La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha expresado su apoyo público a Juana Rivas y a sus hijos, Gabriel y Daniel, contra el italiano Francesco Arcuri, su padre y expareja de Rivas. “Un maltratador nunca será un buen padre. Desde el Gobierno de España estamos al lado de Juana Rivas y sus dos hijos. Vamos a hacer todo lo posible para que Daniel no tenga que regresar a un clima de violencia”, ha declarado en X, antes Twitter.
El compromiso del Gobierno ha llegado después de que la madre de los niños haya vuelto a pedir, de nuevo sin éxito, que su hijo de casi 11 años evite regresar a Italia, donde vive con su padre. La jueza Juana Carrero, titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada, se ha inhibido en favor del de Violencia sobre la Mujer número 2 para decidir que Daniel Arcuri Rivas, el hijo de 10 años de Juana Rivas y Francesco Arcuri, se quede en España con su madre al terminar las vacaciones navideñas, tal y como solicitó ella ante el Tribunal de Apelación de Cagliari, en Italia, el jueves pasado. El niño llegó a España el pasado 22 de diciembre para pasar las Navidades junto con su madre y su hermano mayor, después de que este relatara en una denuncia pública que su hermano sufre maltrato por parte de su padre. Sin embargo, el Tribunal de Cagliari ha decidido que el menor deberá volver a Italia este miércoles, 8 de enero.
A Díaz se le ha sumado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que también ha manifestado su preocupación por la situación del hijo menor de Rivas. “He escuchado a Daniel decir que muchas veces piensa que se va a morir. Estamos preocupadas por su seguridad. Su testimonio es desgarrador. Yo le creo”, aseguró Rego en un mensaje difundido en la misma plataforma.
Según añadió la ministra, su cartera mantiene “un estrecho contacto” con los abogados de la familia de Juana Rivas para explorar vías legales que permitan proteger al menor. “Es importante que todos los poderes públicos apoyen y hagan efectivo el derecho de las niñas y los niños a ser escuchados, tal como prescriben la Ley de Protección del Menor y la LOPIVI”, subrayó.
Rivas solicita ayuda de la Fiscalía Provincial
La representación legal de Juana Rivas, quien fue condenada por la sustracción de sus dos hijos menores en 2017 y posteriormente beneficiada con un indulto parcial, ha solicitado medidas de protección internacional para Daniel. Esta petición, presentada ante la Fiscalía Provincial, busca evitar que el menor regrese con su padre tras las vacaciones navideñas en España. La iniciativa se produce después de que el Juzgado de Primera Instancia n.º 10 de Granada se inhibiera en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 2, donde se investiga una demanda de violencia de género presentada por Rivas contra Arcuri. Rivas, que fue condenada a dos años y medio de prisión, buscaba separar a sus hijos de su exmarido, al que acusaba de maltrato. Tras ser indultada en 2022, consiguió la custodia de Gabriel, su hijo mayor.
El pasado 23 de diciembre, Rivas y su hijo mayor, ya con 18 años, denunciaron en un juzgado malagueño al padre de los niños por dos presuntos delitos de coacción a testigo y de amenazas ocurridos en Italia. “Conozco a mi padre y sé que no es capaz de controlar su impulsividad y su ira. Mi hermano está en gran peligro”, aseguró en un vídeo el joven de 18 años que hizo público el día 4 del mismo mes el despacho de abogados de la familia.
Además, este martes, los abogados de Juana Rivas han presentado un escrito ante el Juzgado de Guardia de Granada capital solicitando que el menor sea escuchado. En el escrito, explican que Daniel viven “una situación de angustia, miedo, desesperación y terror ante la idea de tener que volver con su padre”. “Es absolutamente inadmisible e impresentable que en un Estado Social y Democrático de Derecho un menor manifieste temor por perder su vida y ninguna autoridad judicial se moleste siquiera en escucharlo. Daniel jamás ha sido oído en España por ningún Juez, a pesar de los gravísimos hechos que refiere”, han relatado. Por ello, solicitan al juzgado que el menor permanezca en España “solamente hasta que sea escuchado, y así se pueda decidir sobre la existencia de riesgo sobre su vida, basándonos en el interés superior del menor y en razones de extrema urgencia”.