El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intensificó sus operaciones desde la llegada de la nueva administración en Estados Unidos. La ampliación de las prioridades de detención ahora abarca a cualquier persona que se encuentre en el país sin la documentación pertinente, y no se limita únicamente a aquellos con condenas penales o considerados como amenaza para la seguridad nacional.
- A diferencia de administraciones previas, estas operaciones cuentan con la colaboración de agencias federales como el FBI, la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.
- Esta estrategia generó debates en torno a las implicaciones humanitarias y legales, especialmente entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.
Aumento en las deportaciones
Aunque el ICE no proporcionó cifras exactas sobre el número de deportaciones desde el retorno de Trump a la presidencia, se observó un énfasis en los vuelos de expulsión, incluyendo el uso de aviones militares para estos traslados. En un periodo de 12 meses hasta septiembre, durante la administración anterior, se deportaron más de 270,000 personas, que fue la cifra anual más alta en una década. Este aumento se atribuye a la intensificación de los vuelos de deportación y a la implementación de estrategias más agresivas para remover a personas sin estatus legal.
Un ejemplo reciente de este cambio es el uso de un avión de transporte militar C-27 en Guatemala, que trasladó a 80 deportados. Los migrantes viajaron esposados y con grilletes, una imagen que generó críticas de organismos internacionales.
Restablecimiento de políticas fronterizas
La administración actual reinstauró la política conocida como “Quédate en México”, que exige que los solicitantes de asilo esperen en el país vecino sus citas para comparecer ante los tribunales migratorios estadounidenses. Esta medida fue criticada por organizaciones de derechos humanos, que sostienen que pone en riesgo la seguridad de los solicitantes al exponerlos a condiciones peligrosas mientras esperan la resolución de sus casos.
Además, el gobierno desplegó 1,500 tropas activas en la frontera para reforzar la seguridad y apoyar en labores de vigilancia y construcción de barreras. Aunque una ley de 1878 prohíbe la participación militar en la aplicación de la ley civil, el Presidente señaló la posibilidad de invocar facultades de épocas de guerra para justificar estas acciones.
Eliminación de programas de reasentamiento de refugiados
El gobierno detuvo el programa de reasentamiento de refugiados, que investigaba a solicitantes en el extranjero antes de su ingreso a Estados Unidos. Este programa, que había sido desmantelado en gran medida durante el primer mandato de Trump y posteriormente reactivado por la administración de Joe Biden, fue nuevamente suspendido bajo las nuevas políticas. Esto afecta a miles de personas que buscaban establecerse en el país como parte de una vida más segura.
Las organizaciones que brindaban asistencia a refugiados, como vivienda temporal y capacitación laboral, recibieron instrucciones del Departamento de Estado para cesar sus actividades de inmediato.
Propuesta para eliminar la ciudadanía por nacimiento
Una de las medidas más controvertidas impulsadas por la administración es la intención de eliminar la concesión automática de la ciudadanía a los niños que nacen en suelo estadounidense. Este derecho está establecido en la Enmienda 14 de la Constitución desde 1868, por lo que su modificación requiere superar importantes obstáculos legales. La eliminación de este derecho afectaría principalmente a hijos de inmigrantes indocumentados y personas con visas temporales.
Actualmente, esta medida se encuentra paralizada debido a una orden judicial emitida por un juez federal en Seattle. Sin embargo, el debate sobre esta propuesta continúa siendo un tema candente en la agenda política y legal, con implicaciones profundas en el concepto de ciudadanía y derechos constitucionales en Estados Unidos.