Tras varios meses de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, en la mañana de este lunes 13 de enero el ente investigador reveló que al menos 130 millones de pesos, destinados a la reconstrucción del sistema de acueducto en una comunidad indígena del municipio de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, habrían sido desviados.
La principal señalada en este caso es Nidia Marizabel Becerra Marín, quien en 2018 ocupaba el cargo de alcaldesa del resguardo indígena Inga. Según las autoridades, los recursos nunca se utilizaron para el proyecto previsto, y la exfuncionaria no ha justificado el destino del dinero.
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De acuerdo con la Fiscalía, los fondos estaban destinados a garantizar el acceso al agua potable para la comunidad, pero las investigaciones apuntan a que el dinero fue retirado de manera gradual de una cuenta bancaria mediante cheques firmados por la propia Becerra Marín.
Esta información fue corroborada a través de extractos bancarios solicitados por las directivas del resguardo indígena, quienes alertaron sobre las irregularidades.
El caso se remonta al año 2018, cuando Becerra Marín lideraba el resguardo indígena Inga, ubicado en el municipio de Puerto Asís.
Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, los recursos destinados al proyecto de acueducto fueron retirados en varias transacciones, sin que se realizara la obra para la cual estaban asignados.
Las autoridades señalaron que la exalcaldesa habría utilizado su posición para acceder a los fondos y desviarlos hacia fines no especificados.
“Para esto, se cree, recurrió a cheques en los que aparecía su firma como titular de la cuenta. Esta situación fue confirmada en los extractos que solicitaron las directivas de la comunidad indígena al banco”, comentó la Fiscalía.
Tras identificar estas irregularidades, la Fiscalía emitió una orden de captura contra Becerra Marín. Su detención fue llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional en el municipio de Orito, también en el departamento de Putumayo.
Posteriormente, la exfuncionaria fue presentada ante las autoridades judiciales para responder por los cargos en su contra.
La Fiscalía imputó a Nidia Marizabel Becerra Marín el delito de peculado por apropiación, una figura contemplada en el artículo 397 del Código Penal colombiano.
Este delito se configura cuando un funcionario público utiliza recursos del Estado para fines distintos a los establecidos, apropiándose de ellos de manera indebida. Durante las audiencias preliminares, la exalcaldesa no aceptó los cargos que se le imputaron.
El peculado por apropiación es considerado un delito grave en Colombia. Según la legislación vigente, quienes sean hallados culpables de esta conducta pueden enfrentar penas de prisión que van desde los 96 hasta los 279 meses, además de multas económicas equivalentes al monto apropiado, sin exceder el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El resguardo indígena Inga, al que pertenecen los fondos desviados, se encuentra en una de las regiones más vulnerables del país. La falta de acceso a agua potable es un problema recurrente en muchas comunidades rurales de Putumayo, y el proyecto de reconstrucción del acueducto representaba una solución para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Sin embargo, la presunta malversación de los recursos ha dejado a la comunidad sin el acceso al agua que tanto necesita.
La Fiscalía destacó que este caso pone de manifiesto la importancia de la vigilancia y el control sobre los recursos públicos, especialmente en zonas donde las necesidades básicas de la población no están cubiertas. Las autoridades continúan investigando para determinar si hubo más personas involucradas en el presunto desvío de los fondos.
Entretanto, la imputada deberá enfrentar su proceso legal privada de la libertad, al tiempo que la comunidad indígena expresó su rechazo por la desviación de los fondos pese a las precarias condiciones de salubridad en las que se encuentran.