La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación preliminar para esclarecer el presunto uso indebido de un avión oficial por parte de funcionarios de la Policía Nacional.
Según denuncias, el subdirector de la Policía, Nicolás Zapata, habría utilizado la aeronave Beechcraft 1900D, identificada como PNC0252, para asistir al cumpleaños de una sobrina en Medellín el pasado 15 de junio de 2024. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y ha motivado la apertura de una investigación disciplinaria.
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De acuerdo con la resolución emitida por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, se han decretado varias pruebas para determinar si existió una irregularidad en la utilización de la aeronave. Entre las medidas adoptadas, se solicitó a la Dirección General de la Policía Nacional información detallada sobre el vuelo en cuestión, incluyendo la certificación del uso de la aeronave en la fecha señalada, los nombres y cargos de la tripulación y pasajeros, así como los documentos que respaldaron la programación del viaje.
La Procuraduría ha requerido una serie de documentos que permitan esclarecer los hechos. Entre ellos, se encuentra la certificación que confirme si la aeronave Beechcraft 1900D fue utilizada para un viaje a Medellín el 15 de junio de 2024. Además, se solicitó la identificación completa de la tripulación y los pasajeros que estuvieron a bordo, incluyendo sus cargos, grados y datos de contacto.
Asimismo, se pidió copia de la documentación que sirvió como soporte para programar el vuelo, incluyendo el documento denominado “planificación previa de vuelos optimizados”. Este material será clave para determinar si el viaje tenía un propósito oficial o si, por el contrario, se trató de un uso personal de los recursos de la institución.
Otro punto relevante en la investigación es la solicitud de información sobre las auditorías realizadas en los almacenes de armamento de las unidades en Antioquia durante el mes de junio de 2024. La Procuraduría busca establecer si estas auditorías, mencionadas como posible justificación del vuelo, realmente se llevaron a cabo y quiénes participaron en ellas. Para ello, se ha solicitado la identificación de los responsables, sus cargos y grados, así como su ubicación actual y datos de contacto.
La resolución de la Procuraduría establece de manera oficial la apertura de una indagación previa contra funcionarios no identificados de la Policía Nacional. Este proceso busca determinar si hubo una falta disciplinaria en el uso de la aeronave oficial. Según el documento, la investigación se fundamenta en las facultades legales y reglamentarias de la Sala Disciplinaria de Instrucción.
Para la práctica de las pruebas, se ha comisionado al asesor Iván Gerardo Jácome Gutiérrez, quien está adscrito a la Sala Disciplinaria de Instrucción. Además, se ordenó a la Secretaría de la Sala realizar las constancias y trámites necesarios para avanzar en el proceso.
El caso ha generado atención debido a las implicaciones éticas y legales que podría tener el uso de recursos públicos para fines personales. La aeronave en cuestión, identificada como PNC0252, es un bien del Estado destinado a actividades oficiales de la Policía Nacional. Si se confirma que fue utilizada para asistir a un evento privado, como el cumpleaños de un familiar, podría constituir una violación a las normas que regulan el uso de bienes públicos.
La investigación también busca determinar si existió una justificación oficial para el vuelo, como las auditorías en los almacenes de armamento en Antioquia, o si estas fueron utilizadas como pretexto para encubrir una utilización indebido de la aeronave. La Procuraduría ha dejado claro que su objetivo es esclarecer los hechos y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Con la apertura de la indagación previa, la Procuraduría continuará recopilando pruebas y analizando la documentación solicitada a la Policía Nacional. Este proceso será clave para determinar si existen méritos para avanzar hacia una investigación formal contra los funcionarios involucrados.
El caso pone de manifiesto la importancia de la supervisión y el control en el uso de los recursos públicos, especialmente en instituciones como la Policía Nacional, que desempeñan un papel fundamental en la seguridad y el orden del país. La Procuraduría ha reiterado su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, subrayando que cualquier irregularidad será sancionada conforme a la ley.
La resolución fue firmada por María Consuelo Cruz Mesa, quien lidera la Sala Disciplinaria de Instrucción, y establece las bases para el desarrollo de la investigación. Por ahora, se espera que las pruebas solicitadas arrojen luz sobre los hechos y permitan determinar si hubo una falta disciplinaria en este caso.