El exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa compareció este lunes 20 de enero de 2025 en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en medio del juicio que enfrenta por presuntas irregularidades en un contrato de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal de la Paz, firmado durante su primera administración, en 2005.
Según informó la Fiscalía General de la Nación, Gaviria es acusado de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, con relación a un proceso contractual que habría presentado anomalías en su ejecución.
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De acuerdo con la Fiscalía, el contrato, celebrado el 22 de diciembre de 2005 entre la Gobernación de Antioquia y el Consorcio Troncal de la Paz, fue inicialmente pactado por un valor de 41.663 millones de pesos, pero posteriormente se le realizaron dos adiciones por 3.995 millones y 16.334 millones de pesos, respectivamente.
El ente acusador sostiene que Gaviria no ejerció la debida vigilancia sobre el contrato, el cual fue delegado a la Secretaría de Infraestructura del departamento. Entre las irregularidades señaladas, se encuentra el pago de un anticipo del 29% del valor inicial del contrato, equivalente a 10.300 millones de pesos, a pesar de que la cuenta bancaria destinada a este propósito no contaba con la inscripción de la firma de la interventoría.
La Fiscalía también cuestionó que el porcentaje del anticipo se incrementara del 25% al 29% sin una justificación clara. Según el ente investigador, los recursos del anticipo debían ser utilizados exclusivamente para gastos e inversiones relacionadas con el objeto contractual.
No obstante, en marzo de 2006, cuando aún no se había amortizado el anticipo, el Consorcio Troncal de la Paz habría destinado parte de esos recursos a la compra de maquinaria, cuya titularidad quedó a nombre de integrantes del consorcio, lo que contravendría las condiciones del contrato.
En su defensa, Gaviria argumentó que la responsabilidad del pago del anticipo no recaía directamente sobre él como gobernador, sino sobre la interventoría del contrato. Durante su intervención ante la magistrada Blanca Nélida Barreto, que lidera el proceso, el exgobernador explicó que la delegación de funciones era una práctica común y necesaria en su administración, respaldada por la Constitución.
“La delegación no solo fue una constante en mi mandato (…) sin delegación sería imposible que funcionara el Estado”, afirmó. Además, señaló que el contrato de la Troncal de la Paz fue uno de los proyectos más importantes de su Plan de Desarrollo 2004-2007, enfocado en mejorar la infraestructura vial de Antioquia.
Y es que el juicio contra Gaviria no es un caso reciente. En 2020, el exgobernador fue suspendido de su cargo y sometido a medida de aseguramiento domiciliaria debido a estas acusaciones.
Fue detenido provisionalmente el 5 de junio de ese año, aunque recuperó su libertad el 16 de octubre. Posteriormente, fue nuevamente detenido el 3 de marzo de 2021, pero quedó en libertad el 27 de septiembre del mismo año por orden de la Corte Suprema de Justicia.
Durante su comparecencia, Gaviria reconoció que delegó la contratación de la Troncal de la Paz a la entonces secretaria de Infraestructura, Margarita María Ángel Bernal, mediante un acto específico. Sin embargo, destacó que esta práctica de delegación ya existía en administraciones anteriores y que continuó durante su mandato.
“Yo creo que yo cumplí mi delegación y lo demuestro con todo, pero creo también que ellos cumplieron (los exfuncionarios en los que delegó el contrato)”, señaló.
En respuesta a preguntas de la magistrada Barreto, Gaviria negó tener vínculos personales con los integrantes del Consorcio Troncal de la Paz. Relató que su incursión en la política fue motivada por una carta que dejó su hermano, el fallecido exgobernador Guillermo Gaviria Correa, en la que le pedía continuar con su legado en caso de ser asesinado.
“Cuando se produce su asesinato, yo no pude eludir dicha responsabilidad inmensa y de ahí se produce mi elección”, explicó. Según Gaviria, su falta de experiencia previa en la administración pública lo llevó a no conocer personalmente a los contratistas involucrados en el caso.
El exgobernador también defendió la legalidad de las modificaciones y adiciones realizadas al contrato, conocidas como otrosíes, argumentando que estas se entendían dentro del marco de la delegación inicial otorgada a la Secretaría de Infraestructura.
Así mismo, reiteró que su administración tramitó aproximadamente 8.000 contratos durante su periodo de gobierno, lo que, según él, hacía inviable que el gobernador supervisara directamente cada uno de ellos.