El Gobierno buscará en las inminentes sesiones extraordinarias, como objetivo principal, lograr la derogación de las PASO, pero saben que las dificultades para lograrlo aún son grandes y en caso de que se imponga la suspensión de las mismas, algo a lo que apuntan desde Pro y el kirchnerismo, no tienen decidido si vetarán esa ley, según lo reconocieron altas fuentes de Casa Rosada. “No lo sabemos. Habrá que ver si se presenta el caso”, dijeron a LA NACION fuentes del Ejecutivo.
A pocos días de que comience el tratamiento parlamentario, hay quienes se inclinan que si prospera la suspensión no habrá veto presidencial, más allá de que el objetivo buscado sea la derogación. De concretarse ese movimiento se trataría del primer proyecto no propio que el oficialismo no vetaría, como sí lo hizo con el financiamiento educativo y la movilidad jubilatoria.
La posición del Gobierno es, desde el principio, la derogación de las primarias, y así, afirman lo mantendrán en el recinto, en el período de extraordinarias que se extenderá desde el 20 de enero y hasta el 21 de febrero próximo. Pero también admiten que con esa postura se enfrentan a un muy posible escenario adverso parlamentariamente hablando, que los encuentra en minoría y es entonces que, ante un eventual revés, con la votación de la suspensión, es que podrían decidir no vetarla.
En septiembre y octubre pasados el presidente Javier Milei vetó, respectivamente, las leyes de movilidad jubilatoria y financiamiento educativo, que habían sido impulsadas y aprobadas por la oposición. El argumento, en ambos casos, fue que atentaban contra el déficit cero que se impuso el mandatario. Con lo cual, de no vetarse la eventual suspensión de las PASO sería el primer proyecto de la oposición que logra sobrevivir.
Desde noviembre pasado, cuando anunció que enviaría el proyecto de reforma al Congreso, el Gobierno se manifestó a favor de la derogación. Considera que la suspensión por 2025, como buscan Pro y kirchnerismo, es con “fines especulativos”.
“Es derogación o nada”, insistían en los últimos días en Balcarce 50. Ahora, pese a que harán el intento de ir por ella, de no conseguir los votos para hacerlo, es que admiten que no necesariamente anularían la suspensión, como un primer paso, que eventualmente cuando tengan mayor representación parlamentaria les permita avanzar hacia su eliminación.
El principal argumento que impulsa el oficialismo contra las PASO es económico. “No hay que someter a los argentinos al costo de las PASO que no sirven para nada”, dijo en declaraciones recientes el jefe de ministros, Guillermo Francos, insistiendo así una vez más en la postura oficial que se dio a conocer a fines de noviembre con el anuncio de proyectos de ley sobre el tema. Francos calculó que el costo de las PASO está en unos 150 millones de dólares.
Las distintas terminales de la oposición se inclinan por la suspensión, pero aún no hay posturas completamente cerradas, dado que el tema no fue abordado en su totalidad, ni en Pro, ni en el kirchnerismo. En los próximos días se espera que se concrete la reunión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con los jefes de los bloques dialoguistas. La Casa Rosada no cuenta en su estrategia parlamentaria con la figura de la vicepresidente, Victoria Villarruel, con quien la relación está rota.
Un llamado a extraordinarias en medio del receso estival
El llamado a extraordinarias se formalizó este lunes y se extenderá entre el 20 de enero y el 21 de febrero, según los planes de Balcarce 50. Allí, además de la derogación de las PASO, el temario incluye la nueva versión de ficha limpia, el proyecto que impulsa Pro para evitar que condenados en segunda instancia por causas de corrupción se postulen a cargos electivos. Y cuyo tratamiento terminó en escándalo cuando no se obtuvo el quorum para tratarlo en noviembre pasado, con ausencias tanto de La Libertad Avanza (LLA) como de diputados del propio Pro. Tras el escándalo y luego de fuertes críticas al proyecto original, el Gobierno anunció una versión propia, sobre la que se trabaja por estos días.
En el temario de las nuevas extraordinarias trabajaron, fundamentalmente, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y Francos.
El Gobierno también incluyó los pliegos del juez Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla, sus dos candidatos para completar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia. La idea es que ambos pliegos se traten en el recinto si se termina de hablar con todos los sectores, pero el de García-Mansilla no pasó aún el filtro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde su dictamen no reunió las nueve firmas necesarias. Por ahora, el Gobierno demoró nombrarlos por decreto, en comisión, una opción barajada con fuerza desde que los trámites de ambos candidatos se empantanaron.