La Comisión Europea confirma que el gobierno de España aún no ha solicitado los fondos de solidaridad de la UE para la recuperación tras el desastre de la DANA en Valencia, a una semana de que expire el plazo: el 21 de enero es el último día para solicitarlo.
La oposición, encabezada por el PP y, concretamente, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, viajó a Bruselas este martes para recriminar al Ejecutivo español la demora. Por su parte, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, afirmó que “siguen trabajando en el documento para asegurarse de que sea lo más serio posible”. La ministra de Hacienda María Jesús Montero envió una carta el pasado noviembre a la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, en la que comunicó las intenciones del gobierno de solicitar los fondos de la UE, pero fuentes comunitarias consultadas por Infobae España confirman que a día de hoy no han recibido la solicitud formal con los requisitos necesarios.
Un día después de la catástrofe del 29 de octubre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen se dirigió al Gobierno de Pedro Sánchez para ofrecer “todo lo que haga falta”, ante uno de los mayores desastres naturales de los últimos tiempos en la región. Entre los mecanismos de ayuda a corto plazo que dispone la UE y que ya solicitó España en Valencia se incluye el envío de material operativo y personal.
Pero la herramienta más útil de la que dispone el bloque comunitario son los fondos de solidaridad ante catástrofes graves (inundaciones, incendios forestales, terremotos, tormentas y sequías), un mecanismo ideado para financiar medidas de emergencia y recuperación esenciales que mitiguen los daños que, en principio, no sean asegurables.
Hacienda asegura que entregará la solicitud en plazo
Las mismas fuentes detallan que la solicitud, que debe ser estudiada por la Comisión, debe de ir acompañada de una evaluación de los daños causados por la catástrofe “para demostrar que exceden del umbral de capacidad”. Fuentes del ministerio de Hacienda señala que “no se trata de un proceso ni automático ni sencillo” y de ahí que el plazo que se da para solicitarlo sean doce semanas a partir del momento de la catástrofe. No obstante, desde la Comisión señalan también que “el Fondo cubrirá retroactivamente gastos elegibles incurridos desde el primer minuto”, por lo que, mientras esté en el plazo, la fecha de la solicitud no hará variar la cantidad que será recibida.
La cartera que lidera María Jesús Montero asegura estar recabando “toda la información” de otros ministerios, de ayuntamientos y de la propia comunidad autónoma valenciana. En cualquier caso, Hacienda asegura que “remitirá en plazo la solicitud y la correspondiente información para acreditar el derecho a recibir el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea”.
España no es el único país que recurre a este mecanismo. Países como Alemania lo solicitaron después de las inundaciones en el sur del país el 30 de mayo de 2024. En ese mismo año hizo lo propio Italia tras las inundaciones en la región del Valle de Aosta el 29 de junio de 2024. Un año antes, Eslovenia y Grecia pidieron estas ayudas tras el paso del ciclón “Daniel”, que dejó inundaciones en varias partes del país. España lo ha solicitado en catástrofes graves como el estallido del volcán de la Palma (9,45 millones de euros), el terremoto en Lorca (21,1 millones) o el hundimiento del Prestige frente a las costas gallegas (8,6 millones).
Una ayuda para el medio-largo plazo
Lo cierto es que apurar al máximo los plazos es lo que se suele hacer en este tipo de situaciones, precisamente, porque conlleva tiempo evaluar correctamente los daños causados. Alemania tardó cuatro meses en hacerlo, ya que no llegó a pedirlo hasta el 20 de agosto, tal y como se desprende de un informe del Parlamento Europeo. Lo mismo que Italia, que presentó la solicitud el 20 de septiembre de aquel año.
Aunque la solicitud sea aceptada, el dinero no llega de inmediato, ya que puede demorarse meses por el propio procedimiento y las trabas burocrática. Es cierto que puede solicitarse un anticipo del 25% del importe total previsto, pero este no puede sobrepasar los 100 millones de euros.
Una vez recibido, se utilizará en el plazo de dieciocho meses a partir de la fecha en que se haya desembolsado. Será entonces cuando España deberá devolver la parte que finalmente no se haya utilizado y, seis meses después de la expiración del plazo de dieciocho meses, debe presentar a la Comisión un informe sobre la ejecución.