El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado la nulidad del despido de un trabajador del Concello de Avión (Ourense), quien demandó judicialmente al consistorio tras acumular 33 contratos temporales en un periodo de 17 años. El fallo obliga al ayuntamiento a readmitir al empleado en las mismas condiciones que tenía antes del cese ya indemnizarlo con 8.000 euros. La sentencia subraya la vulneración de derechos fundamentales del trabajador, entre ellos, la garantía de indemnidad y la discriminación por motivos de salud, ya que el despido ocurrió mientras el empleado estaba de baja médica.
El demandante, un ingeniero técnico forestal, prestó servicios para el Concello de Avión bajo una larga de contratos. Las contrataciones, en su mayoría temporales, correspondían a obras o servicios concretos, muchos de ellos relacionados con tareas forestales, prevención de incendios y mantenimiento municipal. Según los antecedentes recopilados en la sentencia, los primeros contratos se remontan a 2006, con diversas interrupciones entre periodos de vinculación laboral que se extendieron hasta 2023.
La resolución judicial constata que esta sucesión de contratos temporales, combinada con la continuidad de la relación laboral y la naturaleza estructural de las tareas desempeñadas, constituye un fraude en la contratación. Tal como señala el fallo, el demandante asumía responsabilidades propias de un personal laboral fijo, gestionando proyectos y expedientes municipales relacionados con su especialidad profesional, además de recibir encargos directos del alcalde.
En este contexto, el empleado interpuso varias demandas judiciales contra el Concello, entre ellas una solicitud para que se reconociera el carácter indefinido de su vínculo laboral. Estas acciones legales coincidieron con que, desde 2022, el consistorio abrió procesos de estabilización de empleo temporal bajo la normativa de la Ley 20/2021. No obstante, el puesto de ingeniero técnico forestal que ocupaba el demandante fue excluido del proceso, lo cual, según el recurrente, constituye una discriminación respecto a otros trabajadores en situación laboral similar.
Agosto de 2023: comienza la baja médica
La relación laboral llegó a un punto crítico a principios de agosto de 2023, cuando el trabajador comenzó una baja médica. Poco después, el 1 de noviembre, se formalizó su cese, lo que llevó al ingeniero a presentar una nueva demanda judicial argumentando que su despido vulneraba derechos fundamentales. En concreto, denunció haber sido represaliado por sus anteriores reclamaciones judiciales y haber sufrido un trato discriminatorio por encontrarse en situación de incapacidad temporal.
El Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense reconoció estos argumentos en primera instancia mediante una sentencia dictada en febrero de 2024, declarando el despido como nulo. El fallo establece que el Concello de Avión no aportó justificación alguna para proceder al cese y confirmar que la relación laboral entre las partes debía considerarse indefinida. Asimismo, condenó al consistorio a indemnizar al trabajador con 8.000 euros por daños y perjuicios.
Tanto el demandante como el consistorio recurrieron la resolución en suplicación. El primero, para ampliar la revisión de hechos probados y alegar discriminación en el proceso de estabilización laboral; el segundo, en defensa de la legalidad del cese, argumentando que era consecuencia de la finalización de un contrato supeditado a una subvención. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestimó ambos recursos y confirmó lo dictaminado por el juzgado de instancia.
Garantía de indemnidad
En su fallo definitivo, la Sala de lo Social del TSXG subraya que el despido vulnera la garantía de indemnidad, al haber accionado el consistorio en represalia por las acciones del trabajador legal. Además, concluye que el cese es discriminatorio al haberse producido mientras el demandante estaba de baja médica, lo que vulnera la Ley 15/2022 sobre igualdad de trato y no discriminación.
La sentencia ratificada ordena al Concello de Avión readmitir al empleado en su puesto de trabajo con las mismas condiciones que tenía antes del despido y proceder al pago de una indemnización de 8.000 euros. Este fallo también deja en evidencia lo que la resolución tilda como un “continuo fraude en la contratación” por parte del consistorio, que durante años recurrió a sucesivos contratos temporales para cubrir un puesto estructural.
El caso pone de manifiesto los problemas de temporalidad laboral en el sector público y refuerza la necesidad de cumplir con los procesos de estabilización promovidos por las autoridades estatales y europeas. También señala la importancia de proteger los derechos fundamentales de los trabajadores en situaciones de irregularidad contractual.
Con la resolución firme del TSXG, el empleado recuperará su lugar en el consistorio, cerrando un largo ciclo de contrataciones temporales consideradas fuera de la normativa vigente. El Concello de Avión, por su parte, deberá asumir las consecuencias legales de su procedimiento y reevaluar sus políticas laborales para evitar futuros litigios de esta naturaleza.