La juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, dio un duro golpe a la defensa del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, en el proceso legal por los presuntos delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.
“Ya llevamos 5 años, 3 meses y 26 días que no se le ha resuelto la situación jurídica. Por lo que esta instancia va a acceder en parte a la pretensión del señor defensor. En primer lugar, vamos a instalar hoy el día del juicio oral con la manifestación del señor procesado si acepta o no acepta cargos”, dijo la jueza.
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La togada Heredia ordenó que la audiencia se inicie este mismo 6 de febrero de 2025, pero el abogado de Uribe, Jaime Granados, solicitó que sea el próximo lunes 10 de febrero, por lo que el exsenador se convirtió en el primer jefe de Estado en la historia de Colombia en un juicio penal.
Sin embargo, continúa la polémica luego de que el Tribunal Superior de Bogotá estableciera que las conversaciones interceptadas entre el 39.º presidente de la República y su exabogado Diego Cadena fueran consideradas como pruebas en el juicio oral. De acuerdo con el decreto probatorio de la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, “es estéril la pretensión de la defensa” y “busca anticiparse a la decisión del juez”, dijo el magistrado Manuel Antonio Merchán.
Así las cosas, pese a que en el país se respeta el secreto profesional, en este caso no es válido, puesto que las interceptaciones son necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos. “El secreto profesional no es absoluto y no puede proteger actividades ilícitas”, señaló Merchán, que confirma la postura en primera instancia de la jueza Sandra Heredia.
Es preciso anotar que la defensa argumentó que las interceptaciones a las llamadas entre el expresidente y uno de los juristas a su servicio, no podían ser tenidas en cuenta en el juicio, porque se trataba de comunicaciones privilegiadas por la confidencialidad que gozan las comunicaciones entre un abogado y su cliente.
En este contexto, el abogado Aníbal Navarro, experto en pericia forense, habló con Infobae Colombia sobre las implicaciones que derivan de la decisión del magistrado Merchán de considerar válidas las interceptaciones telefónicas obtenidas en 2018. En ese sentido, sostuvo que pese a que en el ejercicio del secreto profesional hay limitaciones, en el caso de Uribe Vélez hay “zonas grises” en el fallo que preocupan.
“En este caso que se habla de unas interceptaciones de un material digital, pues cualquier forense lo analiza, pero el tema es y cómo lo recuperaron, cómo se va a garantizar de que no ha sido malinterpretado, no ha sido alterado”, precisó.
Incluso, llegó a decir que causan inseguridad para los colombianos que estén en medio de un proceso legal, puesto que en caso de que se obtenga una información sin importar la manera en que se consiguió, puede ser utilizada en su contra
“Cualquier interceptación o cualquier error que cometa el ente acusador va a ser aceptado para un proceso judicial. O sea, nos podría estar afectando a todos los colombianos. Ojalá nunca estemos inmersos en un proceso penal y que sea el sujeto que va a ser valorado, porque eso da inseguridad y eso sí va a afectar que sea el presidente o no”.
A su vez, explicó que la decisión aplicada por el Tribunal Superior de Bogotá y avalada por Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia pone en riesgo la labor de los abogados en su tarea de defender a sus clientes, ya que podrían ser interceptados para recabar información sobre casos polémicos.
“Sale cualquier cosa de estas y puede ser malinterpretada y es peligroso.” Entonces uno, ¿Será que estoy hablando tranquilo?”, sostuvo.
Luego de que anunciaran la fecha de su juicio, el 39.º presidente de la República aseguró que no se declarará culpable, por lo que su defensa se centrará en responder a las acusaciones formuladas por un fiscal que, según él, fue designado y promovido por el exfiscal general Eduardo Montealegre.
“El lunes espero presentar mi teoría de la defensa, una vez la señora Juez me lo permita, siempre después de la intervención del Dr. Granados. Mi defensa frente a una acusación que me formuló un fiscal nombrado y promovido por Eduardo Montealegre. Un fiscal que no tuvo la lealtad con la justicia de declarar su conflicto de interés. Mi defensa frente a un juicio injusto que lograron enemigos políticos, algunos simpatizantes y otros defensores del terrorismo”, afirmó el expresidente Uribe Vélez en su cuenta oficial de X.