El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se pronunció enérgicamente sobre la denuncia presentada por el Ministerio Público contra varios congresistas, a quienes se les acusa de haber aprobado el proyecto de ley 319/2021. Según la Fiscalía, esta norma habría permitido que parlamentarios, militares y policías retirados perciban simultáneamente un sueldo y una pensión sin restricciones.
Salhuana cuestionó la actuación de la Fiscalía, señalando que esta habría procedido sin considerar lo estipulado en la Constitución. A través de su cuenta en X (antes Twitter), el titular del Parlamento calificó la denuncia como una posible infracción constitucional en los términos del artículo 99 de la Carta Magna.
“La Fiscalía ha denunciado a congresistas por aprobar el dictamen relacionado con el proyecto de ley 319/2021, desconociendo el artículo 93 de la Constitución. Esto podría configurar una infracción constitucional, aplicable bajo el artículo 99 de la Carta Magna. Es fundamental que el Ministerio Público actúe con respeto al orden constitucional y el Estado de Derecho”, escribió Salhuana en su publicación.
El presidente del Congreso hace referencia al artículo 93 de la Constitución, que establece que los parlamentarios representan a la Nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Además, señala que los legisladores no son responsables ante ninguna autoridad por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones, garantizando así su independencia.
Fiscalía denuncia a congresistas por presunta negociación incompatible
La reacción de Eduardo Salhuana se dio al día siguiente de que la Fiscalía de la Nación presentara una denuncia constitucional contra los miembros de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, durante el período 2021-2022.
La Fiscalía señala a los congresistas José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León, José Ernesto Cueto Aservi, Alfredo Azurín Loayza, Hamlet Echevarría Rodríguez, Américo Gonza Castillo, Carmen Patricia Juárez Gallegos, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Martínez Talavera y Lucinda Vásquez Vela por el presunto delito de negociación incompatible, en agravio del Estado peruano.
La denuncia se enfoca en el dictamen del Proyecto de Ley N.º 319/2021-CR, aprobado con un texto sustitutorio. Según la Fiscalía, esta ley permitió que cinco congresistas denunciados, quienes además son pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, recibieran simultáneamente su salario como legisladores y su pensión de jubilados, sin ningún tipo de límite o restricción en el monto.
Entre los beneficiados se encuentran José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León y José Ernesto Cueto Aservi (pensionistas de las Fuerzas Armadas) y Alfredo Azurín Loayza (pensionista de la Policía Nacional). La Fiscalía sostiene que estos congresistas favorecieron sus propios intereses al promover y aprobar dicha norma.
Modificación permitió a congresistas recibir pensión y sueldo
En 2021, los congresistas José Williams, Jorge Montoya, José Cueto, Roberto Chiabra y Alfredo Azurín renunciaron a sus pensiones al asumir sus cargos en el Congreso. No obstante, una modificación a la Ley N.º 19846 les permitió percibir, simultáneamente, su sueldo como legisladores y una pensión por sus cargos previos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La reforma, impulsada por la congresista María del Carmen Alva, pasó por varias modificaciones en la Comisión de Defensa Nacional, en la que los mismos beneficiarios eran miembros. Entre los cambios se incluyó la eliminación del tope salarial y la extensión de la medida a cargos de elección popular.
Una investigación de IDL Reporteros reveló que, a pesar de los intereses directos, los congresistas involucrados promovieron activamente la reforma. Aunque algunos se abstuvieron formalmente en la votación del 28 de abril de 2022, fueron clave en la aprobación del proyecto.
Este cambio permitió a los legisladores acceder a pensiones de hasta 34,500 soles, lo que generó cuestionamientos éticos y legales sobre el uso del poder congresal para intereses personales, suscitando duras críticas desde diversos sectores de la sociedad.