SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Luego de que se concretara anteayer el desalojo de la comunidad Paillako en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, desde la Gremial de Abogados afirmaron que “el Gobierno vuelve a mentir cuando dice que se agotaron las instancias judiciales”.
Desde la asociación difundieron un documento en el que aclaran que “a la Gremial se le encomendó la defensa de la lof Paillako en tiempos del gobierno anterior, cuando el propio ministro de Ambiente Juan Cabandié hablaba de la comunidad como ‘pseudo mapuche’ y los acusaban de terroristas y de incendiar los bosques, utilizando el mismo lenguaje que ahora usa este Gobierno”.
Agregaron los abogados que la denuncia penal contra la comunidad Paillako –que en diciembre de 2020 ocupó la seccional de guardaparques El Maitenal en el marco de una reivindicación territorial– fue presentada y luego impulsada “por los empleados de Cabandié en Parques Nacionales, muchos de los cuales hoy continúan brindando sus servicios, ahora a otro amo, pero con el mismo desprecio y saña de siempre”.
Además de indicar que la comunidad “fue demonizada y agredida por el gobierno de Alberto y Cristina Fernández”, a través del escrito la Gremial de Abogados realizó dos aclaraciones en relación con el proceso judicial de los últimos años.
En primer lugar, señalaron que “fue en el marco de ese proceso penal en donde se intentó llevar el conflicto al diálogo, siempre fracasado por la miopía y el racismo, más o menos disimulado, de los funcionarios públicos, que simplemente no pueden aceptar la ‘impertinencia’ de aquellos a los que, de manera transparente, consideran como inferiores. Así que es mentira eso de que se agotaron las vías de diálogo”.
En tanto, los defensores ya habían manifestado que el desalojo se produjo “invocando un decreto de la dictadura militar”, que permite expulsar sin juicio previo a los “intrusos”. Y agregaron que el “expediente comenzó con una ‘sentencia de desalojo’ de la cual la comunidad y los abogados nos enteramos por los diarios”.
Con patrocinio legal de la Gremial de Abogados, la comunidad mapuche Paillako presentó un recurso contra esa sentencia ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia: afirmaron que Parques Nacionales no había sustanciado el expediente administrativo previo al pedido de desalojo.
“Después de varias idas y vueltas, la Cámara confirmó la decisión del juez Guido Otranto y, cuando pretendimos impugnar su decisión ante la Corte Suprema de la Nación, nos negó esa posibilidad”, dijeron desde la Gremial y añadieron que, “a pedido de Parques, la Cámara de Comodoro le ordenó proceder inmediatamente al desalojo”, sin esperar a que se pronunciara la Corte.
En ese sentido, consideraron: “El Gobierno vuelve a mentir cuando dice que se agotaron las instancias judiciales. No quisieron esperar la decisión de la Corte Suprema. Está empezando un año electoral y seguramente tienen un montón de otras cosas sobre las cuales mentir para seguir con su marcha ‘triunfal’. Este circo sobre la soberanía, la recuperación de territorio para la patria y todas esas puestas en escena suponen que es una buena manera de empezar el 2025 electoral”.
Sumaron que defenderán a Cruz Cárdenas en la causa por usurpación en su contra, que está elevada a juicio aunque aún no tiene fecha prevista.
“Hay un recurso presentado en la Corte y es posible que esta abra una instancia en la cual tengamos que fundamentar la inconstitucionalidad y la nulidad de todo los hecho por los poderes político y judicial contra la comunidad mapuche Paillako. Con o sin desalojo, la Gremial jamás deja cuestiones pendientes y, en este caso específico, mantendremos el último recurso que hemos presentado ante la Corte y nos prepararemos con todo lo que tenemos para el juicio oral que alguna vez tendrá que producirse”, cerraron.
Si bien el desalojo fue pautado para anteayer a la mañana, lo cierto es que las fuerzas de seguridad encontraron la seccional vacía, ya que los miembros de la comunidad Paillako habían abandonado el lugar el día anterior.
Consultado por LA NACION, el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, se refirió al comunicado de la Gremial de Abogados. “En la causa judicial, si hay algo que ha quedado demostrado, es que no hay ningún tipo de vinculación ni histórica ni cultural de estas personas que se arrogan derechos para ir y ocupar un Parque Nacional. La Justicia ha ratificado que la ocupación de estas comunidades no es legítima ni tradicional y que estas comunidades tomaron tierras por la fuerza que son propiedad de parques nacionales”, señaló.
Y después agregó: “No debemos olvidar que se trata de un grupo sumamente violento, que ha cometido actos de violencia física y verbal contra guardaparques y funcionarios de Parques Nacionales”.