Sex CrimesCrime and CriminalsComputers and the InternetLaw and LegislationPelicot, DominiqueSteidl, IsaacCoco (Web Site)FranceBulgaria
Isaac Steidl fundó la plataforma Coco, que las autoridades relacionaron con actividades delictivas durante años. El esfuerzo por responsabilizar a Steidl pone a prueba una nueva frontera jurídica.
Poco después de que Pavel Durov, fundador de Telegram, fuera detenido por la policía en Francia el verano pasado y acusado de no impedir actividades ilícitas en la aplicación, un profesor de derecho francés especializado en ciberseguridad recibió mensajes en línea de un hombre llamado Isaac Steidl.
«Me gustaría hablar contigo», decía un correo electrónico firmado por Steidl, quien se presentaba como el fundador del sitio de chat en línea llamado Coco. «Mi caso es muy similar al de Telegram, y también lo son los cargos».
Michel Séjean, el profesor, que compartió copias de los mensajes con The New York Times, dijo que no conocía a Steidl, que no tenía interés en ayudarlo y que nunca respondió. Sin embargo, estaba familiarizado con Coco, un sitio web en el que usuarios anónimos podían chatear sin dejar constancia de la conversación.
Las fuerzas del orden francesas habían vinculado el sitio a miles de casos penales, incluido el reciente juicio a Dominique Pelicot y otros 50 hombres, la mayoría de los cuales fueron condenados por violar a la ahora exesposa de Pelicot mientras estaba fuertemente sedada, y quienes declararon que lo habían conocido en el sitio de chat.
Las autoridades francesas ya habían cerrado el sitio web en junio, y los mensajes enviados a Séjean daban a entender que Steidl temía que lo convirtieran en el siguiente objetivo.
La semana pasada lo hicieron.
Al igual que Durov antes que él, Steidl fue investigado por una serie de cargos penales por las autoridades, principalmente en virtud de una ley de 2023 que ha convertido a Francia en un campo de pruebas de un nuevo y agresivo enfoque para exigir responsabilidades personales a los responsables de las plataformas en línea.
La nueva ley permite a las autoridades procesar a quienes dirigen las plataformas y permiten a sabiendas el intercambio de contenidos, bienes o servicios ilegales, al tiempo que obligan a los usuarios a permanecer en el anonimato o no conservan determinados datos de los usuarios.
Aunque algunos expertos advierten de que la nueva ley aún no se ha puesto a prueba en los tribunales, ha proporcionado a las autoridades francesas una nueva herramienta aparentemente poderosa.
«La soga se está tensando en torno a los administradores de este tipo de plataformas», dijo Nathalie Bucquet, abogada de la sucursal francesa de Inocencia en Peligro, organización de protección de la infancia que había pedido el cierre de Coco.
Steidl, de 44 años, no respondió a las solicitudes de entrevista. Pero en los años anteriores a su imputación, tomó medidas que dificultaron que las fuerzas del orden francesas pudieran llegar hasta él. Renunció a la nacionalidad francesa, registró su sitio web en el extranjero y se mudó a Bulgaria.
La semana pasada se le impuso una fianza de 100.000 euros (102.000 dólares) y se le prohibió salir de Francia, con la obligación de presentarse periódicamente en una comisaría local.
Julien Zanatta, su abogado, dijo que Steidl viajó voluntariamente a Francia para cooperar cuando las autoridades lo citaron. Steidl «demostraría su inocencia» y estaba «horrorizado» por los informes de delitos relacionados con su plataforma, dijo su abogado.
«Le disgustó enterarse de lo que habían hecho quienes habían utilizado indebidamente su sitio», dijo Zanatta.
Coco se registró por primera vez en 2005 con una página de inicio sencilla y una estética inspirada en la década de 1990, con un coco abierto. Se anunciaba como un foro de chat «agradable» que no requería que los usuarios crearan una cuenta: podían acceder a él proporcionando solo un sexo, una edad, un código postal y un seudónimo.
Los usuarios podían chatear directamente o unirse a foros, y el sitio ganaba dinero cobrando una pequeña cuota mensual por el acceso a funciones adicionales. En los tres meses anteriores a su cierre, el tráfico mensual del sitio alcanzó más de 500.000 usuarios, según estimaciones de SimilarWeb.
Lo más importante es que no se guardaban registros de las conversaciones anónimas.
A lo largo de los años, las autoridades relacionaron repetidamente el sitio con actividades delictivas, y los grupos de defensa que luchan contra los abusos a menores y la homofobia exigieron cada vez más a las autoridades que lo cerraran.
Mark Pohlmann, presidente de una organización sin fines de lucro contra la ciberviolencia en Francia –que fue entrevistado por la policía en el marco de la investigación sobre Coco– dijo que, al realizar una investigación sobre el sitio de chat haciéndose pasar por una usuaria, decenas de usuarios masculinos se pusieron en contacto con él a los pocos segundos de conectarse, a menudo haciendo comentarios sexuales o pidiendo fotos explícitas.
La policía y la fiscalía francesas afirman que, de 2021 a 2024, la plataforma estuvo implicada en más de 23.000 casos que afectaron a 480 presuntas víctimas, entre ellas acusaciones de abusos sexuales a menores, proxenetismo, prostitución, violación, tráfico de drogas, estafas y homicidios.
En el juicio de Pelicot, este dijo que había conocido a los otros hombres en el sitio web, en un chat privado llamado «Sin que ella lo sepa». La mayoría de los acusados negaron haber visto nunca esa sala de chat concreta, pero reconocieron que habían conocido a Pelicot en el sitio antes de pasar a otras plataformas.
