Un ataque efectuado el 17 de enero de 2025 en la mina Higabra, ubicada en el municipio de Buriticá, Antioquia, dejó como saldo la destrucción de una subestación eléctrica clave para el funcionamiento de las operaciones mineras y a una guarda de seguridad herida.
Este incidente, atribuido a mineros irregulares y posiblemente vinculado a grupos armados como el Clan del Golfo, es solo uno de los múltiples episodios de inseguridad que han afectado a una de las minas de oro más grandes del mundo.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp
Ante estos hechos, la multinacional minera Zijin – Continental Gold presentó una demanda multimillonaria contra el Estado colombiano, alegando incumplimientos en la protección de sus actividades extractivas.
La demanda fue formalizada el pasado 12 de julio de 2024 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
La compañía minera sostiene que el Estado colombiano ha violado el Tratado de Libre Comercio con Canadá, al no garantizar un nivel mínimo de trato, protección plena y un entorno justo y equitativo para el desarrollo de sus operaciones.
Este conflicto legal se centra en la mina de Buriticá, que alberga reservas estimadas en 3,7 millones de onzas de oro, convirtiéndola en una de las más importantes a nivel global.
Ante la demanda presentada por Zijin – Continental Gold, el Gobierno colombiano, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ha comenzado a preparar su defensa.
Según informó la Presidencia de la República, se está llevando a cabo un proceso de selección para contratar a una firma internacional que cuente con experiencia comprobada en arbitrajes internacionales y una tasa de éxito mínima del 75% en la representación de estados latinoamericanos en los últimos 15 años.
La estrategia jurídica será liderada por el Grupo de Arbitrajes de Inversión de la Agencia Nacional, que se encargará de estructurar la defensa con base en su experiencia previa en casos similares. Una vez seleccionada la firma asesora, el Estado colombiano procederá a responder formalmente a los alegatos presentados por la multinacional.