El gobierno de Javier Milei, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, realizó esta mañana una denuncia penal contra la ex presidenta Cristina Kirchner por la presunta comisión de los delitos de “estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica”.
Según el documento al que accedió Infobae, el cuestionamiento se centra en la percepción de bonificaciones por “Zona Austral” en dos beneficios previsionales, a pesar de que la residencia de Fernández de Kirchner no se encontró en las áreas geográficas que justifican dicho adicional.
Según el texto -que será sorteado en las próximas horas para determinar el juzgado actuante- la también ex vicepresidenta “insertó o hecho insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas; o haber presentado (usado) declaraciones juradas con datos falsos, para percibir adicionales por zona austral en los beneficios N° 40-5-8085213-0 (derivada de la asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por viudez del ex – presidente Néstor Carlos Kirchner) y N° 40-5-8085268-0 (asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por su carácter de ex presidente), siendo de público y notorio conocimiento su residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período de percepción de ambas asignaciones, simultáneo además con su desempeño en el rol de Senadora por la Provincia de Buenos Aires ante el Senado de la Nación (10/12/2017 – 10/12/2019) y Vicepresidenta de la Nación (10/12/2019 – 10/12/2023), todo ello cometido en perjuicio de la Administración Nacional de la Seguridad Social”.
El “perjuicio patrimonial a la ANSES”, aclara el texto, “quedará determinado con exactitud a partir de las tareas investigativas que llevará adelante su señoría y que, finalmente, surjan de las pericias a realizarse en la etapa procesal oportuna”.
El 17 de noviembre de 2024, después del anuncio del Gobierno de que revocaría la asignación mensual vitalicia, así como la pensión que cobra la ex presidenta, el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, explicó cuáles fueron los motivos que llevaron a la decisión, pero también el beneficio, denunciado como irregular, que cobraba la ex mandataria por residir en zona austral.
“La justificación es la existencia de una sentencia definitiva que los condena por delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito en su favor. No se trata de una jubilación o pensión lo que percibían, sino de una asignación graciable que la ley a los ex presidentes, pero que no tiene carácter contributivo”, indicó el funcionario y agregó: “Las condiciones que dieron origen a ese derecho son la honestidad y la credibilidad, que perdieron cuando fueron condenados”.
En ese momento De los Heros, habló sobre la “indignidad” de Cristina Fernández al ser encontrada culpable e informó: “Cristina cobró $35.255.297 en noviembre (de 2024). Es más, presentó un certificado de domicilio y por vivir en Río Gallegos se le paga un suplemento de zona austral que, entre ambas percepciones, es de $6.354.523. Lo que ella cobraba era equivalente a 136 jubilaciones mínimas, 388 AUH y a 21 jubilaciones máximas”, dijo y agregó: “La responsabilidad del Presidente, de la ministra Sandra Pettovello y mía fue no solamente política y de justicia, sino de equidad, porque permitir que esto siguiera sucediendo era de una inequidad absoluta”, dijo en declaraciones a La Mañana del Observador. “El presidente Milei y la ministra, Sandra Pettovello destacaron desde el principio que los valores que deben regir en la gestión del gobierno y, en mi caso, en la gestión de ANSES es el tema de transparencia, el tema de una administración austera, una administración que lo que busca es brindar servicios a los ciudadanos. La corrupción es algo inaceptable’”, finalizó De los Heros.
Los beneficios cuestionados y el adicional por zona austral
Los denunciantes por parte del Estado, el director de la Oficina de Integridad de la ANSES, Ignacio Javier Uresandi , y el coordinador de Asuntos Penales, Maximiliano Raúl Rima, solicitaron que la ANSES sea “reconocida como parte querellante en el caso y ha acompañado pruebas documentales, además de requerir la producción de medidas probatorias para avanzar en la investigación”.
