El tráfico de migrantes ha superado al contrabando de cocaína como una de las actividades más lucrativas para los cárteles mexicanos en la región fronteriza, esto por los altos ingresos y por los menores riesgos entre una y otra.
El Fiscal Especializado en Operaciones Estratégicas del estado de Chihuahua, Arturo Velazco, afirmó durante una entrevista para el programa Pie de Nota con Luis Chaparro que aunque la cocaína solía ser una de las principales fuentes de ingreso para las organizaciones criminales, su precio ha disminuido considerablemente debido a varios factores, incluido el auge del fentanilo.
“Hace unos tres o cuatro años, el precio del kilo de cocaína estaba entre los 17 mil y 20 mil dólares, pero ya cayó yo creo que abajo de la mitad”, señaló.
En cambio, el tráfico de migrantes se ha convertido en una actividad prioritaria debido a su alta rentabilidad. “Con las personas, prácticamente el riesgo es mucho menor. Aparte, muchos regresan, y la ganancia es mucho mayor en el tema de una persona que en el de un cargamento de droga”, indicó.
El funcionario detalló que los llamados “polleros” cobran entre 10 mil y 15 mil dólares por migrante, por lo que en grupos de 40 o 50 migrantes las ganancias ya igualan varios cuadros del valor de la coca.
“Un cargamento importante de cocaína ya ni siquiera deja lo mismo que los migrantes, y además el riesgo es mucho menor”, afirmó Velazco, quien también advirtió que esta actividad ha impulsado el aumento de delitos como la extorsión y el secuestro en el estado.
“Primero estaban haciendo tanta lana con los migrantes, con el tráfico de migrantes, no tanto con el secuestro. Pero de ahí se volvió un tema como de derecho de piso. Entonces algunos grupos empezaron a decir: ‘Oye, esta zona es mía, tú no puedes entrar aquí con gente indocumentada si no pagas o si no me das aviso’. Y empezaron a robarse lo que ellos le llaman en el argot criminal las cajas”, explicó.
A partir de este conflicto entre grupos, las organizaciones comenzaron a extorsionar a las familias de los migrantes, ya sea pidiéndoles dinero para dejarlos en libertad o bien para cruzarlos al país vecino.
Velazco Ponce también mencionó la reciente detección de un túnel en Ciudad Juárez, utilizado presuntamente para el tráfico de personas hacia El Paso, Texas. “No sé cuánto tiempo tenga ahí operando este túnel, pero está muy bien hecho. Yo creo que invirtieron bastante dinero en el mismo”, señaló.
El tráfico de migrantes ha tenido consecuencias graves en el estado, en particular en delitos como el secuestro. Velazco afirmó que los migrantes se han convertido en un blanco fácil para las organizaciones criminales.
Según el fiscal, el aumento de la migración ha generado disputas entre grupos criminales por el control de rutas y ganancias, lo que ha intensificado los conflictos en el estado.
El fiscal también expresó preocupación por las posibles consecuencias de un incremento en las deportaciones masivas desde Estados Unidos, agregando que estos tipos de delitos tendrán un incremento significativo.
Extorsión a productores agrícolas y ganaderos
Por otro lado, el fiscal destacó cómo los productores de nuez, madera y otros bienes agrícolas enfrentan imposiciones económicas de parte del crimen organizado. Estas organizaciones criminales cobran cuotas a los productores bajo amenaza de represalias si no cumplen con los pagos.
“Hay lugares en el sur de nuestro estado que lamentablemente sí, a nuestros agricultores o ganaderos, o las personas que se dedican a lo forestal, sí son sujetos de estos impuestos adicionales que impone el crimen organizado”, explicó Velazco.
Un ejemplo particularmente alarmante es el cobro de cuotas a comerciantes de cerveza en la Sierra de Chihuahua. Según el fiscal, los vendedores deben pagar entre 30 y 60 pesos por cada 24 cervezas vendidas, lo que aumenta el precio final para el consumidor.
Velazco reconoció que estas cuotas, aunque puedan parecer menores en apariencia, representan una fuente significativa de ingresos para las organizaciones criminales debido al volumen de ventas. “En grandes cantidades, sí te representa una fuente de ingresos igual como cualquier otra que es significativa ya en el volumen”, explicó.
Velazco subrayó que la extorsión y el secuestro son delitos que suelen estar directamente relacionados y son cometidos por los mismos grupos criminales.
En muchos casos, las bandas que extorsionan a productores o comerciantes también los secuestran si perciben que no cumplen con las exigencias económicas. Un caso reciente en la región de Cuauhtémoc involucró a una banda que, además de dedicarse al secuestro, era responsable de cobrar cuotas en los aserraderos de la zona.
Velazco explicó que tanto la extorsión como el secuestro tienen un impacto devastador en la tranquilidad de las personas y en la economía local. “Juegas con la tranquilidad del agricultor, del ganadero, del transportista, de cualquier persona. Y eso impacta en todo tu entorno: familiar, personal, laboral”, afirmó.
El fiscal señaló que las cuotas impuestas por el crimen organizado, como las aplicadas a los productores de nuez, madera o cerveza, incrementan los costos de los productos, dificultan la operación de los negocios y, en algunos casos, incluso obligan a los productores a abandonar sus actividades.