Varios acusados dijeron en el juicio que acudieron al sitio web en busca de sexo a cambio de dinero, o para comprar y vender drogas. Christian Lescole, bombero profesional y usuario de la web desde hace mucho tiempo, declaró ante el tribunal que empezó como un espacio para hablar de aficiones como el ajedrez o la música.
«Pero con el paso de los años, todos los depredadores y estafadores empezaron a acudir a Coco», dijo Lescole, quien fue condenado por violación con agravantes de Pelicot.
Aunque la mala fama del sitio web crecía, su fundador permanecía en la sombra.
Steidl parecía vivir de internet, pero tiene un perfil muy discreto en la red. Su página de Facebook está vacía. Su página de LinkedIn solo tiene lo básico. No está claro hasta qué punto Steidl gestionaba el sitio web en el día a día. Dos personas identificadas como moderadores del sitio fueron detenidas en julio, pero las autoridades no detallaron su función exacta.
Nacido en Vaucluse y criado en Var, ambas zonas del sureste de Francia, Steidl se licenció en informática en una universidad de ingeniería de Toulon en 2003, dijo el director de comunicaciones de la escuela.
Steidl era propietario del nombre de dominio coco.fr a través de una empresa llamada Zenco que fue registrada en Toulon en 2011. En 2022, durante la investigación que precedió al juicio de Pelicot, la oficina del juez instructor se puso en contacto con Zenco para solicitar datos relacionados con el caso. Pero nunca recibió respuesta, según un resumen del caso realizado por el juez.
Poco después, Steidl empezó a retirar su empresa, su sitio web y a sí mismo, de Francia.
En octubre de 2022, coco.fr redirigía el tráfico a coco.gg, según los archivos de internet de la Biblioteca Nacional de Francia, lo que indicaba que se había registrado en Guernsey, una isla del canal de la Mancha.
Después, en 2023, Zenco cerró, según los registros públicos de empresas. Ese mismo año, en abril, Steidl renunció a su nacionalidad francesa, según consta en los registros del gobierno. Su abogado afirma que es ciudadano italiano.
Y en algún momento se mudó a Bulgaria, donde una empresa llamada Vinci LTD estaba asociada al sitio en marzo de 2024, según la información recogida por Domaintools. Vinci es propiedad de Steidl y está gestionada por él, según los registros del registro mercantil búlgaro.
Pero en junio, tras una investigación de 18 meses que abarcó toda Europa, las autoridades francesas cerraron el sitio. Se incautaron dos de los servidores del sitio en Alemania, se congelaron cuentas bancarias en varios países europeos y la policía se incautó de 5 millones de euros. Las fuerzas del orden francesas interrogaron a Steidl en Bulgaria, aunque entonces no se presentaron cargos contra él.
Séjean, el experto con quien Steidl se puso en contacto, dijo que la ley francesa de 2023 –y la creación en 2019 de una unidad nacional especializada en ciberdelincuencia– había permitido a los fiscales franceses adoptar un enfoque menos fragmentario en su persecución de las plataformas en línea sospechosas de permitir que prosperen actividades ilícitas.
«Antes de 2023, no se podía actuar de una sola vez, sino caso por caso», dijo Séjean, quien imparte clases en la Universidad Sorbona París Norte.
Bucquet, el abogado, dijo que la nueva ley «facilita enormemente» la labor policial porque «el mero conocimiento del carácter ilícito del contenido justifica la responsabilidad penal del administrador».
Pero algunos críticos dijeron que aplicar el nuevo delito al sitio web de Steidl podría ser extralimitarse, y que aunque la ley ha permitido a los fiscales presentar cargos rápidamente, las condenas futuras son inciertas.
Alexandre Archambault, abogado experto en casos digitales y de ciberseguridad, señaló que la primera condena por el uso de la nueva ley, en noviembre, fue contra el creador y el administrador de un grupo de Telegram que compartía material sobre abusos sexuales a menores, no contra la propia Telegram ni sus directivos.
«¿Esta interpretación extensiva del delito se ajusta a la legislación europea?», dijo Archambault. «Lo dudo».
El abogado de Steidl dijo que se estaba señalando injustamente a su cliente.
«Regularmente hay sitios que se desvían de su propósito para cometer delitos, y los responsables de estos sitios nunca son procesados por complicidad», dijo.
Según las normas francesas y europeas, las plataformas que alojan contenidos en línea no pueden ser consideradas responsables de lo que publican los usuarios, y no tienen ninguna obligación de vigilar preventivamente cualquier contenido ilegal.
Pero también tienen que disponer de procedimientos que permitan a la gente señalar tales contenidos para su eliminación y garantizar cierto nivel de cooperación con las autoridades, lo que no era el caso de Coco, según la fiscalía francesa, que dijo que mostraba «una notoria falta de moderación».
De momento, sin embargo, algunos grupos de defensa afirman que el cierre del sitio web fue insuficiente.
«El día que cerraron Coco, envié a la policía un correo electrónico con una lista de más de 100 sitios web similares», dijo Pohlmann, presidente de la organización sin fines de lucro. «Es como decir que cerrar un punto de venta de droga en Marsella resuelve el problema del narcotráfico en Francia».
«Coco es el árbol que oculta el bosque», dijo.
Liz Alderman colaboró con reportería desde París, Michael H. Keller y Jennifer Valentino-DeVries desde New York.
Liz Alderman colaboró con reportería desde París, Michael H. Keller y Jennifer Valentino-DeVries desde New York.