La denuncia detalla que los beneficios previsionales en cuestión son el derivado de la asignación mensual vitalicia por viudez del ex presidente Néstor Kirchner y la asignación mensual vitalicia correspondiente a su carácter de ex presidenta. Ambos beneficios, incluyeron el adicional por zona austral”.
Este adicional, según lo estipulado en la Ley N° 19.485 y sus modificatorias, está destinado exclusivamente a quienes residen en provincias del sur del país, como Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y el Partido de Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Su objetivo es fomentar el desarrollo regional y compensar el mayor costo de vida en esas áreas.
Sin embargo, la ANSES argumentó que durante el período en que Fernández de Kirchner percibió estas bonificaciones, su residencia efectiva se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , lo que contravendría los requisitos legales para acceder al beneficio. Además, se señala que durante ese tiempo se “desempeñaron funciones como senadora por la provincia de Buenos Aires (2017-2019) y como vicepresidenta de la Nación (2019-2023).
Auditorías para suplemento zona rural
El 27 de noviembre pasado, De Los Heros firmó dos resoluciones. En una ellas solicita la “REVISION NORMA Y PROCESO PARA EL PAGO DEL SUPLEMENTO ZONA AUSTRAL”. Allí el titular de la ANSES solicita “la revisión y eventual adecuación de la norma de procedimiento de la ANSES a efectos de adoptar criterios estrictos y objetivos que puedan atestiguar que el beneficiario de una prestación que expresamente solicite el suplemento por zona austral cumple con una verdadera y auténtica residencia en el lugar denunciado, con independencia del domicilio legal que surja del Documento Nacional de Identidad”.
Asimismo, se estableció que “deberán preverse criterios objetivos de control permanente que puedan asegurar que las circunstancias de residencia del beneficiario se mantienen en el tiempo, con posterioridad al otorgamiento del beneficio”.
Por último, el funcionario de La Libertad Avanza ordenó que se “planifiquen una programa de auditoría sobre todos los beneficiarios a quienes se les abona el referido suplemento por zona austral, cualquiera fuera el régimen legal bajo el cual se haya otorgado el respectivo beneficio”.
También solicitó al equipo legal de que “en caso que existan restricciones legales o normativas superiores, deberán proyectarse las modificaciones que corresponda efectuar, a fin de garantizar el fin real pretendido por las disposiciones vigentes Solicito se conceda al presente requerimiento tratamiento de MUY PREFERENTE Y URGENTE DESPACHO”.
“Investigar el beneficio otorgado a Néstor Kirchner”
La revisión de la normativa y su adecuada implementación tiene un objetivo que podría repetirse en cientos o miles de casos. El “suplemento por zona austral”, es un beneficio diseñado para compensar las condiciones geográficas y económicas desfavorables de quienes residen en la región patagónica.
Es de público conocimiento que la ex mandataria tiene su residencia declarada en Río Gallegos, Santa Cruz, pero durante sus dos mandatos presidenciales, en el de su fallecido marido, cuando fue vicepresidenta de la nación y senadora por la provincia de Buenos Aires vivía habitualmente en la Ciudad de Buenos Aires, en un departamento ubicado en el barrio de Recoleta, o en la quinta de Olivos.
La segunda solicitud de Mariano De Los Heros fue la “revisión y eventual adecuación de la norma de procedimiento de la ANSES a efectos de adoptar criterios estrictos y objetivos que puedan atestiguar que el beneficiario de una prestación que expresamente solicite el suplemento por zona austral cumple con una verdadera y auténtica residencia en el lugar denunciado, con independencia del domicilio legal que surja del Documento Nacional de Identidad”.
El titular de la ANSES, a pedido de Sandra Pettovello, también expresó que: “deberán preverse criterios objetivos de control permanente que puedan asegurar que las circunstancias de residencia del beneficiario se mantienen en el tiempo, con posterioridad al otorgamiento del beneficio”.
