
En la recorrida realizada por la nacion se pudo observar que la mayoría de los móviles que operan desde el Comando de Patrullas situado en el barrio Santa Rosa, detrás del estadio de Defensa y Justicia, tienen patente AE. Esto significa que son modelo 2020 y estarían al borde del máximo plazo de utilidad. A diferencia de lo que ocurre en distritos como La Matanza y San Martín, las patrullas parecen tener mejor mantenimiento.
Aunque, en el Depósito Municipal situado en la avenida Cariboni, a dos kilómetros de la avenida Calchaquí, en una zona quintas donde se cultiva lechuga, existe un cementerio de móviles policiales radiados. Al menos doce patrulleros dados de baja y canibalizados son custodiados con excesivo celo por parte del personal de seguridad del municipio que le sacó fotos al cronista que desde la vía pública tomaba imágenes de los móviles destruidos.
A pesar que en el predio situado en Batalla de Maipú y Posadas funciona una escuela de formación policial no se traslada esa presencia a mayor seguridad en las calles que, según se observa, carecen de presencia de uniformados.
En los últimos 33 años solo hubo dos intendentes en Florencio Varela. Julio Pereyra estuvo a cargo del Poder Ejecutivo local desde 1992 hasta enero de 2017 y, el 2 enero de ese año, fue reemplazado por Andrés Watson, el actual intendente.
Según los vecinos, una de las medidas más cuestionadas de la actual gestión fue la decisión de aumentar el impuesto municipal de $9500 este mes a $18.000 para marzo, para una vivienda del barrio Zevallos.
“Estos aumentos no se reflejan en la contraprestación que debe hacer el municipio. No hay luminarias. Tampoco pasan los móviles, a pesar que en la boleta figura discriminada la tasa de seguridad que supuestamente es para pagar el combustible de los patrulleros. Además, no funcionan las cámaras de seguridad”, explicó Jorge, vecino del mencionado barrio.
Extrañas coincidencias
Existe en Florencio Varela un centro de monitoreo de cámaras de seguridad. Pero de nada sirvió cuando el 11 de febrero de 2017, en Senzabello y Los Andes, fueron asesinadas Sabrina Barrientos y Denisse Juárez. El operador que debía estar vigilando esas imágenes no advirtió que asesinaron a las adolescentes mientras esperaban la llegada del colectivo. Las imágenes del homicida nunca aparecieron. Antes de la masacre, las víctimas pasaron frente a la comisaría 2° de Florencio Varela. La Justicia acusó a un menor, de 15 años, como el autor de los disparos, a pesar que nadie lo ubicó en la escena del crimen. Al ser no punible, el caso quedó impune.
La complicidad de un sector de la policía con las bandas narcos favoreció el homicidio de Milagros Paola Saavedra, ocurrido en el barrio San Rudecindo, en agosto de 2021. La joven fue asesinada mientras estaba en su casa por uno de los balazos disparados en medio de un enfrentamiento entre grupos de transas que se peleaban por dominar el puente amarillo que cruza el arroyo, para poder vender droga.
Este homicidio ocurrió a 30 cuadras en línea recta del descampado donde mataron a Paloma y Josué. También en jurisdicción de la comisaría 4°, de Florencio Varela. Se trata de la misma seccional que tuvo a cargo la denuncia por la desaparición de Lautaro Morello y Lucas Escalante, el 9 de diciembre de 2022.
En ese momento, ningún policía salió a buscar a Lautaro y Lucas. Igual que ocurrió con Paloma y Josué. El cuerpo calcinado de Lautaro fue hallado seis días después. Lucas nunca apareció. Después que los policías de esa seccional fueron apartados de la investigación, los detectives de la PFA establecieron que hubo jefes policiales que borraron pruebas para proteger al comisario mayor Francisco Centurión, acusado de encubrimiento del crimen cometido por su hijo, Cristian.ß