A partir de un cambio de foco en el despliegue de fuerzas federales y con una mayor coordinación entre esas unidades y las policías provinciales, el Gobierno puede exhibir un éxito anual en un área fuera de las variables macroeconómicas: disminuyeron 11,5% los asesinatos en todo el país.
Pasar de los 2048 crímenes verificados en 2023 a 1810 casos notificados el año pasado representa también otro impacto fuerte: por primera vez en 25 años se perforó el índice de 4 en la tasa anual de homicidios dolosos y se estableció como marca histórica a 3,8 asesinatos cada 100.000 habitantes.
Ese dato, que permite comparar la situación en diferentes países al no tomar como única variante el número total de homicidios, sino también incorporar en la ecuación la magnitud de la población, coloca a la Argentina ahora como uno de los países más seguros en América Latina si se toma en cuenta el indicador de muertes violentas e intencionales. Solo El Salvador del presidente Nayib Bukele tiene un mejor registro, con 1,9 asesinatos cada 100.000 habitantes.
“Es muy importante haber establecido la tasa más baja de homicidios desde que se miden en forma sistemática los asesinatos en nuestro país. No fue solo por nuestro trabajo, claro, porque es una tarea en conjunto con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero resultó fundamental para llegar a este índice el despliegue de fuerzas federales en determinadas zonas, para bajar los homicidios vinculados con el crimen organizado. Vamos a seguir con una política de seguridad preventiva muy fuerte”, aseguró la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Se consignó a El Salvador como el único país de nuestra región con mejor tasa de homicidios. En el continente americano podría sumarse la experiencia de Canadá, también con 1,9 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes. Y Bolivia, con una tasa de 4,2, quedaría relativamente cerca del registro argentino. Pero el resto de los países tienen indicadores peores en la variante más extrema de la inseguridad.
Brasil, por ejemplo, deslumbra a los argentinos por sus playas, precios y hospitalidad en zonas turísticas. Pero a pocos metros del mar todo es más oscuro. El año pasado, el gobierno brasileño reconoció en un informe oficial 40.429 asesinatos ocurridos en 2023. Si se toma en cuenta que el Palacio del Planalto definió que algo más de 212 millones de personas viven en Brasil, la tasa de homicidios para 2023 puede fijarse en 19 casos cada 100.000 habitantes. Es cinco veces más alto ese indicador que el índice argentino.
En las oficinas del Ministerio de Seguridad de la Nación también analizan los informes de otras naciones de la región. Es válido el trabajo, las tasas tienen, justamente, como valor central esa posibilidad de mirarse en el reflejo de otros. La meca del turismo que es Punta del Este tiene alrededor una realidad más preocupante: la tasa de homicidios en Uruguay es 10,9. Y la proyección anual marca que ese flujo estadístico va en ascenso en los últimos años. Un dato servirá para comprender el inusual problema que surgió allende el Río de la Plata: ni siquiera en el peor momento de inseguridad en los últimos 25 años alcanzó la Argentina una tasa de homicidios como la que hoy afecta a Uruguay.
Entre los vecinos más cercanos, los mejores registros, más allá del reseñado caso de Bolivia, se encuentran en Paraguay (5,3), Perú (5,4) y Chile (5,7). Al subir hacia el norte los datos empeoran. Colombia y México tienen tasas de homicidios similares, establecidas en 25 casos cada 100.000 habitantes. En Venezuela es difícil solo poner un dato certero a la catástrofe. Los registros de la Organización de los Estados Americanos no cuentan con actualizaciones por el aislamiento de la Caracas de Nicolás Maduro, pero los últimos datos superaban los 35 homicidios cada 100.000 habitantes. Solo para hacerse una imagen visual de lo que ocurre allí habrá que pensar en una inseguridad extrema nueve veces peor de lo que pasa en la Argentina.
En los Estados Unidos la tasa casi duplica a la de la Argentina, al fijarse en 6,32.