De Los Heros también pidió que “debería determinarse, para el caso de la asignación especial vitalicia otorgada al Sr. Néstor Carlos Kirchner, si en su caso también se le abonó este suplemento por zona austral y que actos o condiciones personales habrían justificado, eventualmente, tal proceder, siendo que en ambos casos era de público y notorio que el matrimonio residía en CABA o en la Residencia Presidencial de Olivos, hasta su fallecimiento. En este caso, también debería determinarse el total de los importes abonados desde el inicio de los pagos por tal concepto, actualizados a la fecha según la aplicación del CER”.
Declaraciones juradas con datos falsos
La denuncia del Ministerio de Capital Humano ante la justicia federal de esta mañana también incluye un análisis del marco normativo que regula el adicional por zona austral. “Según el Dictamen Técnico Legal Superintendencia de Servicios de Salud N° 116/15, este beneficio no tiene carácter provisional, sino que está condicionado a la residencia efectiva en las zonas promovidas por la ley”. En este sentido, la ANSES sostiene que “la percepción de estas bonificaciones por parte de Fernández de Kirchner habría sido posible mediante la presentación de declaraciones juradas con datos falsos, lo que configuraría el delito de falsedad ideológica”.
El beneficio de pensión por viudez fue otorgado a Fernández de Kirchner en 2010, tras el fallecimiento de Néstor Kirchner, mientras que la asignación mensual vitalicia como ex presidenta fue reconocida en 2015. En ambos casos, el adicional por zona austral comenzó a aplicarse en 2016, cuando las liquidaciones aún estaban a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Posteriormente, en 2017, estas funciones fueron transferidas a la ANSES mediante el Decreto N.º 746/17.
“Acto de corrupción”
La ANSES calificó los hechos denunciados como un “acto de corrupción” en los términos de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción , ambas ratificadas por la República Argentina. Según el organismo, las conductas atribuidas a Fernández de Kirchner podrían encuadrarse en los delitos de estafa y defraudación a la administración pública y falsedad ideológica”.
En el escrito presentado, se solicita al juez federal que ordene una serie de medidas probatorias, entre ellas:
- Oficios al Senado de la Nación para verificar la asistencia de Fernández de Kirchner durante su mandato como senadora.
- Información del Banco Central de la República Argentina sobre los movimientos de cuenta de la denunciada.
- Datos del Ente Nacional de Comunicaciones para identificar la radicación de llamadas telefónicas realizadas y recibidas por Fernández de Kirchner en el período investigado.
- Pericias caligráficas para constatar la autenticidad de las firmas en los documentos presentados ante el Ministerio de Desarrollo Social.
- Pericias contables para determinar el monto exacto del perjuicio económico ocasionado a la ANSES.
Las pruebas
La denuncia incluye copias de los expedientes administrativos relacionados con los beneficios previsionales otorgados a Fernández de Kirchner, así como el Dictamen Técnico Legal Superintendencia de Servicios de Salud N° 116/15, que establece los requisitos para acceder al adicional por zona austral. Además, se adjuntan registros del sistema informático de la ANSES que cuantifican el perjuicio fiscal derivado de la percepción de estas bonificaciones.
La ANSES también ratificó que “el perjuicio patrimonial de esta Administración Nacional de la Seguridad se encuentra verificado a través del sistema informático de ANSES, Registro Único de Beneficiarios, donde se observan esas asignaciones por zona austral en los distintos haberes previsionales percibidos por la ex – presidenta de la Nación que cuantifica el perjuicio fiscal”.
Finalmente, ANSES solicitó a la Justicia que inicie las investigaciones para esclarecer los hechos y, en caso de corroborar las irregularidades, “que se sancione a los responsables conforme al Código Penal”. También pidió que se detallen las responsabilidades individuales y que el perjuicio fiscal sea resarcido en beneficio de la administración pública. Para los funcionarios a cargo de Pettovello: “La presentación marca un hito en el enfoque de ANSES hacia la defensa de los fondos públicos y abre camino a un proceso judicial que podría tener amplias implicancias políticas y sociales en el país”.