Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el gobierno implementó nuevas leyes y decretos enfocados en reforzar la seguridad fronteriza y reducir el número de inmigrantes sin autorización en Estados Unidos. Una de las primeras medidas fue la eliminación de la aplicación CBP One, que permitía a los migrantes solicitar citas para trámites que facilitaban el ingreso legal, y la reinstauración de políticas que obligan a los solicitantes a esperar en México.
Sin embargo, según un estudio del Colegio de la Frontera Norte (Colef), actualmente hay alrededor de 13,5 millones de personas en EE.UU. que no cuentan con estatus legal. Entre ellas, 4,9 millones son de México. Este grupo podría ser objeto de deportaciones masivas bajo las nuevas disposiciones migratorias.
Dónde viven los mexicanos en riesgo de deportación en EE.UU.
La distribución geográfica de los mexicanos en situación irregular muestra que más de la mitad de ellos residen en tres estados clave:
- California: este estado alberga a un millón de mexicanos sin estatus legal, concentrados en áreas urbanas como Los Ángeles, San Diego y el Área de la Bahía.
- Texas: con 1,2 millones de mexicanos en riesgo, es el estado con la mayor población de mexicanos indocumentados, según el estudio. Houston, Dallas y San Antonio son las ciudades con mayores concentraciones.
- Illinois: cerca de 300 mil mexicanos viven sin documentos en este estado, principalmente en Chicago y sus alrededores.
Otros estados como Carolina del Norte (290 mil) y Arizona (200 mil) también tienen poblaciones significativas de mexicanos en riesgo de deportación.
Impacto social de las deportaciones masivas
El Colef advierte que las políticas de deportación pueden desatar consecuencias sociales graves, por las cuales cerca de 3,4 millones de hogares en EE.UU. podrían verse afectados. En 723 mil de estos hogares, todos los integrantes son mexicanos en situación irregular, mientras que otros 2,7 millones son familias mixtas, compuestas por residentes legales y personas sin documentos.
El 70% de los nativos en riesgo del país liderado por Claudia Sheinbaum han residido en EE.UU. por más de diez años. Muchos de ellos no tienen lazos familiares en México, lo que dificultaría su reintegración.
Los niños nacidos en hogares mixtos son especialmente vulnerables a los efectos de las deportaciones, ya que podrían enfrentar desarraigo y separación de sus padres.
Procedencia de los mexicanos indocumentados en EE.UU.
El análisis del Colef revela que seis de cada diez mexicanos en riesgo de ser deportados provienen de estos estados:
- Veracruz
- Guanajuato
- Oaxaca
- Michoacán
- Jalisco
- Guerrero
- Chiapas
- Hidalgo
- San Luis Potosí
- Puebla
Los estados fronterizos como Sonora y Baja California también aportan un número considerable, aunque en menor proporción.
El impacto económico de las deportaciones en Estados Unidos
Un 72% de los mexicanos sin estatus legal participa en la fuerza laboral estadounidense, principalmente en los sectores de la construcción y servicios. De acuerdo con el estudio, las deportaciones masivas no solo afectarían a estas personas, sino también a las economías locales que dependen de su trabajo.
El informe advierte que estas medidas podrían provocar una contracción en sectores económicos clave, especialmente en regiones donde los trabajadores mexicanos desempeñan un papel crucial.
Además, otros grupos de inmigrantes también enfrentan riesgos significativos. Según el Colef, entre los 13,5 millones de personas en situación irregular, hay aproximadamente 2,4 millones principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Asimismo, se contabilizan unos 2,3 millones de ciudadanos provenientes de países como India, China y Filipinas. En tanto, más de un millón provienen del Caribe y África.
Las medidas migratorias de la administración Trump han generado incertidumbre entre las comunidades inmigrantes, particularmente entre los mexicanos, que representan más de una tercera parte del total de personas sin estatus legal en EE.UU.
El reporte del Colef destaca que, aunque las políticas de deportación buscan fortalecer la seguridad y el cumplimiento de la ley, también pueden violar derechos fundamentales y desestabilizar comunidades completas.