Victoria Villarruel lanzó la primera piedra. “Gano dos chirolas”, comentó en sus redes sociales. Su declaración generó el repudio automático de la dirigencia libertaria, incluido el Presidente, quien lamentó los comentarios de su vice y ratificó que él y su tropa vienen “por el bronce, no por el oro”. No obstante, los dichos de la titular del Senado hicieron mella en el gabinete de Javier Milei: el congelamiento salarial de los altos mandos de la administración pública genera asimetrías considerables entre los distintos poderes y también dentro del mismo Gobierno. Villarruel tocó una fibra sensible.

“Tiene razón”, sentenció a LA NACION un cuadro técnico del Gobierno con rango de subsecretario sobre el testimonio de la vicepresidenta. “Lo que ella dice en público lo dicen muchos en privado”, sumó. Es que solo unos pocos se animan a conversarlo puertas adentro con sus superiores o a plantearlo en alguna conversación informal con el triángulo del poder, conformado por Milei, su hermana Karina –secretaria general de la Presidencia– y el asesor Santiago Caputo. Uno de los valientes que deslizó algo semejante a un reclamo salarial confesó a este medio que su interlocutor le hizo sentir, a través de un frío silencio, el riesgo de haber tocado un tema tabú.

Puertas adentro del Gobierno se comenzó a diseñar un plan integral para abordar las asimetrías salariales en el sector público. Para armonizar las escalas, con el Presidente en la cima de la pirámide, se requería no sólo una reducción de los altos sueldos de organismos y empresas públicas, sino también elevar en parte el salario de Javier Milei. Pero el mandatario se niega a incrementar su sueldo.

Milei se lo hizo saber a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Según indicaron diversas fuentes a LA NACION, fue Sturzenegger quien intentó configurar una nueva pirámide salarial. Tras el fracaso de las gestiones, cerca del funcionario negaron que hayan trabajado en este sentido. “No hay nada de eso”, aseguran. Nadie quiere ser mencionado como el artífice de una suba de salarios en el Gobierno “anticasta”.

Recuerdan el primer chispazo por la suba de sueldos que eyectó de su cargo a Omar Yasin, el primer secretario de Trabajo. Fue tras la polémica por el incremento del 48% de los sueldos del Presidente, la vicepresidenta, los ministros y secretarios de Estado. Milei comunicó el desplazamiento de Yasin durante una entrevista televisiva pese a que el exfuncionario había tenido una participación secundaria en el decreto que, con la firma de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, estableció el acuerdo paritario de los estatales que disparó los salarios “superiores” de la Casa Rosada.

A lo largo del 2024, con una inflación acumulada del 116%, los sueldos jerárquicos perdieron más de la mitad del poder adquisitivo. A pesar de que el índice de aceleración de precios pareciera remitir, todos vaticinan que los haberes permanecerán sin cambios a lo largo de este año.

De hecho, la primera Decisión Administrativa del año –1/2025– que firmó Sturzenegger, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, prorrogó por un año una medida que establece condiciones y límites para los aumentos salariales a trabajadores estatales. Originalmente fue sancionada en febrero de 2024, con duración hasta diciembre, pero, ante su vencimiento, se extendió hasta finales de 2025.

El malestar que asoma con timidez en el Gobierno se compone de dos variables. Por un lado, funcionarios de bajo perfil con sueldos congelados y que ponen su firma para avalar definiciones relevantes mascullan bronca por convivir en la misma administración con el todopoderoso Caputo, que se limita a asesorar en las sombras sin asumir el costo de ser una persona políticamente expuesta.

Por el otro, advierten disparidades salariales de peso con otras agencias del Estado que hacen que el trabajo sea cada vez menos atractivo. Señalan que “el bronce es solo para unos pocos” y advierten que el silencio hace que condiciones particulares parezcan iguales. “No todos tenemos alternativas”, consideró uno de ellos sobre su situación económica.

Los sueldos de Milei y Villarruel

Tal como contó LA NACION, el sueldo presidencial, que lidera el esquema estatal, asciende actualmente a $4.066.018 mensuales. La vicepresidenta está por debajo, con unos $3.764.820. Los ministros perciben ingresos cercanos a los $3.500.000, los secretarios de Estado se encuentran en $3.200.000 y los subsecretarios, en torno a los $2.900.000.

En contraste, en otros organismos y empresas del Estado, donde también se aplica el congelamiento salarial, los sueldos llegan a cuadruplicar los de la administración central -que incluye al presidente y sus ministros- gracias a años de acumulación de beneficios adicionales.

Los haberes más sustanciosos se concentran en la Cancillería, donde recaen quienes cumplen funciones en el exterior, y en la ex-Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) –ahora Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)–, un ente autárquico y autónomo donde los sueldos tienen un componente atado a la recaudación. En estas dos dependencias se encuentran quienes perciben entre $15 y $20 millones, los sueldos más elevados del sector público. Son 416 funcionarios, de los cuales 387 trabajan en el Ministerio de Relaciones Exteriores y 22 en la ARCA.

De hecho, fue en ARCA donde Milei focalizó el último ajuste. Juan Pazo, el actual titular del organismo, redujo su sueldo al mismo nivel que el de un ministro, así como el de los directores de la DGI y Aduana, que percibirán un salario equivalente al de un secretario de Estado. Dispuso, además, el achicamiento del presupuesto correspondiente al sueldo de funcionarios a través de la reducción de la cuenta de jerarquización –ítem atado a la recaudación– del 0,65% al 0,60%. Según informan de la entidad, esto generará un ahorro de $120.000 millones durante 2025. Por último, hubo un recorte de 1500 empleados y se anunció una reducción de 1500 más, que dejará la dotación total en 20.000 personas. Son medidas que su antecesora, Florencia Misrahi, postergó.

Si bien en el Gobierno aseguraron que el detonante de la salida de la exdirectora General de ARCA fue aplicar impuestos a influencers y youtubers, lo cierto es que quedó en la cuerda floja por de dilatar las medidas de ajuste. La fragilidad de su situación se profundizó al negarse a firmar las resoluciones para los nombramientos de Andrés Vázquez –Dirección General Impositiva (DGI)– y de Andrés Velis –Dirección General de Aduanas (DGA)–, dos designaciones que no habían sido consensuadas con ella.