Se consignó que los datos estadísticos sobre homicidios en nuestro país no habían registrado en la serie histórica que se inicia en 2000 una tasa del nivel de la alcanzada por Uruguay con 10,9, y en ascenso. El peor índice argentino apareció en 2002. La crisis financiera y la inestabilidad política y social tuvieron un reflejo en la tasa de homicidios, que ese año trepó al récord de 9,5 casos cada 100.000 habitantes. La posterior oscilación de datos logró ser transformada en una curva descendente a partir de 2015. Ahora, la tasa de 3,8 homicidios representa otro desafío.
Uno de los cambios en las políticas públicas de seguridad que influyeron en la disminución de homicidios fue el despliegue en Rosario, la ciudad que había iniciado 2024 jaqueada por la amenaza narco. Se lanzó entonces el llamado Plan Bandera. Los buenos resultados permiten definir que no solo fue un despliegue de unidades de la Gendarmería, la Policía Federal, la Prefectura o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, como había ocurrido antes, sin éxito en esos momentos. Fue una decisión del Estado de no retroceder, tal como lo muestra que incluso se permitió la presencia de las Fuerzas Armadas en un rol de apoyo logístico, con la presentación del plan no solo en manos de la ministra Bullrich, sino también del ministro de Defensa, Luis Petri.
El patrullaje fue diferente, con una mesa de coordinación de fuerzas federales y de la Policía de Santa Fe, con las zonas más calientes de homicidios especialmente asignadas a los federales. De los 261 asesinatos cometidos en 2023 en Rosario se pasó a 90 homicidios en ese distrito judicial durante el año pasado. Prácticamente una reducción del 65 por ciento, caída que fue aún mayor si se toman en cuenta solo las áreas vigiladas por las fuerzas federales. Quebrar la tasa nacional de 4 homicidios cada 100.000 habitantes se sustentó en buena parte en esa diferencia de 171 crímenes que cambió a Rosario entre 2023 y 2024.
Se sabe también que bajó un poco la cantidad de homicidios en Buenos Aires (los funcionarios de esa provincia hacen referencia a que el año pasado la tasa bajó a 4,47 desde el registró de 4,86 impuesto en 2023, algo que representaría poco menos de 845 homicidios) y que fue más pronunciada la disminución de homicidios en Tucumán (61 casos el año pasado, 21 menos que en 2023).
Más allá de la situación expuesta en Buenos Aires y Tucumán, fue decisiva la baja de homicidios en Santa Fe, en general, y en Rosario, en particular. En esa ciudad también disminuyó la cantidad de heridos de bala, que fueron 277 casos el año pasado y 588 en 2023; y las balaceras, que pasaron en doce meses de 589 a 262. Esa experiencia en Rosario, donde incluso hubo menos robos, será replicada en otros distritos.
Municipios bonaerenses, Mendoza, Córdoba y Tucumán tendrán este año un despliegue especial de fuerzas federales, en un programa que se conoce con el nombre de 90/10. La ministra Bullrich se apoya en los datos estadísticos para decir que el 90 por ciento de los homicidios se concentra en el 10 por ciento del territorio argentino. Por eso se trabajará en focalizar en esos puntos los esfuerzos de prevención para intentar una nueva disminución de los homicidios.
Entre los allegados a la ministra de Seguridad también aparece la mención a un proyecto de ley que se prepara para ser enviado al Congreso con la intención de avanzar sobre un núcleo duro de crímenes de compleja prevención. Será una iniciativa que se conocerá como “de vínculos” y que, en síntesis, busca que la violencia intrafamiliar y de pareja deje de ser un delito de la esfera íntima –esto es que solo pueda ser denunciado por la propia víctima– para pasar a ser un delito de acción pública, por lo que la Justicia podrá intervenir ante el aviso de cualquier persona.
Bullrich espera, además, contar con otras herramientas legales que solicitó el año pasado al Congreso, como la ley antimafias, que tiene media sanción de Diputados y que tiene un nexo con este plan 90/10, ya que se habilita a que la Justicia Federal pueda seguir casos de homicidios si estos están vinculados con una asociación ilícita. También se aguarda la aprobación de la modificación del régimen penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y la decisión de usar la reiterancia de hechos delictivos en lugar de la reincidencia para definir excarcelaciones.